Cuando fue procuradora ad hoc del caso Lava Jato, la abogada Katherine Ampuero cometió una omisión que actualmente le podría costar US$1’980 millones al Estado peruano: no incluyó a la empresa Enagás como tercero civil responsable en la investigación sobre los presuntos actos ilícitos en el caso Gasoducto Sur Peruano.
Según los miembros del directorio de la constructora peruana Graña y Montero, José y Hernando Graña, la compañía española Enagás también se habría coludido con Odebrecht para el Gasoducto Sur Peruano. Según los Graña, por pedido de la expareja presidencial Humala-Heredia, inicialmente se excluyó a GyM del proyecto, y se dio pase a Enagás.
Sin embargo, como informó ayer Cuarto Poder, Katherine Ampuero omitió pedir la inclusión de Enagás como una de las empresas responsables del caso durante su gestión como procuradora ad hoc. Actualmente, la empresa española ha demandado al Estado peruano por US$1’980 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI).
Por su lado, Enagás ha sostenido en un pronunciamiento difundido anoche que no conocía de la colusión entre empresas y sobornos pagados para obtener la buena pro del Gasoducto Sur Peruano. “Cualquier hipotética aceptación o delación de terceros relacionada con presuntos pagos indebidos o ilícitos a funcionarios públicos o privados (…) es ajena a Enagás Internacional, pues no tomó parte en acciones irregulares o ilícitas, ni tampoco tuvo conocimiento de las misas”, dice el comunicado de la empresa española.
