Advierten que proyecto de ley impulsado por Tomás Gálvez pone en riesgo la independencia del Ministerio Público
Diversas voces del ámbito jurídico han alertado sobre los riesgos del proyecto de ley que propone reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, impulsado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. La iniciativa, que fue sustentada en el Congreso, ha generado cuestionamientos por su posible impacto en la independencia de los fiscales y en el acceso a la justicia para las poblaciones vulnerables.
La abogada Cruz Silva, coordinadora del programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal, sostuvo en entrevista con Wayka que la propuesta representa un grave retroceso institucional.
“El proyecto de ley atenta gravemente contra la independencia no solo de cada uno de los fiscales, sino también contra la autonomía del propio Ministerio Público”, señaló.
La Junta de Fiscales Provinciales Titulares de Lima Centro también expresó su preocupación frente al proyecto de reforma del Ministerio Público. En un pronunciamiento emitido el 30 de marzo de 2026, los fiscales advirtieron que la propuesta legislativa —remitida al Congreso de la República del Perú— podría relativizar la autonomía e independencia de la función fiscal, además de afectar la permanencia e inamovilidad de los fiscales en sus plazas de origen. Asimismo, señalaron que la iniciativa omite competencias de las fiscalías especializadas de familia y pidieron que estas observaciones sean consideradas antes de la aprobación del proyecto de ley, con el fin de garantizar la defensa de la sociedad y el respeto a la independencia del Ministerio Público.
Riesgos para la carrera fiscal
Según explicó Silva, la iniciativa debilitaría tres pilares fundamentales del sistema fiscal: la permanencia en el cargo, la especialidad y la independencia para investigar.
De acuerdo con la abogada, la propuesta permitiría modificar o remover fiscales sin garantías claras, lo que podría afectar investigaciones en curso.
“El proyecto pone en quiebre la permanencia en el cargo y difumina el mantenimiento de la especialidad. Además, no hay seguridad de que los fiscales puedan mantener los casos que ya investigan ni iniciar investigaciones de acuerdo a su propio criterio jurídico”, afirmó.
Silva advirtió que estas modificaciones podrían afectar especialmente investigaciones vinculadas a corrupción o crimen organizado.
Alertas desde el sistema judicial
Las preocupaciones no provienen únicamente de la sociedad civil. Diversos magistrados también han advertido sobre los riesgos de la iniciativa.
Según informó Infobae, jueces y especialistas han señalado que la reforma podría generar mayor control político sobre el Ministerio Público y afectar la estabilidad de los fiscales encargados de investigaciones complejas.
De acuerdo con estas advertencias, uno de los principales problemas del proyecto es que permitiría reorganizar despachos fiscales y modificar estructuras internas sin criterios claros, lo que podría impactar en procesos sensibles relacionados con corrupción o redes criminales.
Impacto en mujeres y niñez
Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto es su posible impacto en la atención de delitos vinculados a violencia familiar y violencia de género.
Silva advirtió que la propuesta podría debilitar las fiscalías especializadas que actualmente investigan este tipo de delitos, lo que afectaría directamente a poblaciones vulnerables.
“Desaparecer despachos especializados o reducir la especialidad significa un retroceso enorme en la investigación de delitos como la violencia familiar o la violencia contra las mujeres”, explicó.
Para la abogada, estos cambios afectarían el acceso a la justicia de víctimas que requieren una investigación con enfoque especializado y perspectiva de derechos humanos.
Además, señaló que la iniciativa habría sido elaborada sin participación de organizaciones de la sociedad civil ni de los grupos afectados, lo que contraviene estándares internacionales sobre reformas institucionales.
Acusaciones de conflicto de intereses
Silva también cuestionó el contexto en el que surge el proyecto legislativo. Según indicó, la iniciativa aparece luego de decisiones recientes dentro del Ministerio Público que incluyeron la remoción de fiscales y la desactivación de equipos especializados en gran criminalidad.
“Este proyecto da pase a problemas que ya se venían presentando, como la remoción de fiscales sin evaluaciones objetivas o la interferencia en investigaciones”, señaló.
La especialista incluso comparó el discurso actual del Ministerio Público con momentos críticos de la historia institucional peruana. “Este tipo de posiciones recuerda a etapas muy cuestionadas de la Fiscalía, cuando se utilizaba el poder para presionar o investigar a jueces por hacer su trabajo”, advirtió.
Debate clave en el Congreso
El proyecto de reforma fue sustentado este martes ante el Congreso de la República del Perú, en medio de un creciente debate sobre el rol y la autonomía del Ministerio Público.
Para Silva, la discusión debe considerar el impacto que una reforma de este tipo podría tener en la lucha contra la corrupción y en la protección de derechos fundamentales. “Esta reforma no beneficia a la población; por el contrario, puede generar más caos e impunidad en delitos graves, especialmente aquellos vinculados con corrupción, crimen organizado y economías ilegales”, concluyó.
Por: Silvia Bardales
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