El abogado especialista en derechos Humanos Ronald Gamarra del estudio Arbizú & Gamarra participó en las diligencias para liberar a los casi 200 detenidos en la universidad San Marcos a raíz de la intervención policial autorizada por la rectora de esa casa de estudios. Todo este proceso irregular e ilegal fracasó ya que según expertos derivó en la liberación masiva y no se halló pruebas que los involucren en daños, disturbios o terrorismo.

Por Jair Sarmiento

– Los videos e imágenes de las detenciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos evidenciaron la arbitrariedad e ilegalidad de esta operación, aunque hasta ahora continúa ya que no les han entregado las pertenencias y documentos de identidad. ¿Cuál es el balance de la gravedad de los hechos que puede hacer como representante del estudio que asumió la defensa legal de estos casos?

R: Las autoridades de San Marcos le dieron una excusa a la Policía y al Gobierno en general para intervenir la universidad. Esa intervención fue totalmente arbitraria y desproporcionada. Lo que correspondía es que se realice una investigación, citando a las personas que presuntamente serían responsables de aquello y no proceder con su inmediata detención. Sobre el tema de la flagrancia o supuesta usurpación, yo no quiero entrar en temas técnicos de detalle, pero sí me veo obligado a señalar que ese delito no se había cometido ni se estaba cometiendo porque ese es un hecho delictivo que exige fuerza o violencia o intimidación, cosas que no se habían producido. Era un estamento de la universidad el que había permitido a los pobladores que llegaron fuera de Lima a ingresar a la Universidad y además porque estos no tenían la intención de tomar la posesión de la universidad, y eso para cualquier fiscal, juez o policía más o menos informado, resulta evidente que eso no constituye delito.

La Fiscalía actuó dos horas tarde para llegar a la universidad…

La Fiscalía debió estar en el momento en que la Policía intervenía la universidad. Por más Estado de Emergencia en que nos encontremos, siempre será deseable y legítimo, y tendrá un respaldo en la norma jurídica, el hecho de que se cuente siempre con la presencia del Ministerio Público, para que pueda controlar la actuación de la fuerza pública y resguardar los derechos de las personas. Esto no ocurrió, la fiscalía llegó más tarde, supuestamente no estaba enterada del operativo policial, luego lo convalidó, se hizo cargo de las detenciones, es decir, a partir de las detenciones, la Fiscalía de turno abrió una investigación preliminar en contra de cerca de 200 personas por la posible comisión de hechos vinculados a usurpación, daños y disturbios. Ojo, no terrorismo, esta inmensa intervención ha sido por otro tipo de delito, y la FiscalÍa estaba absolutamente desbordada…

Si las detenciones no eran por el delito de terrorismo, ¿por qué los llevaron a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote)?

Evidentemente todas estas personas debieron ser llevadas en principio a la unidad policial encargada de estos hechos, que no es la unidad de terrorismo. Ellos han señalado que como no se daban abasto, y como las propias instalaciones eran adecuadas para tener a tantas personas detenidas, es que los llevaron a la Dircote, a  un número importante, pero esto no es solo un hecho que está vinculado a la cercanía de la unidad de Dircote con la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), este hecho tiene una connotación política, la idea de terruquear a los detenidos, y en general, deslegitimar a los ciudadanos que han venido a marchar a Lima para expresar sus opiniones políticas y sus demandas. 

Durante este proceso hubo varias irregularidades que se visibilizaron en redes sociales ya que había una niña y su madre detenidas, vejaciones a mujeres, retención de documentos, etc…¿hubo otras más?

Este ha sido un procedimiento muy mal planteado y ejecutado. Dentro de las instalaciones policiales donde se llevaban a cabo las investigaciones, todo fue un caos. Ni la Fiscalía ni la Policía estaban preparados para llevar a cabo las diligencias planteadas en tan breve plazo, revisar las declaraciones de cerca de 200 personas, lacrados, deslacrados, declaraciones de policías, exámenes de identificación, médico legista, etc. Era un mercado persa. Los fiscales tardaron en llegar, el fiscal a cargo no estaba en condiciones operativas de ejecutar la investigación de manera pronta, inmediata y prolija, y por eso echó manos de manera urgente de fiscales de otras unidades como de crimen organizado, de trata de personas, de personas desaparecidas, de trafico de drogas, etc, o sea, esas fiscalías estaban allí para atender en lo inmediato las declaraciones que se presentaban, pero no tenían ninguna posibilidad de decidir respecto a la detención legal de los detenidos. Los fiscales no estuvieron en todas las declaraciones, los policías no tenían impresoras para imprimir las declaraciones.

Hoy fueron liberadas 192 personas entre estudiantes y ciudadanos de regiones…

Es un fracaso a todas luces, ellos intervinieron alegando comisión de hechos delictivos y la presencia de los posibles autores. Lo cierto es que no hay ni una persona, ni una sola, que esté detenida por la presunta comisión de estos hechos delictivos (usurpación, disturbios y daños). Todos han sido puestos en libertad y la única persona que ha quedado detenida no ha sido por su participación en eventuales delitos cometidos dentro de la universidad, sino por una antigua orden judicial por un delito de lesiones que nada tiene que ver con la participación de esta ciudadana en las marchas. Las detenciones no tenían ningún fundamento. A ninguna de las personas detenidas en estas dos instalaciones policiales se les encontró material alguno que pudieran vincularla a la comisión de un delito.

En un momento se habló de más de 200 personas detenidas…

Lo que sucede es que las cifras variaban, inicialmente la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) ha manejado una cifra, la misma que aparece en el habeas corpus que se planteó, que está muy por encima de las 200 personas identificadas y otras cuyo paradero no se encontraba, pero lo cierto es que hacia la noche del sábado ya la Defensoría del Pueblo pudo precisar de que se trataba de 91 personas en una instalación policial y 101 en otro, lo que daba una cifra total de 192 personas.

En la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) también se está albergando a ciudadanos de regiones. Hace poco hubo una intimidación ya que se observaron tanquetas militares en los exteriores de esta casa de estudios. ¿Qué nos asegura de que no haya otra masiva detención arbitraria?

No hay una garantía de nada, ya lo hicieron una vez, pueden hacerlo otra vez, sobre la excusa que le de alguna universidad o sobre la existencia del Estado de Emergencia que les permita hacer muchas más cosas, la policía podría intervenir otra universidad, lo cual sería una absoluta arbitrariedad, porque incluso allí debería funcionar temas de proporcionalidad. Por ejemplo, si en un estadio o cine, alguien denuncia un robo, real o simulado, no se va a detener a todas las personas que participan de estas actividades. Evidentemente tiene que haber otro tipo de respuesta del Estado…

Estas detenciones fueron comparadas con anteriores detenciones que hubo durante los 90, durante la dictadura de Alberto Fujimori.

Yo creo que el Estado no aprende, el Estado cree que terruqueando, que imputando cosas a los manifestantes o ciudadanos que tienen reivindicaciones, creen que con eso van a apagar la protesta, pero todo lo contrario, lo que hacen es encenderla…