Un estudio de la ONG Chakakuna demostró el desconocimiento de las autoridades de salud acerca de la norma técnica que ordena capacitación para evitar violencia de género en servicios de salud. Además, otro informe evidenció una disminución en el acceso a anticonceptivos, y una disminución en la entrega del kit de emergencia para víctimas de violencia sexual.
En febrero del 2022, el Ministerio de Salud publicó la norma técnica de salud N° 180-MINSA/DGIESP-2021 que busca prevenir situaciones de violencia de género en centros que brindan servicios de salud sexual y reproductiva, mediante capacitaciones periódicas al personal.
Tras más de un año de su publicación, un estudio realizado por el equipo investigador de Chakakuna, encargado por las organizaciones feministas Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Movimiento Manuela Ramos, evidenció que la implementación de dicha norma es deficiente y los recursos insuficientes para evitar situaciones de violencia de género. El estudio recoge los testimonios de diferentes usuarias de establecimientos de salud de los distritos de Villa el Salvador y San Juan de Miraflores.
Entre las principales situaciones de violencia identificadas en el estudio se encuentra la violencia obstétrica. Según los testimonios recogidos tanto de usuarias como de personal de salud, se identificó la realización de “prácticas inadecuadas como la maniobra de Kristeller, episiotomías y procedimientos sin anestesia que contravienen la Norma Técnica de Salud N°180”.
Así mismo, las usuarias que formaron parte del estudio manifestaron haber recibido gritos y humillaciones en sala de parto, y amenazas ante complicaciones por abortos incompletos. Esto pese a que la norma refiere que en situaciones de emergencia post aborto, el personal médico “debe atender a la paciente rápidamente sin culpabilizarla, estigmatizarla, ni hacer juicios de valor o comentarios sexistas o denigrantes”.
Otro de los tipos de violencia identificados fue la discriminación a la población LGTBIQ+, que se caracteriza por barreras en el acceso a los servicios de salud, cuestionamientos sobre su orientación sexual, transfobia e incluso intentos de “conversión”, además de prejuicios en torno a las personas con VIH y limitaciones en el acceso a antiretrovirales.
Maju Carrión, activista transfeminista y directora de la asociación Transformar, señaló que “Es cierto que hay doctores que te tratan siempre con tu nombre social porque se ve que han recibido alguna capacitación, porque ellos también no nacieron sabiendo cómo tienen que tratar a una persona trans más allá del respeto. El personal tiene que ser capacitado constantemente, porque como lo mencionaron, el personal cambia, el personal no siempre se queda en una posta o en un hospital”.
Sobre esto, la norma ordena que en todos los centros de salud el personal tiene que preguntar el pronombre con el que se identifica el paciente y el nombre con el que se siente a gusto y esas consideraciones deberán ser redactadas en la historia clínica del paciente, así el Documento Nacional de Identidad no lo visibilice.
Carrión resaltó por ello la importancia de que las mismas usuarias conozcan la norma técnica con el fin de que puedan exigir sus derechos y defenderse de situaciones de violencia.
Además, en el estudio también se identificaron situaciones de violencia a las usuarias basadas en estereotipos de género que atentan contra su integridad y ponen en riesgo su atención, como por ejemplo limitar el acceso a anticonceptivos a una adolescente si no va acompañada de un adulto, o exigir la autorización de la pareja o esposo para un procedimiento quirúrgico como una ligadura de trompas; o falta de sensibilidad y revictimización en la aplicación del tamizaje de violencia a la gestante.
Gaby Cevasco, periodista y especialista de salud sexual y reproductiva, señaló que los prejuicios de género son de los aspectos más difíciles de erradicar, y “atentan contra la mejora de la atención de los servicios; y obedecen a un pensamiento inquisidor desde una perspectiva heterosexual, pero también de un moralismo que lleva a juzgar la sexualidad de las usuarias que acuden” .
Pandemia dejó cifras alarmantes
En la misma línea investigativa, las organizaciones presentaron el estudio “Análisis del impacto de la pandemia en los servicios de salud sexual y reproductiva de los establecimientos de salud de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores”, que evidencia el recorte de servicios que se dio durante la pandemia de la Covid 19.
Uno de los hallazgos más importantes es la disminución de la entrega del kit de emergencia, algo que se contradice con el incremento de denuncias por violencia sexual. En 2022, en San Juan de Miraflores se denunciaron un total de 80 casos de violencia sexual, pero solo fueron entregados 3 kits de emergencia. En Villa el Salvador, las denuncias fueron 359, pero solo se entregaron 2 kits. El kit de emergencia incluye una serie de pruebas e insumos para prevenir embarazos, VIH y enfermedades de transmisión sexual después de una violación sexual, y según la Directiva Sanitaria N° 083-MINSAdebe ser entregado de forma gratuita en cualquier establecimiento de salud .
Con respecto al tamizaje de violencia en gestantes, que es una exploración para identificar situaciones de violencia en las mujeres embarazadas, la reducción también es notoria. Mientras que durante el 2019 en el distrito de Villa El Salvador se realizaron 1323 tamizajes de violencia en gestantes, en 2022 se redujeron a 116. En San Juan de Miraflores, las cifras arrojan un total de 270 mujeres gestantes tamizadas en 2019, y solo 14 en 2022. Esto pese a que la violencia el 54,8% de mujeres en el Perú fue víctima de violencia psicológica, física o sexual alguna vez por su pareja durante el 2020, según datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes).
Además, el estudio también señaló que mediante entrevistas se identificó un extendido desconocimiento y falta de implementación del Protocolo de Aborto Terapéutico por parte de los servidores de salud pública. El Aborto Terapéutico es un derecho desde 1924, e implica que cualquier mujer cuya salud o vida se encuentre en riesgo pueda acceder con solo algunos pasos.
Gaby Cevasco afirmó que “lamentablemente esto está superándose lentamente, porque desde el 2021 el contexto político ha hecho que existan como seis ministros de salud, lo que es una dificultad para la recuperación del sector”.
