Chávarry, pesadilla de Navidad, por Amanda Meza
La permanencia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en el Ministerio Público es una clara señal de que la lucha contra la corrupción aún es ineficiente y se boicotea por la acostumbrada indiferencia.
La reciente información de que el fiscal José Domingo Pérez es investigado por supuestamente “filtrar” las preguntas del interrogatorio a Chávarry, es a todas luces un nuevo despropósito en esta serie de obstáculos a quien está a cargo de investigaciones que involucran a Chávarry así como a Keiko Fujimori, Alan García y, por supuesto, las revelaciones han tenido un impacto que ha puesto los pelos de punta a connotados abogados y empresarios. Se ha puesto, pues, el dedo en la llaga de un país fracturado por la corrupción y la impunidad.
La designación de Chávarry trajo una ola de indignación de algunos sectores políticos y de la ciudadanía. Sin embargo, esa indignación se encuentra alicaída. Parece que nuevamente nos hemos acostumbrado a mirar y ya no protestar. Y, en cambio, Chávarry continúa y continuará actuando lejos de las cámaras y mientras nos distraemos con las escapatoria de Alan, los ruegos de Mark Vito, el caradura de Mamani y otras tantos sucesos de nuestro país.
Pero, es necesario volverá a mirar lo que sucede en el Ministerio Público. A pocos días de fin de año existe el peligro de que José Pérez sufra más arremetidas sino que también quedarían apartadas de las investigaciones de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, esta última quien incorporó a Chávarry en la investigación y que ya hace unas semanas fue ‘castigada’ con una sobrecarga laboral que la sacó por un momento del caso para enviarla tres días a un operativo entre Perú y Colombia contra el lavado de activos en el aeropuerto.
En el caso de Rocío Sánchez, la fiscal que dio inicio a la investigación de los ‘Cuellos Blancos’, solicitó que se trasladen sus casos de lavado de activos a otros fiscales. Eso no ha tenido eco en Chávarry.
Las plazas que ocupan las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, así como sus nombramientos como fiscales provinciales dependen del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. El 31 de diciembre caducan sus nombramientos. A Chávarry le conviene guardar silencio sobre la renovación de estas designaciones. Así en el silencio se consumará la separación de estas fiscales y podría designar a sus fiscales aliados.
Ha sido muy conveniente también para Chávarry que se hagan públicas ciertas peleas al interior del Ministerio Público, casi siempre ventiladas por fiscales que serían sus amigos. Y que estos, hablen en contra de los que llevan el caso Lava Jato.
La defensa del Ministerio Público, tal como en los años 90 en que estuvo controlado por Alberto Fujimori con la ayuda de Vladimiro Montesinos, tiene que ser –como en aquellos años- enfrentada por la sociedad.
No servirá de mucho la naciente Junta Nacional de Justicia si uno de los integrantes será el fiscal Chávarry.
Recordemos que la Junta Nacional de Justicia está integrada por los presidentes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, el fiscal de la Nación y el contralor.
La lucha contra la corrupción necesita del compromiso de todos y todas, sobre todo que esa indignación y vigilancia no decaiga.
