En un caserío de Piura, una menor de 12 años fue ultrajada desde que tenía nueve. Quedó embarazada de su agresor durante el estado de emergencia y él la forzó a un aborto -en condiciones inadecuadas- que puso en mayor riesgo su vida. La niña necesita apoyo psicológico por las afectaciones en su salud mental.
Por T. N. Ezerskii / Corresponsal en Piura
La madrugada del 9 de enero de 2021, un grito rompió el silencio matinal del caserío Paletillos, ubicado en el norte de la región Piura. Minutos más tarde, ‘Diana’, de 12 años, fue encontrada por su abuela en el corral de su casa. La menor se encontraba en cuclillas, aferrada a su vientre y llorando de dolor. Una fuerte hemorragia brotaba de sus partes íntimas.
‘Diana’ había sido ultrajada desde los nueve años por su vecino, Juan Carlos Castillo Ruiz (35). Según el testimonio de la niña, su agresor la amenazaba de atacar a sus hermanas de la misma forma. Para protegerlas, ocultó su martirio por tres años hasta que, en plena emergencia sanitaria, afrontó 18 semanas de embarazo en silencio. El agresor advirtió su gestación y, el 8 de enero por la noche, la forzó a ingerir cinco pastillas para inducir un aborto.
Atención oportuna
‘Diana’ y su familia viven en Paletillos, un puñado de casas fabricadas con esteras en medio del desierto, sin luz, agua ni servicios básicos. Paletillos es uno de los casi 140 caseríos y anexos que conforman Lancones, un distrito fronterizo de Sullana en Piura, con más de 4 mil familias en situación de pobreza extrema. El establecimiento de salud más cercano a la vivienda de la menor se encuentra a 45 minutos, en el centro de Lancones.
Lancones fue una de las zonas más afectadas por el fenómeno del Niño Costero que arrasó con Piura en 2017, y su posta médica sufrió los estragos del desastre natural. Pese a la precariedad, el personal médico de la posta de Lancones atendió y examinó a ‘Diana’. Debido a la gravedad de su estado, solicitaron su traslado al Hospital de Apoyo de Sullana.
‘Diana’ ingresó por emergencia con el diagnóstico de aborto incompleto: los tejidos embrionarios no se expulsaron completamente de su útero y requirió de un legrado.
Wayka tuvo acceso al reporte del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Nueva Sullana, que viene brindando apoyo emocional, psicológico y asesoría legal a la menor y su familia. Según su informe, la ginecóloga confirmó la entrega y aplicación del kit de emergencia para víctimas de violación sexual que, de acuerdo a la directiva del Ministerio de Salud, todos los establecimientos de salud y servicios de emergencia están obligados a garantizar.
Según la Organización Mundial de la Salud (2020), las niñas menores de 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta. Por su parte, la obstetra Pilar Arce, coordinadora del área de capacidades de Promsex, afirma que un estudio regional sobre los efectos en la salud de las maternidades forzadas en niñas de 9 a 14 años reveló que la mayoría de niñas embarazadas sufrió complicaciones como anemia, náuseas, vómitos, infecciones urinarias o vaginales.
“Casi la cuarta parte de las menores peruanas tuvo complicaciones en el momento del parto. (…) En ese sentido, el acceso al aborto terapéutico es un derecho, puesto que ayudaría a evitar daños en su salud”, menciona Arce.
En el caso de ‘Diana’, la demora en recibir atención médica inmediata -sobre todo por un aborto en condiciones inadecuadas- podía ser letal.
Este hecho muestra cómo la violencia machista percibe al cuerpo de la víctima como su propiedad, según explica Arce. Por eso, la obsetra remarca que “es imprescindible comprender que las niñas o adolescentes sean vistas como sujetas de derecho a una vida libre de todo tipo de violencia”.
El reporte del CEM también menciona que la situación de ‘Diana’ era de riesgo severo y necesitaba medidas de protección urgentes. La entidad ofreció acoger a la niña en un Hogar de Refugio Temporal, pero sus familiares decidieron rechazar el pedido y mantener bajo su responsabilidad a la menor.
La Defensoría del Pueblo aseguró a Wayka que tiene conocimiento del caso y de las acciones que brindan las instituciones estatales. Sin embargo, precisó que el estado de salud de la niña es de carácter reservado.
En busca de justicia
Luego de la confesión de ‘Diana’, sus familiares interpusieron una denuncia contra Juan Carlos Castillo Ruiz en la comisaría de Lancones. Los cargos que se le imputan son por delito contra la libertad sexual y contra el cuerpo, la vida y la salud, en la modalidad de aborto no consentido. Horas más tarde, el ganadero fue intervenido por efectivos policiales.
Una semanas después, el miércoles 13 de enero, se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva en elTercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Sullana. Durante su sustentación, el fiscal Josmell Vicente Abad expresó que la pericia psicológica realizada a ‘Diana’ era concluyente: los hechos denunciados afectan la salud mental, cognitiva y conductual de la menor. Un detalle que ha sido relevante para dictar la medida preventiva contra su agresor y que evidencia las secuelas de violencia sexual en las niñas.
Es así que, la magistrada Rosa Terán Infante ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Castillo Ruiz y dispuso su traslado al penal de Piura (ex Río Seco) mientras continúan las investigaciones.
Según el artículo 173° del Código Penal, la violación sexual de una víctima menor de edad entre diez y catorce años es penada por no menos de 30 años, ni más de 35 de cárcel. Asimismo, el artículo 116° señala que el aborto sin consentimiento es reprimido con tres a cinco años de pena privativa de libertad. La magistrada Terán considera que existen graves y fundadas sospechas en ambos delitos.
Afectadas por la violencia
Las consecuencias mentales del abuso sexual infantil suelen persistir a largo plazo y perjudicar la vida de las víctimas hasta la adultez. La psicóloga Mariel Távara, experta en casos de violencia sexual a menores, afirma que el trauma genera secuelas graves que se inscriben en la identidad de las niñas y adolescentes, como la depresión, la ansiedad, la baja autoestima y la relación negativa con su propio cuerpo. Por ello, es importante que el Estado brinde un acompañamiento psicológico prolongado para que las víctimas recuperen su infancia y fortalezcan su autoestima, seguridad personal y valoración.
Sin embargo, el soporte psicológico y legal para víctimas de abuso sexual tiene serias carencias. Mariel Távara remarca la necesidad de una estrategia de acompañamiento intercultural, que abrace la diversidad y se aplique en todas las regiones y localidades del país.
“En este momento, las entidades estatales no cumplen a cabalidad con brindar un acompañamiento integral. Esto se justifica en la alta demanda de casos de distintas violencias hacia niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país. Entonces, es fundamental que el Estado diseñe una estrategia de acompañamiento integral focalizado en niñas y adolescentes”, menciona Távara.
Esta propuesta beneficiaría no solo a ‘Diana’, que vive en una zona rural, sino a muchas niñas indígenas en sus comunidades, también expuestas a la violencia de género. Un estudio elaborado por el Centro de Culturas Indígenas del Perú (Chirapaq) reveló que en el 2019, los CEM registraron 573 casos de violencia sexual en niñas indígenas entre los 10 y 14 años. Además, la tasa de crecimiento de maternidad infantil forzada es de 78% en zonas rurales.
El proceso legal y acompañamiento de los operadores de justicia es otro camino tedioso para las víctimas y repercute en su salud mental. Para la abogada especialista en derechos sexuales y reproductivos, Brenda Álvarez, los primeros meses de atención a la víctima por parte de las instituciones estatales si bien se cumple, el proceso posterior se dilata por años.
“Muchas veces se ve una actividad de los defensores públicos o del Ministerio de la Mujer, bastante acelerada en los primeros meses. Sin embargo, muchos de los procesos judiciales de violaciones sexuales duran muchos años y la continuidad de la representación legal es inversamente proporcional al tiempo: mientras más tiempo, menos calidad en el patrocinio. Entonces ese es un problema grave”, explica.
Álvarez se refiere a que la calidad del servicio de atención a las víctimas se ve mermada. Esto se explica, según la abogada, por la alta rotación de personal, las deficiencias del diseño del servicio. “Se necesita sin duda una reforma de los servicios de atención a las violencias, principalmente de los CEM, porque son los espacios que garantizan el patrocinio legal”, puntualiza.
Forzadas a ser madres
En el transcurso de enero de 2021 hasta el 2 de febrero, el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV) en Línea del Minsa registra 42 casos de partos en niñas menores de 14 años a nivel nacional. Piura aún no figura en el registro.
Durante el 2020, el CNV registró a 32 niñas piuranas de 10 a 14 años que se convirtieron en madres víctimas de violación. En agosto de ese mismo año, el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reportó que en Piura se produjeron 3 513 casos de abusos sexuales a niñas y adolescentes menores de 17 años.
Estas cifras muestran la dura realidad que viven las niñas de la región de Piura, como ‘Diana’. Ahora ella y su familia esperan justicia, pero sobre todo un acompañamiento tanto psicológico como legal por parte de las instituciones estatales encargadas de proteger a nuestras niñas víctimas de violación.
*Edición de Roxana Loarte
