Tribunal internacional pide frenar la reactivación del Lote 64 en territorios de pueblos indígenas de la Amazonía peruana

Por: Silvia Bardales Q.

Una sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza respaldó la demanda de las naciones Achuar, Wampis y Chapra y exigió al Estado peruano no reactivar el Lote 64, superpuesto a territorios de 22 comunidades indígenas en Loreto.

Las naciones Achuar, Wampis y Chapra lograron un pronunciamiento internacional a favor de su demanda para detener la reactivación del Lote 64, ubicado en la Amazonía peruana. El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza resolvió exigir al Estado peruano que no reactive la explotación petrolera en este lote, tras una audiencia realizada el 19 de agosto en Puyo, Ecuador, en el marco del XII Foro Social Panamazónico (FOSPA).

El caso fue presentado ante jueces y expertos internacionales por Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra; Elmer Kumchim, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP); y Elio Sesen, abogado de la Nación Wampis. Las organizaciones advirtieron que una eventual reactivación pondría en riesgo las fuentes de agua, la biodiversidad y la subsistencia de las comunidades.

El Lote 64 se encuentra en el distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón, en Loreto, y abarca 761.500 hectáreas. Según la información presentada ante el Tribunal, se superpone completamente a los territorios titulados de 22 comunidades de los pueblos Wampis, Chapra y Achuar, que rechazan colectivamente la actividad hidrocarburífera desde hace más de tres décadas.

“Rechazamos porque para nosotros es contaminación de la naturaleza. Perjudica la vida de la humanidad, trae muchas enfermedades y contaminan nuestros ríos, bosques y nuestras chacras”, sostuvo Elmer Kumchim durante la audiencia.

Décadas de derrames y contaminación

La sentencia se produce en un contexto de larga conflictividad petrolera en la Amazonía. La investigación Las sombras de los hidrocarburos, citada en la información difundida por las organizaciones, registró 1.460 derrames y fugas de hidrocarburos en Perú entre 1997 y mayo de 2023. El 57% ocurrió en la Amazonía, principalmente en territorios indígenas.

Loreto fue la región con mayor número de incidentes: 707 derrames durante el periodo analizado. Las comunidades de las tres naciones también han sufrido impactos de derrames ocurridos en 2016, 2019, 2022 y 2024, relacionados, según el documento, con operaciones en la zona petrolera y problemas en el Oleoducto Norperuano.

A ello se suma la controversia sobre la consulta previa. Las organizaciones indígenas cuestionaron que los distintos operadores del Lote 64 hayan cumplido plenamente con garantizar el consentimiento libre, previo e informado. El estudio de impacto ambiental presentado por Geopark en 2018 recibió más de 100 observaciones, incluidas advertencias sobre pasivos ambientales, residuos, sitios culturales y la exclusión de territorios Achuar del área de influencia directa.

Un fallo con valor internacional

Tras el retiro de Geopark en 2020, Petroperú quedó como único operador del lote y continúa buscando un socio comercial para desarrollar el proyecto. Las organizaciones también denunciaron impactos asociados a campamentos abandonados y residuos contaminados identificados por OEFA en 2023, así como conflictos y presiones sobre los territorios.

Para Olivia Bisa Tirko, la discusión debe ir más allá de las necesidades de una economía dependiente de combustibles fósiles. “Las naciones indígenas hacemos un llamado a dejar de confundir la necesidad de las sociedades de consumo que emplean combustibles fósiles con lo que es realmente indispensable y valioso para sustentar la vida”, afirmó.

Elio Sesen destacó que la decisión reconoce la necesidad de respetar el consentimiento previo, libre e informado y de avanzar en el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos.

Aunque se trata de una sentencia de carácter ético internacional y no de una resolución judicial vinculante del sistema de justicia peruano, las organizaciones consideran que representa un precedente político para su demanda. Guisela Loayza, asesora legal de la Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas, señaló que el pronunciamiento respalda la exigencia de detener la ampliación de la frontera petrolera y avanzar hacia una menor dependencia de los hidrocarburos fósiles.

Para las naciones Achuar, Wampis y Chapra, el fallo vuelve a colocar una pregunta en el centro del debate: ¿puede el Estado impulsar nuevos proyectos extractivos en territorios indígenas sin resolver primero las deudas ambientales, los cuestionamientos a la consulta y los impactos acumulados durante décadas?

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