Una quinta parte del Perú está concesionado al extractivismo minero que despoja y contamina a comunidades

El 35° informe del Observatorio de Conflictos Mineros alerta sobre la creciente ocupación territorial de la minería corporativa y la expansión descontrolada de la minería informal e ilegal.

Actualmente, cerca de 20 millones de hectáreas, equivalentes a una quinta parte del territorio peruano, están concesionadas a actividades mineras. De estas, el 80% está en manos de solo 15 grandes empresas, lo que evidencia una concentración alarmante de recursos en pocas corporaciones. Este fenómeno ha generado situaciones que comprometen el patrimonio nacional.

Un caso emblemático es el reservorio de Poechos, en Piura, del cual el 60% ha sido concesionado a la minería, argumentando que podría contener más oro que la mina Yanacocha, según declaraciones de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Estas concesiones están a nombre de Juan Carlos Ramírez, parlamentario andino y exviceministro de Minas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

José De Echave, de CooperAcción, advirtió que la política minera en Perú fomenta la especulación y acaparamiento de tierras, lo que genera conflictos sociales. Según el investigador, el crecimiento de la minería ilegal intensifica esta problemática, disputando incluso áreas de operación con la minería formal.

Defensores ambientales perseguidos y debilitamiento institucional

El director de Fedepaz, David Velazco, denunció la persecución de defensores ambientales, quienes son criminalizados por protestar contra proyectos mineros sin licencia social. En casos como Las Bambas y Tía María, varios activistas han sido sentenciados injustamente. Ana Leyva, de CooperAcción, también alertó que el proyecto Tía María podría ejecutarse en 2025 sin un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) vigente, ya que el aprobado en 2014 perdió su validez tras cinco años.

Además, Leyva advirtió sobre un “terremoto institucional” impulsado por el actual gobierno, que está debilitando las regulaciones ambientales para acelerar las inversiones. Decretos como el D.S. 009 y 014 han reorganizado al SENACE, excluyéndolo del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, mientras que el D.S. 013 limita las opiniones técnicas en la evaluación de EIA, erosionando aún más la institucionalidad ambiental.

Audiencia clave para el agua de Lima

El próximo 8 de enero, se llevará a cabo una audiencia decisiva sobre el proyecto minero Ariana, ubicado en Marcapomacocha, una zona clave para el suministro de agua a Lima y Callao. Este proyecto podría afectar gravemente el acceso al agua en la capital, por lo que Sedapal y ciudadanos limeños buscan detenerlo mediante un proceso constitucional. La audiencia definirá el futuro de este proyecto y será crucial para proteger el derecho al agua de los habitantes de Lima.