Lamentable y muy preocupante lo que viene pasando en el país en el tema de manejo de conflictos; mientras por fin un sector del Estado quiere asumir la gestión de los mismos de manera seria y en el marco de la ley y la democracia, el sector más radical de la minería arremete con todo su aparato para tratar de traer abajo estas propuestas, las cuales son incuestionables por donde se analicen.

Que en un Estado como el peruano, que se precia de ser democrático y que se guía por una Constitución en la que se asegura el Estado de Derecho, se promueva acciones institucionales, en el marco de la ley para gestionar los conflictos, ¿es delictivo, marxista, pro violentista o subversivo?

De ninguna manera, porque estas son las formas de resolver aquello en lo que no nos ponemos de acuerdo en la sociedad. A ver, si por años en los conflictos denominados “socio ambientales” o “ecoterritoriales”, se discute que la minería, está perjudicando sus territorios, el ambiente y sus derechos, generando violencia y persecución injusta contra la población, no es pertinente verificar o descartar tales aseveraciones graves.

Promover la reactivación de espacios institucionales de diálogo para generar que las partes en conflicto puedan discutir sus posturas; promover un mecanismo como un Acuerdo Plenario, útil para que el propio Poder Judicial pueda definir con criterios jurídicos cuáles son los límites del ejercicio del derecho a la protesta social, y así juzgar objetivamente cada caso. Aprobar un protocolo para garantizar que quien defiende derechos lo haga libre de todo riesgo; o generar acuerdos entre empresas y población en conflicto para desistir de tramitar sus diferencias solo por la vía judicial, ¿son mecanismos contrarios a la ley, a la legalidad o al orden constitucional? No, de ninguna manera; y entonces no se entiende porqué ahora, un sector del Ejecutivo como el Ministerio de Justicia que responsablemente a propuesto estos mecanismos para ayudar a resolver los conflictos de manera sostenible en el país, está siendo atacado con furia por un sector pro minero.

Estas últimas semanas estas arremetidas han sido tan fuertes no solo contra el ministro Zevallos, sino contra los funcionarios de alto nivel de este sector responsables de llevar adelante estas sensatas propuestas legales, que hasta han llegado a pedir sus cabezas.  Es increíble ver como ese brazo mediático del ala dura de la minería, que dicho sea de paso mal favor le hace a este sector, representado por espacios como Lampadia, el Montonero, a quienes se suma Perú 21, mediante su directora la Sra. Valenzuela, no han tenido el menor empacho en salir a emitir acusaciones absurdas contra estas personas, tratando de deslegitimarlas, usando el viejo método del “terruqueo”. 

Pedro Grández, un conocido académico y experto en temas de derechos humanos, un referente de temas jurídicos en el país, catedrático de varias prestigiosas universidades, que sin mayor interés aceptó dejar sus espacios para colaborar en el Ministerio de Justicia, ha sido su primera víctima. Conscientes de su importante rol para definir estas políticas y su rigurosidad para llevarlas adelante, no han dudado en injuriarlo y vapulearlo a su antojo, tildándolo nada menos que de terrorista, invocando ridículamente una detención arbitraria que el mismo sufrió hace muchos años, en sus épocas de estudiante de la universidad San Marcos, por parte del Ejército que tenía sitiado ese centro de estudios por orden de Fujimori y Montesinos y que todos tenemos claro las atrocidades y violaciones que cometieron contra la mayoría de estudiantes. Esa ridícula acusación, diseminada como hábil estrategia de post verdad, ha provocado la renuncia de este valioso funcionario. 

Lo terrible de este asunto, va más allá de perder a una persona sensata y eficiente en el Estado, y llega a poner en cuestión la actitud que puede asumir el gobierno, que podría estar cediendo peligrosamente a estos patéticos chantajes. Está claro que el objetivo no es tanto un funcionario, sino tirarse abajo la política de resolución de conflictos, los mecanismos jurídicos echados a andar, pero aún más, presionar para imponer de una vez el desarrollo de proyectos por la fuerza.

Es sintomático que tras esta pataleta de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, mediante sus medios y de manera directa, el gobierno haya decidido anunciar la ejecución del proyecto Tía María, conociendo que la población se encuentra totalmente opuesta al mismo. Hoy las comunidades de estos lugares han anunciado paros y marchas en contra de esta decisión, pero el gobierno parece solo escuchar las voces del empresariado que no para de presionar para imponer este proyecto.

Parece que en el sector minero vuelve a comandar esta ala radical, dura, obtusa, que piensa que no hay otra forma de hacer las cosas que con la fuerza y la imposición de su poder. ¿Cuántos frutos importantes le ha rendido a este sector esta estrategia?  Saquen cuentas, porque este tipo de actuación solo ha contribuido a agudizar más los conflictos (después de muertos y heridos), a afianzar posturas de rechazo contra esta actividad (por el abuso que se expresa nítidamente), y en concreto, paralizar varios de sus proyectos más importantes.

Colocar funcionarios a ‘su’ medida en el Estado, que crean que los conflictos hay que tratarlos con la represión y la violencia, es seguir disparándose a los pies. El diálogo, la solución pacífica, legal y democrática de los conflictos estaba en marcha. Que el gobierno no ceda a esta pretensión radical y azuzadora de violencia que viene de un sector del empresariado minero.

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