Por segunda vez, el Juzgado Mixto de Tambobamba en Cotabambas del departamento de Apurímac, suspendió el inicio del juicio oral contra 19 defensores del territorio que estaba previsto para el lunes 15 de abril.

Las razones que dio el juez debido a la ausencia del representante de la Fiscalía se basó en los cambios en el Ministerio Público. Sin embargo, esto no es novedad, ya que durante el proceso de control de acusación también ocurrió lo mismo en dos ocasiones. Así lo afirmó la abogada de los defensores acusados, Mirtha Vásquez de Aprodeh.

“Lo que hemos visto es que la tendencia en este tipo de juicios siempre tienden a alargarlo y hacer que el proceso dure”; además agregó que “el Ministerio Público es un ente Corporativo, independientemente de que se cambie a un Fiscal o no, tendrían que prever que cualquier otro fiscal esté en la capacidad de defender estos casos y si se produjo hace dos semanas, con más razón todavía”, declaró.

Asimismo, la defensa también solicitó que esto sea evaluado e investigado por la Junta de Fiscales, y se establezcan las sanciones pertinentes en el Ministerio Público, ya que esta sería la tercera vez que por responsabilidad de la Fiscalía se suspende. Por otra parte aseguró que esta estrategia de alargar los procesos en los conflictos sociales es parte de la criminalización de la protesta.

“La criminalización no solo consiste en que los líderes o la gente que está protestando sea sentenciada y tenga una pena; en realidad casi en la mayoría de casos los procesos se terminan archivando después de 6 u 8 años porque no hay pruebas contundentes, pero la criminalización se concreta en el momento en el que los hacen sufrir, padecer”, manifestó a Wayka.

Exigen archivamiento

Los familiares de los defensores procesados, apostados en las afueras del Juzgado, y en su mayoría de origen quechuahablantes, reclamaron el archivamiento definitivo del proceso que comenzó en el 2015. También exigen que la empresa cumpla con los compromisos asumidos con la comunidad.

Familiares de defensores procesados en Cotabambas. Foto: Aprodeh

Por su parte la Fiscalía solicita entre 11, 15 y 17 años de prisión de pena privativa de la libertad por los presuntos delitos de disturbios, daños agravados y tenencia ilegal de armas y explosivos. Además, la reparación civil que asciende a 20 mil soles para el Estado peruano y de 88 mil 600 dólares para la empresa minera.

El conflicto Las Bambas se origina hace casi cuatro años, apartir de las modificaciones que se hicieron al Estudio de Impacto Ambiental en el proyecto minero. Desde entonces van tres personas fallecidas y varios defensores de territorios en procesos que se vuelven eternos.