Una investigación realizada por Ojo Público y Connectas revela la historia poco contada de niños y niñas que fueron raptados por miembros del Ejército peruano durante el conflicto armado interno (CAI). Eran alejados de su familia bajo amenaza de muerte y con engaños, prometiéndoles estar seguros, lejos de la amenaza de Sendero Luminoso. Sin embargo, terminaban en casas de militares obligados a trabajar, sometidos a violencia física, psicológica y, en algunos casos, incluso sexual. 

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) señala en su informe final presentado en 2003, que solo el 12,8% (2952) de los casos de violaciones de derechos humanos durante el CAI se dieron en niños y niñas. Concluyeron que esta no fue una práctica sistemática; sin embargo, revelaron que sí pudieron recoger casos de infancias entregadas a “diversas familias en calidad de empleados y que continúan buscando a sus familiares”. 

El Registro Único de Víctimas (RUV) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado en 2005, ha recogido hasta el momento los casos de 47.768 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 2929 fueron inscritos como víctimas de secuestro o desaparición forzada. Esta cifra es considerablemente mayor a la de la CVR, pues las personas que fueron secuestradas de niños, se anotaron ya de adultos en el RUV. 

Lucio y Claudia Orihuela, de 10 y 13 años, respectivamente, fueron separados de sus familias con engaños por miembros de las Fuerzas Armadas en 1986. Ellos vivían en la comunidad campesina de Oronccoy, en Chungui, Ayacucho y solo hablaban quechua. 

A Claudia la amenazaron de muerte cuando fue llevada con sus padres a la base militar de Mollebamba, en Chungui. Un coronel del Ejército amenazó con matarla si no iba con él a la base militar Los Cabitos, en Huamanga, Ayacucho. Una vez allí, la obligó a cuidar a sus dos hijas y a aprender castellano a como dé lugar. Orihuela cuenta que le hacían trabajar forzosamente y sin descanso hasta las 10 de la noche. Hasta que un día logró escapar. 

A su hermano Lucio, un enfermero militar lo engañó cuando había ido a recoger yucas en el monte. El suboficial le dijo que sus padres habían muerto y le ofreció criarlo como su hijo en Puno, donde se libraría de cualquier tipo de ataques. 

“Era difícil estar en la base del Ejército porque teníamos que estar escondiéndonos de día. Solo salíamos al mediodía para almorzar. El resto del día estábamos escondidos en el techo de los pabellones, pues estaba prohibido que hubiera niños”, cuenta Lucio.

Fue cambiado de nombre a Luis Alberto y registrado con los apellidos del suboficial del Ejército Víctor David Loayza Meza y su esposa, Juana Rukoba Nadier Álvarez. Vivieron un tiempo en Puno y luego se mudaron a Lima. Cuenta que fue obligado a trabajar durante el día vendiendo caramelos, porque, como no era hijo biológico, tenía que “aportar a la familia”.

Solo pudo estudiar una carrera técnica de electricidad, mientras los hijos del militar, con quienes convivía, fueron a universidades y se convirtieron en ingenieros y abogados. Una de ellas es la actual alcaldesa de Surquillo por Renovación Popular, Cintia Loayza.

Claudia y Lucio lograron reencontrarse con su madre, Facunda Alanguia, en 2004, tras 18 años, gracias a la ayuda de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, uno de sus hermanos, Benito, de 6 años, también desaparecido en la época, sigue sin ser ubicado. 

En el reportaje de Ojo Público señalan que la mayoría de niños y niñas víctimas que pudieron identificar pertenecían a comunidades campesinas de Chungui, distrito de difícil acceso entre la sierra y la selva de Ayacucho.

En Chungui, Ayacucho, miembros del Ejército y Sendero Luminoso cometieron crímenes de lesa humanidad. Para llegar a esta localidad se tiene que caminar 18 horas, aproximadamente, pues no hay carreteras y para llegar hasta allí se camina alrededor de 18 horas. Ilustración: Edilberto Jiménez.

Niñas obligadas a trabajar como empleadas domésticas

Silvia Flores Zevallos, de 9 años, al igual que la mayoría de niñas secuestradas por las Fuerzas Armadas, fue forzada a prestar servicio doméstico no remunerado en la casa de un militar. En este caso, fue sacada junto con su hermana de la comunidad campesina de Chapi, en Chungui. Narra que la trasladaron en helicóptero hasta la base militar de Ayacucho. En ese trayecto vio cómo soldados aventaban al vacío a otros niños que lloraban mucho. 

Luego de un tiempo fue llevada a Lima para cuidar de la madre de un coronel del Ejército. 

Silvia manifiesta que la señora le hacía dormir con los perros, no dejaba que salga de su casa y amenazaba con matarla. Además, nunca la llamaba por su nombre, sino que le decía “Terruquita”, como si fuera parte de Sendero Luminoso solo por ser quechuahablante de Ayacucho. “Me pegaba duro. Nunca me llamó por mi nombre. Solo decía que yo era una ‘terruquita’”

Esta niña de 9 años se encontraba en un sistema de esclavitud, con un Estado que avalaba estas prácticas.

A los 12 años, la madre del militar la empujó de las escaleras del segundo piso, lo que ocasionó que se dislocara la cadera. Uno de los vecinos, al escuchar sus gritos, pasó una escalera desde su casa y la rescató. Silvia fue llevada al hospital y tras un año, fue adoptada por otra familia. Nunca reveló su identidad por temor de que el militar la encontrara.

Ya mayor de edad, a los 21 años, regresó a Chungui y se reencontró con su familia. La alegría que sentía de volverlos a ver se vió ensombrecida al enterarse de que su hermana Celestina había sido abusada sexualmente de un militar y había quedado embarazada. Además, sus abuelos y dos de sus hermanos habían sido asesinados por las fuerzas del orden. 

En el 2010 se apuntó en el RUV como víctima de secuestro, registro que ha recogido más de 249 mil denuncias en total.

Silvia vive ahora en Lima. No se ha recuperado de su lesión en la cadera, lo que le impide trabajar. Ella tiene que operarse otra vez, pero no cuenta con el dinero suficiente para hacerlo. Tampoco para que sus hijos tengan una educación digna. 

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Testimonio de Silvia Flores y su hermana Celestina. Ambas fueron violentadas de niñas por miembros de las FFAA. Video: LUM

Torturado con solo 12 años

Alfredo Orihuela, quien no es familiar de Claudia y Lucio pese a compartir apellidos, fue entregado al ejército cuando tenía 12 años. Los militares asesinaron a su padre y tío en 1984 en la comunidad de Oronccoy, Chungui. 

El menor fue torturado por 6 meses en la base militar de Chungui. “Dormía colgado, amarrado, me ponían dinamitas en el cuerpo, prendían las mechas de lejos. Me hacían un montón de cosas”, reveló en 2004. 

Luego fue trasladado a la base militar Los Cabitos, conocido por ser un lugar en el que militares torturaban, asesinaban y quemaban los cuerpos de las personas que creían subversivas, aun si no hubiera pruebas de ello. 

En Los Cabitos, Alfredo fue torturado 2 años y obligado a realizar tareas domésticas hasta que fue trasladado a Lima. En 2004, gracias a la ayuda de la Defensoría del Pueblo, pudo reencontrarse con sus hermanas. Una de ellas había sido obligada a trabajar como empleada doméstica en la casa de un militar cuando trataba de encontrarlo. 

Menores ofrecidos como esclavos

El antropólogo ayacuchano Edilberto Jiménez ha recorrido Chungui desde 1996. En el transcurso, se topó con testimonios de menores quechuahablantes, quienes contaron que miembros de las Fuerzas Armadas los ofrecían como mercadería en la plaza del pueblo.  

 “Los militares nos sacaban de día a la plaza y ahí permanecíamos grandes y chicos, como en una feria, esperando que alguien nos lleve a su casa para ser su sirviente por un plato de comida”, narra E., una niña que fue entregada a personas desconocidas para trabajar forzosamente como empleada doméstica. 

Los menores eran deshumanizados y ofrecidos cual esclavos. Las familias, como si de un animal se tratase, los elegían de acuerdo a las características físicas que más necesitaban. Solo debían de firmar unos documentos a los militares y estos niños eran de su propiedad. 

“Nos escogían a su gusto, luego decían a los militares que querían a tal o cual y firmaban un papel de garantía y se llevaban al detenido para que le ayude en sus trabajos de siembra, en el cuidado del ganado, etc.”, manifiesta. 

El informe de la CVR ratifica que “en algunos lugares se ejerció un tráfico de niños, que fueron usados como servidumbre”. Al respecto, Sofía Macher, ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y ex miembro de la Comisión de la Verdad, resalta que no existe un registro de los niños que fueron llevados a cuarteles de las Fuerzas Armadas y posteriormente distribuídos a otras familias en distintas regiones. 

La socióloga insiste en que esta fue una práctica común entre miembros del Ejército, que secuestraron a niñas y niños de sus comunidades bajo la excusa de “salvarlos” de Sendero Luminoso, y los llevaron a casas para que realicen trabajos forzados. 

Hasta la actualidad, 1278 menores, aún continúan desaparecidos, de los 2622 reportados por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). Han pasado más de 40 años desde que fueron sacados de sus hogares. ¿Qué pasó con ellos y ellas? ¿Dónde están?