En medio del dramático panorama de ser el país más violador de América del sur y donde la mayor causa de deserción escolar (79%) es por embarazo adolescente, queda pendiente la interrogante de cómo mejorar la situación en materia de derechos sexuales y reproductivos para niñas, adolescentes y mujeres.

La oportunidad de darle un fuerte giro a esta situación recae en esta nueva gestión de gobierno que inicia el 28 de julio que –por trascendidos- tiene dos candidatos fuertes para la cartera de salud: Fernando Carbone y Pilar Mazzeti, figuras de amplia experiencia en el sector salud y gestión pública, pero antagónicas en visión sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Si bien el Plan de Gobierno de PPK es poco claro u omite temas como la despenalización del aborto en casos de violación y la distribución gratuita del AOE, sí hace hincapié en la incorporación de la educación sexual integral y la atención diferenciada para adolescentes, tal como queda escrito en la página 75 de su plan de gobierno: “promover con amplitud la educación sexual integral, intensificando las actividades y los servicios de información sobre la planificación de la familia destinados a mujeres y niñas, prestando particular atención a la prevención de embarazos adolescentes”.

¿Cuál es el problema? Depende quién lidere el sector salud

En materia de planificación familiar y salud sexual y reproductiva, el conflicto inició el 2001, año en que el Ministerio de Salud –durante el gobierno de Valentín Paniagua– aprobó incluir el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) entre los métodos ya existentes.

Pero esto no se implementó dado que los dos primeros ministros del siguiente gobierno, de Alejandro Toledo –Luis Solari y Fernando Carbone- tenían posiciones claramente conservadoras. Recién con la llegada de Pilar Mazzetti empezó la distribución del AOE propiamente dicha.

¿Antagónicos?

Sí, pese a que la medicina, el alma mater y el sillón ministerial en materia médica sea algo que tengan en común, su visión y práctica distingue de gran manera a Carbone de Mazzetti.

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Fernando Carbone, ex ministro de Salud  | Foto: Internet

Fernando Carbone fue ministro de salud entre el 2002 y 2003. Como mencionamos, tanto él, como su predecesor, Luis Solari, evidenciaron un significativo retroceso respecto a las gestiones precedentes.

Si nos avocamos solo a la gestión de Carbone, en diciembre de 2002, mediante R.M. N° 573-2003 SA/DM33, se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones, cuyo artículo 9, inciso g crea el “Registro del concebido” el 25 de marzo, en alusión a la anunciación del Ángel a María por la venida de Jesús. Sí, tal cual y vigente hasta el día de hoy. Dicha medida generó sorpresa en el sector y diversas instituciones afines al tema. Luego, el 2003, Carbone presentó un proyecto de nueva Ley General de Salud y la creación del Día del no nacido.

En la gestión de Carbone también: se reemplazó al personal técnicamente preparado por personas por solo compartir sus creencias religiosas, sin suficiente experiencia o aptitud para administrar programas de salud pública. Además, se prohibió el uso de términos como “género”, “educación sexual”, “derechos humanos”, y “salud sexual y reproductiva”. Se reemplazó el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETTS) por un Programa de Reducción de Daños y Riesgos, en la que el VIH/Sida recibió el mismo trato que otras enfermedades infecciosas. En cuanto a prevención, se privilegiaron discursos sobre formas de vida ‘virtuosas’ como la abstinencia sexual y la monogamia.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) durante ese periodo, el MINSA incrementó la oferta de métodos tradicionales como la lactancia materna y aquellos basados en la abstinencia periódica, como parte de una estrategia conservadora de modificar la política nacional de planificación familiar. Según Zavala, en Laicidad y políticas públicas, un informe hecho y citado por Católicas por el Derecho a Decidir, el ministro Carbone buscaba un apoyo mayoritario de la población para eliminar de manera abrupta el AOE como método, pero no llegó a lograrlo, haciendo evidente que al interior del propio sector público no existía un consenso contra los métodos anticonceptivos modernos.

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Pilar Mazzeti, ex ministra de Salud | Foto: hnhu.gob.pe

Cuando en el 2004 Pilar Mazzetti asumió el cargo de Ministra de Salud, ella mostró públicamente y ante los medios su postura a favor del AOE, acto que le causó un cargamontón de duras críticas tanto de movimientos laicos provida como del Cardenal Juan Luis Cipriani. La presión llegó a ser tal que se voceaba en la prensa una posible renuncia por hostigamiento del clero a causa de los programas de planificación familiar que promovía su despacho.

En diversas entrevistas para medios nacionales y locales, Mazzetti tuvo que ponerse fuerte al declarar que el AOE no es un método abortivo y que de ser preciso daría la cara en caso de una acusación constitucional, al ser amenazada por el entonces congresista  Héctor Chávez Chuchón, presidente de la Comisión de Salud del Congreso, si es que la píldora se ponía a alcance de la población con menos recursos.

Sin embargo, pese al panorama, el 2006, el Ministerio de Salud empezó a administrar los AOE a todas las mujeres de violencia sexual que lo requerían.

Entonces, ¿Qué pasó?

Cuando la sociedad civil ganó la demanda por la distribución del AOE como la píldora del día siguiente, la Asociación de Lucha Anticorrupción sin Componenda (ALA-SC), una organización civil cristiana y jurídica, presentó un recurso de amparo contra la distribución gratuita de dicho medicamento y la ganó, razón por la cual, el Tribunal Constitucional, obligó al Ministerio de Salud, y al entonces ministro, Oscar Ugarte, a suspender la distribución gratuita de AOE en centro de salud públicos el año 2009.

Actualmente, en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, como país no somos bien vistos. Hace unos meses, el Perú ha sido demandado por la sociedad civil ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición de la distribución gratuita del AOE en casos de violación sexual valiéndose del caso de María, una adolescente violentada que no recibió la información adecuada dejándola expuesta a un embarazo de su agresor. Uno de los tantos casos que dejó como secuela del fallo emitido el 2009. Por otro lado, el acceso a la educación sexual integral en las escuelas es un gran problema, pues los docentes no están capacitados para enseñar sobre el tema, mostrando en algunos casos vergüenza o dejando ver su posición religiosa o conservadora o, en el caso de ser capacitados, no hay un monitoreo por el sector educación.

La salud sexual y reproductiva se encuentra fuertemente ligada a la educación tanto sexual integral como de género. Si esto es difícil de implementar en las escuelas, el sector salud, en términos prácticos, es la entidad encargada de la acción y prevención directa, tanto en información como en la entrega de métodos anticonceptivos, ya sea a niñas, adolescentes y mujeres, independientemente de sus razones, edad, origen, creencias o estado socioeconómico.

En este caso, la última palabra la tiene el sector salud y quien emprenda su liderazgo. Esperemos el presidente electo tome la decisión más acertada.