Sentenciado por violencia, permanecería premiado con poder: el caso de Gino Ríos en la JNJ

El actual presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patiño, enfrenta un proceso de vacancia interna tras revelarse que fue sentenciado en dos ocasiones por violencia psicológica familiar contra su exesposa, hechos que no fueron declarados durante su postulación al cargo.

“La justicia debe proteger a las víctimas, no otorgar poder a quienes ejercen violencia.” exigieron activistas y organizaciones como Flora Tristán y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el jueves 4 de septiembre en el plantón frente a la JNJ durante la audiencia de vacancia de Gino Ríos, la cual fue realizada a puertas cerradas.

“Nunca debió ser electo porque tiene dos sentencias por violencia familiar” denunció la congresista Flor Pablo en Canal N, sobre el presunto blindaje a Ríos, condenado por violencia familiar. A la audiencia también asistieron las congresistas Susel Paredes, Ruth Luque y el parlamentario Héctor Acuña, quienes denunciaron restricciones desiguales: se les impidió el ingreso con celulares o tablets, a diferencia de los abogados del denunciado, quienes sí pudieron ingresar con dispositivos electrónicos.

Sentencias ignoradas

Gino Ríos, abogado y ex congresista, fue condenado en 2011 por violencia psicológica familiar contra su exesposa. La sentencia no fue apelada. Sin embargo, cuando postuló para integrar la JNJ, omitió declarar estos antecedentes. Desde 2019, la Ley Orgánica de la JNJ exige idoneidad moral y familiar como requisito para ser parte de esta institución. Aun así, Ríos fue elegido como miembro y hoy preside la entidad.

“¿Cómo puede una persona que ha ejercido violencia contra una mujer presidir el órgano que nombra a jueces y fiscales? ¿Qué mensaje estamos enviando?”, cuestionó Flor Pablo.

Idoneidad moral y probidad jurídica ignoradas

El Colegio de Abogados de Lima recuerda en su pronunciamiento que la Ley Orgánica de la JNJ, en su artículo 11 inciso e), prohíbe expresamente integrar este órgano a personas con sentencia consentida o ejecutoriada por violencia contra mujeres o integrantes del grupo familiar Además, destaca que los argumentos del Defensor del Pueblo —quien defendió la elección bajo la premisa de que la sentencia no tendría carácter penal— omiten referirse a los principios fundamentales de idoneidad moral, rectitud y probidad que, según la normativa, deben exigir los estándares más altos

Por otro lado, la defensa legal de Ríos argumenta que las dos sentencias no son pruebas lícitas para ser usadas en contra del actual presidente de la JNJ. Por otro lado, organizaciones especializadas en derechos humanos afirman que hay una banalización sobre el argumento de violencia familiar y exigen un sistema de justicia sin agresores en puestos de poder.

Lo “privado” es político

Colectivos feministas sostienen que en la sociedad peruana, el uso de la “privacidad” como escudo legal reproduce la impunidad. La violencia psicológica —invisibilizada por décadas— es tan grave como la física. Así también lo establece la Ley 30364 de violencia contra la mujer. Sin embargo, cuando la agresión ocurre dentro del matrimonio, el sistema suele minimizarla, invisibilizarla o incluso justificarla.

“Permitir que Gino Ríos, sentenciado por violencia familiar, presida la institución encargada de garantizar justicia en el país es un claro mensaje de impunidad.” denuncia Flora Tristán en redes. De esta manera, inciden en que cuando el agresor accede al poder, su historial deja de ser un hecho íntimo y se convierte en un problema de interés público. Especialmente si ese poder tiene como función evaluar la conducta ética de otros operadores de justicia.

Por: Silvia Bardales

¡Tu apoyo es esencial para que Wayka continúe haciendo periodismo crítico contra la corrupción política y la desinformación de la prensa tradicional!

Nuestra independencia solo es posible porque no recibimos publicidad de empresas, ni financiamiento de políticos ni de ningún gobierno. En cambio, los seguidores como tú son el motor que sostiene nuestro trabajo.

Con tu aporte, defendemos los derechos humanos y la democracia para los peruanos de a pie; enfrentamos a políticos corruptos, empresas abusivas, la violencia contra las mujeres, la depredación ambiental y el racismo.