En reunión, administradores de Refinería La Pampilla S.A.A. respondieron a los pescadores de Ancón que no cumplirán con indemnización económica hasta que el Estado no emita un informe que indique el impacto ambiental del petróleo en las playas.

Nicol León

Los 1200 pescadores que integran la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (APESCAA) anunciaron que realizarán una protesta este jueves 24 de febrero frente a la Refinería La Pampilla, administrada por Repsol, para exigir que los indemnicen por el derrame de petróleo.

Según un comunicado, desde el 17 de enero, los pescadores y otras personas que laboran en el muelle de Ancón fueron perjudicados por la suspensión de todas las labores de pesca en el litoral.

Ante esto, el 21 de enero, APESCAA se reunió con Carlos Paiva Venero, director y vicepresidente de la Refinería La Pampilla, y con el gerente de Relaciones Externas, Jorge Mercado. Ambos ofrecieron una «indemnización equitativa» a los afectados por el derrame de petróleo. Para esto, pidieron a los pescadores que les informen a cuánto equivalen las pérdidas que sufrieron. Además les ofrecieron vales preventivos de S/. 500 quincenales.

APESCAA recibió vales de este monto para adquirir productos de primera necesidad el pasado 27 de enero y 15 de febrero. Sin embargo, estos han sido insuficientes para garantizar alimentación, educación y bienestar a las familias afectadas por el derrame de petróleo.

El pasado 25 de febrero, representantes de la asociación de pescadores de Ancón se reunieron con los representantes de la empresa y les explicaron las pérdidas que sufrieron desde que ocurrió el derrame de petróleo.

«Se nos comunicó que no podrían evaluar dicha compensación económica si antes no se emitía un informe ambiental por parte del organismo público competente a fin de determinar cuál sería el impacto que ocasionaría este daño medio ambiental en las costas del litoral de Ancón», se lee en el documento difundido por APESCAA.

Debido a que los pescadores no pueden esperar, ya que necesitan pagar educación y alimentación de sus familias, dieron dos días de plazo para que la empresa reconozca las pérdidas que sufrieron de forma preliminar. Sin embargo, no atendieron el reclamo.

Por esto, pidieron que el Estado ordene el cierre inmediato de las operaciones que se realizan en la Refinería La Pampilla, administrada por Repsol, y que los organismos competente concluyan lo más pronto posible el informe sobre las consecuencias ambientales que dejó el derrame de petróleo en las playas.

«Repsol tiene la capacidad de pagar multas millonarias que el Estado peruano le impone y no es capaz de indemnizar a las familias más necesitadas. Por eso exigimos un pronunciamiento del gobierno central de manera inmediata y así poder garantizar la indemnización a todas las familias afectadas», se lee en el comunicado.