Redacción Wayka
Más de 15 mil funcionarios públicos investigados por presuntas irregularidades podrían haberse librado de sus procesos, luego de que el Tribunal Constitucional emitiera una sentencia que anula la ley de sanciones de la Contraloría General de la República.
La demanda de inconstitucionalidad que presentó en 2015 el abogado Alfredo Álvarez Díaz, expresidente del Colegio de Abogados de Arequipa, para desarmar a la Contraloría fue, en un inicio, aprobada por el Tribunal Constitucional, hasta que el presidente de dicho órgano, Ernesto Blume Fortini, suspendiera el fallo.
Desde la Contraloría respondieron indignados ante el fallo inicial. “Nos ha quitado el instrumento para poder sancionar. Eso será aprovechado por los funcionarios que tiene pendientes procesos de sanción y que ahora podrán pedir que sus casos se archiven”, sostuvo Nelson Shack, actual contralor general de la República.
Según cifras oficiales de la Contraloría, existen 15 mil 574 funcionarios públicos con procesos pendientes en el Poder Judicial, a partir de presuntos hechos irregulares cometidos en sus puestos en distintas entidades del Estado.
Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, José Sardón de Taboada, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera y Augusto Ferrero Costa fueron los magistrados del Tribunal Constitucional que votaron a favor de esta sentencia que desarmaría a la Contraloría. El presidente del TC, Ernesto Blume Fortini, también se adhirió a la cuestionable medida.
Solo la magistrada Marianella Ledesma, con su voto en contra, se opuso a eliminar la ley que le permite a la Contraloría sancionar a los funcionarios corruptos.“Desde ya avizoro que se va a producir un efecto nocivo en la potestad disciplinaria de la Contraloría, pues dejarán sin efecto todas aquellas sanciones de funcionarios que se hubiesen aplicado en base al citado artículo”, cuestiona Ledesma.
Actualmente, con el fallo suspendido, los magistrados del TC esperan el pedido de aclaración de la Contraloría y tomarlo en cuenta en la sentencia definitoria.
