“Constancias de no adeudos”, “recibos de pagos originales”, “certificado de estudios originales otorgado por la Oficina de Registros y Archivos Académicos” e incluso “constancia de la biblioteca especializada de la facultad, de haber donado un libro original, de última edición” son algunos de los requisitos que piden las casas de estudios para tramitar los distintos grados y títulos que necesita su alumnado.

La Defensoría del Pueblo detectó que algunas universidades públicas exigen a su alumnado y egresados estas constancias, a la que la misma casa de estudios ya tiene acceso desde su propio sistema; a pesar que este tipo de pedidos están prohibidos según el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 4-2019-JUS.

Dicho decreto establece en su artículo 48° la documentación prohibida de solicitar en el «marco del inicio, continuación o conclusión de un procedimiento administrativo»:

  1. Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia entidad directamente.
  2. Aquella que la entidad solicitante genere o posea como producto del ejercicio de sus funciones públicas conferida por la ley o que deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado.
  3. Recabar sellos de la propia entidad, que deben ser acopiados por la autoridad a cargo del expediente.
  4. Constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado sólo queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de pago, correspondiendo a la administración la verificación inmediata.

La exigencia de estos trámites constituye una barrera democrática que genera mayores gastos al alumnado, según ha establecido el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi),

Además, para la Defensoría del Pueblo, «la exigencia arbitraria e irrazonable de requisitos y documentación para obtener el título profesional también es una vulneración al derecho a la educación universitaria». Wayka solicitó a la Defensoría del Pueblo los nombres de las universidades que han exigido estos trámites indebidos, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.