Fiscal Carmen Crisostomo estaba investigando más de 1250 denuncias desde 2017. Al removerla, ingresará un nuevo fiscal que desconoce los avances.

Por Nicol León

El fiscal Daniel Jara Espinoza, coordinador de las Fiscalías Penales Supraprovinciales de Derechos Humanos, ordenó que la fiscal Carmen Crisostomo deje de investigar las más de 1250 denuncias por esterilizaciones forzadas cometidas durante la dictadura de Alberto Fujimori.

Se desconocen las razones de la separación de la fiscal Crisostomo y quién será la persona que tomará su lugar para continuar con el registro de testimonios de las víctimas. Ante esto, la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF) pidió al fiscal Jara que fundamente su decisión, pues el cambio afecta el proceso de investigación para hallar justicia.

Desde 2017, la fiscal Crisostomo ha investigado los miles de casos de mujeres, residentes en comunidades alejadas de al menos 10 departamentos del Perú, que fueron esterilizadas durante la dictadura de Alberto Fujimori, como parte de una política pública implementada por sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco.

Con la indagación fiscal, Crisostomo pretendía que se condene a los exfuncionarios del régimen de Alberto Fujimori por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves.

Para ello, a lo largo de 50 audiencias presentó 182 pruebas de convicción ante el Poder Judicial, lo que permitió que en diciembre de 2021 el caso avance hacia una sentencia. Este logro se dio luego de que junto a su equipo estudiara más de 100 carpetas con información sobre las denuncias.

AMPAEF señala que su destitución como fiscal a cargo del caso las perjudica porque retrasa el camino para obtener justicia.

Crisostomo había logrado judicializar 1253 denuncias hechas por hombres y mujeres que habían sido sometidos a vasectomías y esterilizaciones forzadas durante la dictadura de Fujimori, respectivamente. Además de este número, se calcula que existen otras 3000 víctimas, cuyas denuncias están siendo recogidas para que se incluyan en la misma carpeta fiscal.

El fiscal que la reemplace deberá seguir recabando declaraciones de las víctimas y de otras personas involucradas como médicos, especialistas en salud, coordinadores. Será su responsabilidad también asegurarse de que estas personas se sometan a exámenes médicos para determinar si fueron agraviadas.