La emergencia nacional por el COVID-19 ha puesto sobre la mesa, una vez más, las desigualdades sociales que imperan en Perú. Uno de los grupos más afectados en este período son las trabajadoras del hogar. En el país son aproximadamente 496 mil personas que ejercen esta labor que, en la situación actual, están más expuestas al maltrato e inestabilidad laboral
Graciela Tiburcio Loayza
«Edith» es una joven de 22 años que se desempeña como trabajadora del hogar desde 2016 en una casa de Santiago de Surco. Los gritos y la humillación son el trato casi cotidiano que recibe en la casa donde labora de lunes a sábado en modalidad ‘cama adentro’. Solo los domingos puede salir, pero debe volver máximo a las 10 de la noche.
Cuando realizaba sus labores diarias, Edith se lastimó el cuello, el dolor era fuerte y no podía moverse con facilidad; ya se había decretado la emergencia nacional y no pudo asistir a consulta médica. Su empleadora solo le dio un ibuprofeno y le advirtió que si no hacía su trabajo no le pagaría. Pasaron dos días y el dolor persistía.
«Edith» solicitó ausentarse unos días por su estado de salud y recuperar luego las horas de trabajo. Sus jefes la obligaron a firmar un documento para renunciar a su sueldo durante el tiempo que estuviera fuera. “No seas problemática, si tanto te duele (el cuello), ándate a tu casa, pues. Si no firmas, no te puedes ir, ponte a trabajar”, se escucha gritar a la dueña de casa en audio grabado por la trabajadora al que tuvo acceso Wayka.
Ante la presión, «Edith» firmó. Ahora está en su propia casa en Huaycán con la angustia de no saber si recibirá el pago correspondiente a los días que había trabajado. La incertidumbre la acompañará durante los 15 días de aislamiento social que faltan, porque tampoco sabe si la volverán a contratar.
Derechos negados
La situación que aqueja a «Edith» es la que viven a diario miles de personas que se desempeñan en trabajos domésticos. La explotación laboral es el pan de cada día, 4 de cada 10 trabajadoras del hogar laboran más 48 horas semanales (máximo permitido por ley). Su situación se agrava en el actual estado de emergencia sanitaria, pues su salud también está expuesta al contagio.
“Muchas trabajadoras están siendo obligadas a quedarse lejos de sus familias. Las que trabajan con familias con posibles síntomas de coronavirus no tienen ni materiales para protegerse, sabemos que ya hay casos de trabajadoras contagiadas por su jefes”, denuncia Leddy Mozombite, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar.
Además de la exposición al contagio, durante los quince días de aislamiento social que van hasta ahora, son varias las trabajadoras que denuncian haber sido despedidas sin aviso previo. A esto se suman las condiciones precarias en las que venían desempeñando su labor: sin contratos, ni seguro de salud o beneficios laborales.
La Defensoría del Pueblo ha solicitado al gobierno central promulgar lineamientos para proteger los derechos laborales de las trabajadoras del hogar durante la emergencia sanitaria para “evitar prácticas abusivas por parte de las y los empleadores, quienes no deben aprovecharse de las precarias condiciones laborales que sufre este sector de la población”.
Sin embargo, hasta el momento Martín Vizcarra no ha mencionado nada sobre este sector laboral que desde el 2018 espera la modificación de la Ley N° 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar, que reconoce un régimen de salario mínimo, gratificaciones, pago de CTS y reconocimiento económico por laborar en días feriados.
Mientras en Perú este tema sigue a la deriva, en España el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad presentarán, en los próximos días, una propuesta al Consejo de Ministros para subsidiar por un mes a las trabajadoras del hogar que hayan sido despedidas o cuyos ingresos se hayan reducido durante este período de pandemia mundial.
“Las trabajadoras del hogar vamos a seguir uniéndonos para exigir nuestros derechos. Juntas vamos a salir de esta situación”, resaltó Mozombite, quien resalta que a pesar de las condiciones laborales precarias que les afectan, seguirán demandando el reconocimiento que el trabajo doméstico merece.
