Cusco: Exigen celeridad y justicia por presunta violencia sexual contra niño de 3 años

Solo de enero a octubre de 2025, más de 18 mil niñas, niños y adolescentes sufrieron violencia sexual en todo el país, según el MIMP, y Cusco no es la excepción. En esta región, Lorena A. es la madre de un niño de tres años, presuntamente violentado sexualmente por su padre; ella exige justicia y que se aceleren las investigaciones. Esta denuncia contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, en agravio de un menor de edad, forma parte de una problemática que afecta a 18 087 menores según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y que los Centros de Emergencia Mujer y Familia atendieron. Además, en ese mismo periodo, se registraron cerca de 27 mil casos de violencia sexual contra personas de todas las edades.

Fiscalía ordenó nuevas diligencias

El caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público a partir de la denuncia presentada por la madre, quien sostiene que su hijo habría sido víctima de actos de connotación sexual. Ante este hecho y mediante la Disposición Fiscal N.° 02-2026-MP-FN-3DI-FPCEDLYACMEIGF-C, del 6 de abril de 2026, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar del Cusco amplió la investigación preliminar contra Gary Jorge Wagner Cosio. La decisión contempla la declaración del niño en Cámara Gesell mediante prueba anticipada, una evaluación psicológica, un reconocimiento médico legal de integridad sexual y la visualización y transcripción de material audiovisual entregado por la madre. También dispone recibir la declaración del investigado con asistencia de su defensa legal.

Según el documento fiscal, la madre entregó videos en los que, de acuerdo con la disposición, el niño realiza manifestaciones espontáneas relacionadas con posibles tocamientos y menciona a su padre. La denunciante solicitó que el contenido sea evaluado por especialistas para esclarecer los hechos.

La Fiscalía también ordenó verificar la identidad y situación migratoria del investigado, solicitar información a Migraciones y oficiar a la Embajada del Reino Unido en el Perú. La madre sostiene que él habría utilizado distintos nombres en documentos peruanos y británicos. Estas afirmaciones no han sido establecidas como hechos y forman parte de los aspectos pendientes de verificación.

Madre denuncia desgaste y obstáculos para proteger a su hijo

La madre cuestionó las demoras institucionales que han obstaculizado la realización de la prueba en Cámara Gesell. Asimismo, denuncia que el investigado ha iniciado múltiples procesos legales en su contra con el objetivo —sostiene— de desgastarla psicológica, física y económicamente, buscando así impedir que su menor hijo declare en un entorno especializado.

Afirma, además, que habría sido desacreditada mediante informes de Medicina Legal y de un centro de salud mental de Cusco cuya elaboración y utilización cuestiona. La madre asegura contar con registros audiovisuales relacionados con estos hechos. También sostiene que ambos quedaron sin un lugar donde dormir y sin alimentos, mientras ella debía conseguir recursos para afrontar los procedimientos legales y continuar a cargo del cuidado del niño.

«Una aparente sincronía perfecta de varios servidores públicos que se convirtieron en el instrumento de terror para mi hijo y para mí, en favor del investigado», expresa al describir su experiencia.

La denunciante también pide esclarecer la situación del padre de su hijo, a quien ubica actualmente en Londres. Wayka intentó comunicarse con el investigado mediante el correo electrónico y el número telefónico disponibles, pero no obtuvo respuesta.

Violencia sexual contra la niñez: una emergencia persistente

Este caso es parte de la violencia sexual que sufren los menores. Las cifras del MIMP muestran la dimensión del problema. En 2024, los Centros Emergencia Mujer atendieron 6.609 casos de violencia sexual contra personas de 0 a 17 años. De estos, 429 correspondieron a niñas y niños de 0 a 5 años; 1.837, a menores de 6 a 11 años; y 4.343, a adolescentes de 12 a 17 años.

La edad de las víctimas, como en este caso, evidencia la necesidad de una respuesta especializada que proteja su integridad y evite la revictimización. En este sentido, la declaración en Cámara Gesell busca recoger el testimonio en condiciones adecuadas, reduciendo la exposición del menor a interrogatorios reiterados.

Entre tanto, la investigación continúa en curso. Como se recuerda, la disposición fiscal establece que el Ministerio Público debe actuar con objetividad y reunir elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Los señalamientos de la madre sobre posibles irregularidades y actuaciones de funcionarios también requieren verificación documental y la versión de las instituciones aludidas.

El caso plantea una exigencia urgente: que las diligencias se realicen oportunamente, que se garantice la protección del niño y que las autoridades esclarezcan los hechos sin trasladar a la familia la carga de impulsar una investigación que corresponde al Estado.

Si eres testigo o víctima de violencia de género puedes comunicarte a la Línea gratuita 100 que está disponible las 24 horas del día o puedes acercarte a los Centros de Emergencias Mujer (CEM).

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