Redacción Wayka
Ciudadanas y ciudadanos de Huancavelica afectados a la contaminación de metales pesados presentan demanda constitucional de amparo ambiental contra el Estado peruano, el Gobierno Regional de Huancavelica y la Municipaidad Provincial, por no implementar una estrategia de atención integral e incumplir con sus obligaciones de garantizar un medioambiente sano a favor de la población. De esta manera este recurso legal implica una protección ambiental por parte del Estado.
La demanda también alcanza a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Medio Ambiente (MINAM), la Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la Dirección General de Minería y la Dirección General de Asuntos Ambientales, Mineros, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
«Lo que queremos es que se puedan reunir la PCM, el Ministerio del Medio Ambiente y otras instituciones con otras entidades para establecer políticas ambientales, y lo otro específico que a las personas que están expuestas [por metales pesados como el mercurio] sean reubicadas y ahí también interviene el Ministerio de Vivienda», señaló a Wayka el abogado Ramiro Llatas.
Los ciudadanos y las ciudadanas de la región de Huancavelica llevan años afectados por la contaminación de mercurio, arsénico y plomo. Además continúan sin cumplir con sus obligaciones gubernamentales.
Han transcurrido cuatro años del informe del OEFA, que confirmó los altos niveles de contaminación, sin embargo hasta la fecha el MINAM no ha realizado ninguna acción concreta para revertir la situación, según una publicación de Hiperactiva.
Un estudio del Consejo de Salud Ambiental publicado en el 2015, arrojó que el 75% de las casas de barro estaban por encima de los niveles máximos permisibles de mercurio, además cerca de 19 000 personas corren el riesgo de estar expuestas a metales pesados y de sufrir efectos negativos a su salud.
La demanda también señala que el MINEM no ha identificado aún la existencia de pasivos ambientales mineros de elevado riesgo en la ciudad y en la comunidad de Sacsamarca, y que además este sector no ha incluido estos pasivos en el inventario de pasivos ambientales mineros del país.
