Sindicato denuncia que Celima usa cese colectivo para eliminar organización sindical

Por Lucía Castro

La empresa Cerámica Lima (CELIMA), una de las más importantes del sector de revestimientos cerámicos en el país, es denunciada por su sindicato, Sintracelima, por presuntas vulneraciones a los derechos laborales y sindicales tras haber cesado colectivamente a 236 trabajadores desde agosto del 2024. 

Según acusa el sindicato para Wayka, el 85% de los despedidos estaban afiliados, incluidos dirigentes sindicales y trabajadores en situación vulnerable, lo que revelaría  un posible despido selectivo de carácter antisindical.

Los hechos

El primer cese colectivo se dio el 9 de agosto del 2024, cuando mediante el escrito N°0123981-2024, Celima solicita a la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) la terminación colectiva de contratos de trabajo “por causa objetiva sustentada en motivos estructurales” a 216 trabajadores que pertenecen al área operativa de las plantas 1 San Juan de Lurigancho, 2 San Martin de Porres y 3 Punta Hermosa. 

Ante ello, tres días después, los trabajadores pasaron a suspensión perfecta de laborales, es decir, ellos no prestaban servicio a la empresa ni esta les paga mientras dure el proceso en el MTPE. 

Finalmente, el 30 de octubre, luego las investigaciones correspondientes y de un par de resoluciones apeladas por la empresa, el Ministerio de Trabajó agotó la vía administrativa y resolvió que Celima debía reponer a los 216 trabajadores y abone sus remuneraciones durante el tiempo de suspensión perfecta; no obstante, de esos 216 trabajadores, 99 trabajadores (todos ellos sindicalizados) esperaron que el MTPE dé un veredicto, mientras que los demás negociaron su salida con la empresa durante el proceso. 

El 5 de noviembre, a días del primer veredicto final del Ministerio para que no proceda el cese, Celima impuso un nuevo recurso, pero esta vez incluyó 20 trabajadores más, haciendo un total de 119 trabajadores  para elcese. Actualmente, ese proceso continúa en las oficinas del MTPE a la espera de ser resuelto. 

Las razones detrás del cese

Según una carta de la empresa dirigida al sindicato, la situación se daría porque la empresa “está atravesando graves problemas en sus operaciones productivas debido a la significativa disminución de la demanda de nuestros productos ocasionada por una contracción del mercado nacional e internacional”; sin embargo, para el sindicato esta versión no es creíble, ya que la empresa ha demostrado solvencia al invertir en su planta de Punta Hermosa, según lo documenta un informe de Gestión del 4 abril de este año.

“Ellos argumentan que tienen pérdidas, que no hay ventas, que esto es debido a la competencia china, pero ellos no nos muestran información real, como por ejemplo, un estudio de mercado, cuánto han bajado las ventas, si es que hay competencia china, etc”, señala ⁠Manuel Fernández Jesús, representante del comité de lucha de Sintracelima. 

La razón real, para el sindicato, es que quieren debilitarlos. Noventa y nueve de sus afiliados fueron cesados , lo que representa una pérdida de casi el 50% de sus afiliados. 

“Los gerentes están intactos. La plana administrativa, que son más de 300 trabajadores, están intactos. El área de venta está intacta, solamente han atacado a los trabajadores. Y qué coincidencia que entre esos trabajadores esté toda la junta directiva de Sitracelima, el comité de seguridad laboral, están los exdirigentes. En total está el 85% de nuestro sindicato unitario de trabajadores”, señala Fernandez. (Con tilde?)

Por otro lado, el sindicato también denuncia que la empresa sí ha firmado convenios colectivos con un sindicato minoritario de apenas 30 afiliados y representantes no sindicalizados, ofreciendo aumentos y beneficios, mientras se niega el pliego presentado por el sindicato mayoritario, Sintracelima.

Además, alertan que con este cese se están terminando contratos de personas que llevan laborando entre 10 y 25 años en la empresa, y que es probable que se empiece a contratar personal nuevo con contratos a plazo fijo que no contarían con estabilidad laboral.

Un cese que no procede

Para que Celima pueda aplicar legalmente un cese colectivo tendría que seguir el procedimiento que indica el artículo 48 del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

Este indica que primero, la empresa debe informar a los trabajadores y a la Autoridad de Trabajo sobre el motivo del cese y los afectados. Segundo, negociar con los trabajadores medidas para evitar o acordar el cese. Y, tercero, presentar una declaración jurada y una pericia que justifique la causa del cese ante la Autoridad de Trabajo; sin embargo, según el abogado de la Confederación General de Trabajadores del Perú y representante legal de Sitracelima, Gilmer Ibañez, Celima no ha cumplido con los requisitos establecidos con la norma. 

“Lo que ha hecho Celima fue simplemente convocar a reuniones con el sindicato que no constituyeron una verdadera negociación. La norma exige que exista un proceso real de negociación entre las partes, donde se intercambien propuestas y se explore llegar a acuerdos, pero aquí solo se hicieron reuniones informativas, se levantaron actas con la presencia de un notario, pero no se dejó constancia de ninguna propuesta concreta ni de contrapropuestas del sindicato”, comentó el abogado. 

Por otro lado, el abogado también señaló que la pericia técnica, que pide la ley, debe sustentar que cómo se va reestructurar puesto por puesto, qué funciones desaparecen, permanecen o se crean en la nueva planta, pero Celima no ha presentado esta información.

«Además de las deficiencias formales y sustantivas ya mencionadas, hemos argumentado la afectación directa al derecho a la libertad sindical. Más del 85% de los trabajadores comprendidos en este segundo cese colectivo son afiliados al sindicato. Esto nos lleva a sostener que este procedimiento tiene un claro carácter antisindical”, agregó el especialista.

Las vidas detrás de los despidos 

Estos ceses colectivos en total han afectado a 236 trabajadores. Según el secretario general de Sitracelima, Anderson Santa Cruz, el 95% de los trabajadores sindicalizados afectados son padres de familia, con hijos en edad escolar o universitaria. Asimismo, la mayoría de ellos tiene más de 45 años, por lo que cuando han postulado a otros trabajos, mientras dura este proceso de cese colectivo, muchos fueron rechazados. 

“La edad, en el mercado laboral, nos juega en contra. Además, a varios compañeros (en procesos de selección) les han dicho directamente que no los van a contratar por su historial sindical.  Así, el cese colectivo no solo nos deja sin empleo, sino que también nos condena a la exclusión laboral, en una etapa de nuestras vidas en la que más responsabilidades familiares tenemos”, comentó Santa Cruz.

La respuesta de Celima

Desde Wayka nos comunicamos con el gerente general de Grupo Celima-Trébol, Pedro Menéndez Zeppilli para solicitar un descargo referente a las acusaciones de Sintracelima, quien accedió a responder algunas de las preguntas planteadas. 

En primer lugar, el directivo señaló que este cese se debe a que la empresa “está enfrentando una presión competitiva sin precedentes” debido al ingreso masivo de productos importados, especialmente de origen chino, ofertados a precios por debajo del costo, en lo que constituye un posible caso de dumping. A ello se suma la presencia en el mercado peruano de plantas industriales chinas, cuya instalación ha sido objeto de múltiples denuncias por incumplimientos laborales, ambientales y regulatorios, ampliamente difundidas por medios de comunicación y presentadas ante las autoridades competentes, sin que estas hayan actuado con la debida celeridad o firmeza.

Según la empresa, estas operaciones irregulares generan una competencia desleal que distorsiona el mercado de revestimientos cerámicos y pone en riesgo el empleo formal en compañías nacionales que sí cumplen con la normativa vigente.

En ese contexto, Celima, antes de proceder con el cese, reubicó a su personal en lo que fue posible y ofreció compensaciones superiores a lo exigido por ley; sin embargo, para los trabajadores que no aceptaron dicha propuesta, inició un procedimiento de cese colectivo, el cual, según la empresa, cumple con los requisitos legales. 

Por otro lado, sobre las acusaciones de acciones antisindicales, la empresa rechazó las acusaciones señalando que no ha habido trato desigual durante el proceso y que se ha compensado según los años de antigüedad.

 “La decisión de cese respondió exclusivamente a criterios operativos derivados del cierre de la planta, afectando a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados sin distinción alguna. (…) Lamentamos las dificultades que algunos trabajadores enfrentan en su proceso de reinserción laboral, pero rechazamos cualquier acusación de trato desigual”, añadió Menéndez Zeppelli. 

En cuanto, a la imputación de proceder con contratos definidos, el gerente señaló que es una afirmación falsa, ya que la empresa no tiene una política de sustitución de contratos indefinidos, y mantiene su estructura de contratación conforme a ley. Además, agregó que si no ha firmado los acuerdos colectivos con Sitracelima es porque simplemente no se ha llegado a un acuerdo con ellos y con otros sindicatos sí. 

Finalmente, la empresa sostiene que aún mantiene la disposición de negociar con los trabajadores despedidos, pero en caso de que el MTPE no apruebe este cese se pone en riesgo la estabilidad del resto de sus trabajadores.

“La empresas terminan ganando”

El abogado Ibañez, quién ha acompañado a más de quince sindicatos en casos de ceses colectivos, señaló que – debido a que la Ley no limita el número de ceses colectivos en las empresas – la mayoría de estos casos aunque son desaprobados por el MTPE, en la práctica, las empresas terminan ganando, porque logran que la mayoría de trabajadores negocie su salida durante el proceso, sin recibir remuneración.

“En el caso de Ransa S.A.C, se incluyó a 380 trabajadores en un cese colectivo, pero al final solo 17 lucharon hasta el final. El resto aceptó retiros voluntarios, presionados por la falta de ingresos y el desgaste emocional. Solo en casos excepcionales, como en AJE, donde hubo fuerte respaldo sindical, más del 90% de trabajadores regresaron a su puesto”, comentó el especialista. 

Finalmente, Ibañez también alertó que es común que los ceses colectivos afecten principalmente a trabajadores sindicalizados. “En muchos procedimientos que he revisado, los dirigentes sindicales aparecen en las primeras listas. A pesar de que deberían estar protegidos por el fuero sindical, el Ministerio de Trabajo no tiene un criterio claro ni lo hace respetar en estos casos”, dijo.

Queda resaltar que en el Perú, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (LRCT) (Decreto Ley Nº 25593) y el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) protegen el derecho de sindicación y negociación colectiva, por lo que el abogado señaló que es necesario revisar la legislación sobre los ceses colectivos para que no se desarrollen más casos que podrían tener de transfondo una discriminación antisindical.

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