Por Pedro Francke*

El ministro Tuesta ha dicho que “no va a retroceder” con el gasolinazo. La aparente valentía que expresa cuando se trata de cargar impuestos a las mayorías, sin embargo, se desvanece cuando se trata de las millonarias exoneraciones a los ricos: esos 16 mil millones de soles anuales serán “dialogados con el Congreso”. Como sabemos, quien hoy maneja el Congreso a su antojo es el fujimorismo, varios de cuyos miembros tienen intereses y relaciones bastante estrechas con uno de los grupos más favorecidos por las exoneraciones tributarias, las grandes agroexportadoras.

Héctor Becerril, por ejemplo. Él ha sido durante años jefe de seguridad de la agroazucarera Pomalca, una empresa agroindustrial del grupo Oviedo que se beneficia de exoneraciones y beneficios tributarios y laborales, y como congresista ha intervenido – ilegalmente – para que el Poder Judicial resuelva juicios a favor de esta empresa. El mismo grupo Oviedo también controla en la misma región Lambayeque la empresa azucarera Tumán, en la que es gerente el hermano de Héctor Becerril, Antonio Becerril, quien fue candidato de Fuerza Popular al gobierno regional el 2014.

Pomalca y Tumán no solo tienen grandes beneficios tributarios, además de eso le deben millones a EsSalud. Pomalca debe 25 millones de soles y Tumán 97 millones, y la deuda aumenta todos los años. ¿Se pregunta usted por qué la atención en nuestro sistema de seguridad social es tan mala? Pues una de las razones son estos empresarios perromuerteros que no pagan sus contribuciones, impidiendo que se compren las medicinas necesarias y se contraten más profesionales. Ojo que Tumán le debe a EsSalud a pesar de que tiene el beneficio, como las demás grandes empresas agrícolas que deben pagar solo el 4% del salario (en vez del 9%) de contribución a EsSalud.

Es evidente que el grupo Oviedo no es ningún pobrecito que requiere ventajas tributarias especiales para mantener su negocio, metiendo millones a su club de futbol. Oviedo ha sido también acusado de homicidio calificado con alevosía y lucro por lo cual la fiscalía ha pedido 26 años de cárcel; en otras palabras, lo hizo premeditadamente por razones de negocio, el mismo modus operandi de una mafia.

Pero el “valiente” Tuesta viene defendiendo que se amplíe la vigencia de la ley 27360 que permite a los grandes terratenientes agropecuarios pagar la mitad del impuesto a la renta (15 por ciento en vez de 29.5 por ciento), depreciar aceleradamente sus inversiones, recuperar anticipadamente el IGV y reducir su contribución a EsSalud a menos de la mitad). Además a sus trabajadores estas grandes empresas no tienen que pagar en julio y diciembre las gratificaciones de un sueldo, ni les depositan su CTS y solo les otorgan mitad de las vacaciones.

Otro que sería directamente beneficiado por esta prórroga de la ley 27360 sería el secretario general del fujimorismo  José Chlimper, dueño de una muy rentable agroexportadora. Chlimper era ministro de agricultura cuando Alberto Fujimori promulgó esta ley que lo favoreció y que ahora quieren prorrogar. La empresa de Chlimper además recibe un subsidio estatal, el llamado drawback, por el 4% del valor de sus exportaciones; es decir, no solo no paga impuestos: pasa por la caja del Estado a cobrar millones.

No es difícil deducir qué tipo de diálogo está promoviendo David Tuesta con la mayoría fujimorista del Congreso: uno que busca canjear el visto bueno a sus antipopulares medidas por grandes beneficios a destacados miembros de la cúpula fujimorista. Valiente ministro.

*Pedro Francke es Magister en economía y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, experto en políticas sociales, ha sido Director Ejecutivo de FONCODES, funcionario del Banco Mundial, Coordinador de ForoSalud, Presidente de SISOL y Gerente General de EsSalud.