El congresista Richard Arce anunció que este jueves se presentarán proyectos de ley de amnistía para comuneros denunciados en el marco de la protesta contra el proyecto minero Las Bambas.
Redacción Wayka
De acuerdo a la versión de los comuneros de Fuerabamba, existen más de 500 casos de comuneros judicializados por protestas realizadas contra el proyecto minero Las Bambas en los años 2011, 2015, 2016, 2017 y 2019.
Richard Arce, legislador de Apurímac, declaró en entrevista con RPP que han solicitado al Poder Judicial, Ministerio de Justicia y el Ministerio Público que brinden un dato preciso sobre el número y detalle de las denuncias.
El congresista explicó que pudo comprobar algunos casos: una denuncia a 113 comuneros en Chumbivilcas, Cusco; otra a más de 100 comuneros en Pumamarca, también en Cusco y la tercera en Antuyo, Apurímac a 45 comuneros. En suma, 258 denunciados.
Por ese motivo, Richard Arce informó que este jueves se presentarán dos proyectos referidos a la ley de amnistía que beneficiaría a los comuneros denunciados por el bloqueo de la carretera hacia el proyecto minero Las Bambas.
Arce aclaró que este proyecto no beneficiaría a los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, procesados por el delito de extorsión contra la minera MMG Las Bambas. «La propuesta es para los comuneros que están siendo afectados y criminalizados por las protestas», expresó.
Además, el congresista precisó que «el tema de la amnistía puede solucionar un problema a corto plazo, pero el problema real son las modificaciones que se hicieron en el 2007 durante el gobierno de Alan García«.
El origen del problema
“Se llega al extremo de decir que una comunidad campesina es una organización criminal. Consideramos que es más importante una modificación de estas leyes que han criminalizado la protesta”, dijo Richard Arce en RPP.
El decreto legislativo 982, que modificó el artículo 200 del Código Penal, es una de las iniciativas legales cuestionadas.
Así, de acuerdo al tercer párrafo introducido por el decreto 982, se considera culpable del delito de extorsión a quien lleva a cabo acciones de movilización social como son los paros, el bloqueo de carreteras, la toma de locales, etc. «con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole».
El abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), declaró en entrevista con la agencia de noticias Servindi que este artículo del Código Penal «es una figura abierta y ambigua».
En consecuencia, “el delito de extorsión es un delito donde puede calzar cualquier líder o cualquier comunero que reclama un derecho”, explicó.
