Sindicatos de Petroperú rechazan concesión de la Refinería de Talara y advierten una privatización encubierta
La Refinería de Talara, considerada uno de los activos estratégicos más importantes de Petróleos del Perú (Petroperú), podría pasar a manos de un operador privado en 2027. La propuesta impulsada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) ha generado el rechazo de organizaciones sindicales, que advierten sobre una posible privatización encubierta de una infraestructura estratégica para el abastecimiento de combustibles y la seguridad energética del país.
Trabajadores cuestionan que ProInversión entregue la administración del principal activo de Petroperú a un operador privado para generar ingresos destinados al pago de las deudas de la petrolera estatal. Advierten que, aunque el Estado conserve la propiedad de la refinería, podría perder el control de sus decisiones estratégicas.
¿Qué plantea el Gobierno?
Según informó La República, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, anunció que se viene preparando un modelo para que una empresa privada asuma la administración de la refinería y aporte capital para su funcionamiento. La iniciativa busca generar ingresos que permitan atender las obligaciones financieras de Petroperú. El modelo específico sería presentado en enero de 2027.
Desde ProInversión, la propuesta se justifica por la necesidad de atraer inversiones y garantizar una gestión técnica especializada para una infraestructura de gran envergadura. El esquema permitiría que un operador privado administre la refinería y que Petroperú participe de las ganancias generadas. La entidad ha señalado que el modelo sería comparable al utilizado en concesiones de aeropuertos y puertos.
No obstante, todavía no se conocen los términos definitivos del eventual contrato ni las condiciones bajo las cuales se distribuirían los ingresos. Tampoco se han precisado las obligaciones que asumiría el inversionista privado o los mecanismos que garantizarían que las decisiones operativas respondan al interés público. Al respecto, la congresista Ruth Luque declaró: “No podemos permitir que decisiones sobre activos estratégicos del Estado se tomen sin explicar sus consecuencias y cómo quedaría el abastecimiento de combustibles”.
Los cuestionamientos y las críticas
Sin embargo, la propuesta ha encendido las alertas entre los trabajadores de la petrolera estatal. La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) cuestionó la falta de información sobre las condiciones económicas y contractuales de una eventual concesión. Entre sus principales interrogantes figuran cuánto invertirá el operador privado, cómo recuperará ese capital, quién asumirá los riesgos y qué garantías tendrá el país sobre las tarifas, los márgenes comerciales y el abastecimiento nacional.
Para el gremio, mantener la propiedad estatal de la infraestructura no significa necesariamente conservar el control sobre su funcionamiento. Por ello, sostiene que Talara no debe evaluarse únicamente desde su rentabilidad económica o su capacidad para contribuir al pago de las deudas de Petroperú, sino también por su importancia para la competencia en el mercado de combustibles y la seguridad energética nacional.
En la misma línea, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP) calificó la iniciativa como una forma de privatización encubierta y pidió detener el proceso. La organización cuestiona que ProInversión continúe avanzando con la reorganización de los activos de la empresa estatal mientras permanece pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Decreto de Urgencia 010-2025.
La preocupación sindical también alcanza a los trabajadores. Fenpetrol cuestionó los anuncios sobre posibles incentivos para la desvinculación de personal y exigió que cualquier medida de reestructuración sea transparente y discutida con las organizaciones laborales, sin vulnerar sus derechos.
Talara no sería el único activo en la mira. El plan de ProInversión también contempla la Refinería de Conchán, los terminales del sur y las operaciones de Petroperú en la Amazonía. Se trata de una reorganización que podría modificar el papel de la empresa estatal en el sector de hidrocarburos.
En medio de la crisis financiera de Petroperú, el debate no debería limitarse a quién puede administrar sus instalaciones con mayor rentabilidad. También exige discutir qué modelo energético necesita el país, qué mecanismos garantizarán el abastecimiento de combustibles y quién tendrá la capacidad de decidir sobre infraestructura estratégica construida con recursos públicos, señalan especialistas.
La eventual concesión de Talara abre así una discusión que trasciende las cuentas de la petrolera: ¿puede el Estado conservar la propiedad de sus principales activos y, al mismo tiempo, perder el control efectivo sobre ellos?
Por: Silvia Bardales Q.
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