Aborto Terapéutico: Justicia peruana da ultimátum al MINSA para proteger derechos de adolescentes
Han pasado dos años desde que la justicia ordenó que el Estado peruano garantizara a las adolescentes el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en casos de riesgo. Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) no cumplió con la sentencia que le impuso La Corte Superior de Justicia de Lima. Esta vez, en un fallo del último 26 de mayo, la Corte ha dado un plazo de 10 días al Minsa para que implemente las medidas requeridas.
Este fallo constituye un avance significativo en la protección de los derechos sexuales y reproductivos, pues no solo reconoce la constitucionalidad de la guia del aborto terapéutico, sino también abre camino a ajustar la norma técnica de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos; entre ellos, el reconocimiento de la capacidad de las jóvenes para tomar decisiones autónomas sobre su salud y su cuerpo.
«(La Corte) ordena al Minsa regular e incorporar, en esta norma técnica, el consentimiento de las adolescentes y la objeción de conciencia», señaló Edith Arenaza, del equipo de litigio estratégico del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) en diálogo con Wayka.
Según la abogada, de no cumplirse con la implementación dentro del plazo establecido, podrían activarse recursos penales o administrativos por incumplimiento del mandato judicial.
CÓMO DEBE FUNCIONAR EL ACCESO AL ABORTO TERAPÉUTICO PARA ADOLESCENTES
La actual guía de aborto terapéutico eslegal desde 1924, fue reglamentada en el 2014 y actualizada en 2020, y tiene contemplado el consentimiento de forma general; sin embargo, a partir de lo exigido en este fallo, la guía deberá garantizar, específicamente, que esté la opinión de las adolescentes que requieran acceder a este recurso legal.
«Con esta modificación que está ordenando la Corte Suprema, las adolescentes podrán decidir directamente, independientemente de que sus padres o progenitores estén o no de acuerdo», informó Arenaza.
Las adolescentes no necesitarán más el consentimiento de sus padres o representantes legales, sino que se les reconoce la titularidad de este derecho a decidir sobre su vida y su cuerpo en situación de riesgo.
En 2024, según datos del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV) del Minsa 39 348 menores de edad dieron a luz en el Perú. De estos, 38 269 correspondieron a adolescentes de 15 a 19 años; 1 078, a menores de 11 a 14 años; y al menos un caso involucró a una niña entre 0 y 10 años. Mientras que durante este año —hasta 30 de mayo— la cifra de madres menores de 19 años alcanza los 13 798.
LOS MÉDICOS Y LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Sobre la objeción de conciencia, un mecanismo mediante el cual algunos profesionales médicos se niegan a realizar el aborto terapéutico aduciendo creencias religiosas, la representante de Promsex apunta que al tratarse de un mecanismo de derecho excepcional, deberá ponderarse cuidadosamente los derechos relacionados con la salud y la seguridad de la adolescente.
Esto implica que la regulación debe prever situaciones como las de zonas rurales con escasez de profesionales, donde pueda haber un único médico disponible, para garantizar el acceso a este derecho.
«Estamos solicitando que, al regular el derecho a la objeción de conciencia en el protocolo de aborto terapéutico, se establezcan límites que prevean el ejercicio de este derecho (…). En situaciones donde el profesional de la salud sea el único, no se debe privar de atención a la salud de una persona gestante cuya vida e integridad estén en riesgo», señaló.
Esta sentencia también representa un avance frente a los constantes ataques de sectores ultraconservadores y religiosos que, mediante proyectos de ley, buscan eliminar los derechos sexuales y reproductivos en las políticas públicas.
Asimismo, la medida respalda al Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), institución que durante el último año ha sido objeto de presiones y ataques constantes por cumplir con la ley y proveer acceso al aborto terapéutico. Estos ataques han provenido, principalmente, de la organización civil ultraconservadora Padres Peruanos y de la congresista Milagros Jáuregui, pastora evangélica y una de las mayores auspiciadoras de leyes antiderechos.
