Escribe Carlos A. Bedoya
Luego de la contundente huelga magisterial, otros frentes sociales también empiezan a movilizarse debido al incumplimiento de los compromisos que suscribió el candidato PPK, y que hoy como presidente rompe uno a uno. No me refiero en este caso al posible indulto a Fujimori, máxima expresión de la traición del mandatario a lo que fue su campaña de segunda vuelta, sino al acta suscrita con la dirigencia sindical de Fentap y Sutesal, federación nacional y sindicato más grandes en el sector saneamiento.
Igual que como con el aumento salarial docente, los trabajadores estatales del agua potable han entrado en lógica de lucha social para que PPK respete su palabra y detenga la privatización de Sedapal y de las demás Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) del resto del país.
A pesar de que en mayo del 2016, el actual presidente se obligó a “no privatizar, ni concesionar Sedapal ni las EPS” y más bien prometió que éstas recibirían asistencia técnica y recursos para mejorar su infraestructura, modernizando sus capacidades técnicas y de gestión a fin de brindar servicios de calidad; desde que empezó a gobernar y a través del Ministerio de Vivienda ha construido toda una arquitectura legal para hacer exactamente todo lo contrario, poniendo al sector al borde de la privatización.
Tanto la ejecución del inconstitucional Decreto Legislativo N° 1280 que dio PPK en octubre del 2016, como la presentación del proyecto de ley N° 1721 en julio de este año, y en especial el inminente nombramiento de Edmer Trujillo como presidente de Sedapal y Jefe del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) avanzan en esa línea.
Trujillo, que acaba de dejar la cartera Vivienda, es un operador privatizador cancerbero que mientras ejercía de ministro le quitó a Sedapal 850 millones de soles que estaban listos para obras de infraestructura súper necesarias. Le amputó los brazos a la empresa de agua de Lima, mientras en una especie de campaña por todo el país sostenía que “lo privado es por naturaleza superior a lo público”, y que “ninguna de las cincuenta EPS que existen están en condiciones de garantizar el servicio de agua y desagüe”.
Lo que se esconde, sobre todo en el proyecto 1721 (propuesto por el gobierno), es que se quiere entregar más de 2 mil millones de dólares a empresas privadas (vía APP) para que se hagan de la gestión del saneamiento en el Perú. Todo con el cuento de que las empresas estatales son per se ineficaces. Pero nada se dice del fracaso de la privatización de la empresa de agua de Tumbes, y todo el daño que trajo. Además de todos los ejemplos internacionales que muestran el error de que un servicio público tan importante como el agua, que implica un monopolio natural, se entregue a la lógica de lucro de los privados que clavan un tarifazo desde el saque. En el caso peruano eso se agrava cuando vemos que las APP están plagadas de adendas donde se festinan los recursos públicos (Caso Chinchero y otros).
Aunque son mucho menos en número que los docentes, los trabajadores del agua se han unido en la protesta. Tanto Fentap, Sutesal como Sitrasel organizaron ayer un paro de 24 horas que ha sido contundente en varios distritos de Lima, y que posiblemente se extienda a nivel nacional.
Lo malo es que esta unidad sindical movilizada por un tema clave no tiene representación política. Ni siquiera los partidos del cambio, expresados en el Congreso por el Frente Amplio (FA) y Nuevo Perú (NP) han apoyado el justo reclamo de los trabajadores del agua. Espero que esa actitud cambie.
