“Vivimos en una sociedad de la transgresión”: Alcalde de Piura condenado por violencia contra su propia hija

En un país donde el 52% de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte de sus parejas o familiares según ENDES 2024, la reciente sentencia en primera instancia contra Gabriel Madrid Orué, alcalde provincial de Piura, por violencia psicológica contra su hija, es un nuevo caso en el que tiene lugar un debate urgente sobre el poder, la impunidad y los vacíos legales que protegen a los agresores.

El Poder Judicial ha dictado sentencia en primera instancia contra el alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid, por violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica en agravio de su propia hija. El fallo, que llega en un contexto de crisis de violencia de género en el norte del país, impone reglas de conducta y el cese inmediato de cualquier acto que afecte la integridad de la víctima.

Este caso no es una cifra aislada, sino el reflejo de una estructura de poder que perpetúa la agresión, en todas las esferas sociales.. Para Rocío Silva-Santisteban, representante de la organización de derechos humanos DEMUS, lo que ocurre en Piura no es un hecho aislado, sino la manifestación de una sociedad cuya estructura está profundamente dañada.

La violencia como lenguaje de poder

Silva-Santisteban es clara al desmitificar la naturaleza de las agresiones. «Debemos entender que toda esta situación no es una anomalía, no es una cosa rara; más bien es una expresión totalmente coherente del mandato de masculinidad, cuyo sustrato fundamental es el ejercicio del poder contra el cuerpo de las mujeres y de los más vulnerables», sostiene. Para la experta, los actos del alcalde Madrid no son «brotes psicóticos», sino un lenguaje simbólico de jerarquía: «Es una forma de decir: ‘aquí mando yo, tú no vales nada'».

A menudo, el sistema judicial y la sociedad minimizan los insultos o la humillación. Sin embargo, desde DEMUS se advierte que la violencia es una escalera. «La violencia es gradual. El comienzo puede ser pequeños comentarios humillantes que desestimulan a la otra persona sobre su aspecto físico o una supuesta incapacidad intelectual o moral. Esto anida la violencia, y en el Perú tenemos una altísima tolerancia porque la hemos normalizado», explica Silva-Santisteban. Las cifras del INEI respaldan esta tesis: la violencia psicológica es la más frecuente (46.4%), pero también la menos denunciada.

Los detalles de la acusación fiscal son estremecedores y revelan un patrón de abuso sistemático. La denuncia se remonta al año 2021, cuando la víctima, entonces una adolescente de 16 años y huérfana de madre, rompió el silencio tras vivir un calvario de amenazas, insultos y golpes bajo el mismo techo que su padre. Uno de los episodios más críticos ocurrió en noviembre de ese año, cuando el burgomaestre irrumpió en la habitación de la menor para agredirla verbal y físicamente. Según la fiscalía, estas agresiones no fueron hechos aislados, sino conductas reiteradas que socavaron gravemente la salud emocional y mental de la adolescente.

La impunidad con nombre y apellido

El caso del alcalde de Piura es particularmente perverso por el vínculo filial y el desamparo de la víctima. «Es una hija que él no quería reconocer, que ha reconocido por ADN, pero a la que no le ha dado amor; al contrario, le ha dado violencia», denuncia la representante de DEMUS. Lo más indignante para el movimiento feminista es que, pese a la sentencia, Madrid sigue en funciones. «Este individuo es una autoridad pública. En este momento, ese alcalde que ha maltratado a su hija, que la ha humillado y que le ha pegado, va a seguir siendo alcalde. Es la representación máxima de la impunidad en el país».

Pese a la gravedad de los hechos descritos, la justicia ha dictado una sentencia que, para las organizaciones defensoras de derechos, resulta insultante frente al daño causado: el alcalde ha sido condenado a apenas 104 jornadas de prestación de servicios a la comunidad y al pago de una reparación civil. Esta sanción, lejos de ser efectiva, permite que un agresor de menores sentenciado en primera instancia continúe ejerciendo la máxima autoridad política en Piura. Para los especialistas, que un juez determine que 104 jornadas de trabajo comunitario son suficientes para resarcir años de violencia psicológica y física, es un mensaje de absoluta permisividad estatal.

Vacíos legales y un congreso indiferente

La crítica hacia el Legislativo es frontal. Mientras se debaten leyes sobre derechos del feto, se ignoran las herramientas para apartar a agresores del poder. «Hay un vacío legal que se debe de cubrir. Los congresistas que están perdiendo su tiempo en buscar DNI para el feto deberían estar pensando en cómo cubrir esos vacíos legales ante padres que humillan y subalternizan a sus hijos«, enfatiza Silva-Santisteban. Actualmente, la Ley Orgánica de Municipalidades solo permite la suspensión si la sentencia se confirma en segunda instancia, dejando a la ciudad de Piura bajo el mando de un agresor sentenciado.

Haciendo referencia a Manuel González Prada, la activista compara la crisis actual con una infección. «Ese pus asqueroso nos está diciendo que hay un organismo enfermo y el organismo enfermo es la nación peruana». Silva-Santisteban lanza además una alerta urgente sobre el incesto y la violación infantil cometida por padres biológicos, un tema que considera el «núcleo duro» de la transgresión social en el país. «Si el violador sexual de su propia hija ve que a Madrid no le pasa nada, él creerá que a él tampoco le va a pasar nada«.

Silva-Santiesteban cierra la entrevista a Wayka con una exigencia directa al Estado: fortalecer el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y, sobre todo, invertir en salud mental con un enfoque en nuevas masculinidades. «Estamos viviendo tiempos demasiado tenebrosos donde quienes legislan piensan en su patrimonio y no en la comunidad», concluye Rocío, dejando una tarea pendiente para el periodismo y la sociedad civil: no permitir que la violencia sea el vínculo que defina el futuro del Perú.

Canales de ayuda

Si te encuentras en una situación de violencia o conoces a alguien que lo esté, puedes pedir ayuda a través de estos canales gratuitos del MIMP: la Línea 100, que brinda orientación telefónica las 24 horas; el Chat 100, para asesoría confidencial en línea; o acudir a cualquier Centro de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional para recibir apoyo legal y psicológico presencial.

Por: Silvia Bardales Q.

¡Tu apoyo es esencial para que Wayka continúe haciendo periodismo crítico contra la corrupción política y la desinformación de la prensa tradicional!

Nuestra independencia solo es posible porque no recibimos publicidad de empresas, ni financiamiento de políticos ni de ningún gobierno. En cambio, los seguidores como tú son el motor que sostiene nuestro trabajo.

Con tu aporte, defendemos los derechos humanos y la democracia para los peruanos de a pie; enfrentamos a políticos corruptos, empresas abusivas, la violencia contra las mujeres, la depredación ambiental y el racismo.