En setiembre, el presidente de la República instaló la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático (CANCC)*, que se encargará de proponer medidas de adaptación y mitigación al cambio climático a todo nivel de gobierno (sectorial, local y regional). Es decir, planificar acciones e iniciativas que reduzcan los potenciales impactos al cambio climático en los sistemas naturales y en la vida y las actividades de las personas; por ejemplo, mejorar la infraestructura para riego agrario para evitar problemas de agua en algunas cuencas hidrográficas de nuestro país, controlar los impactos en la economía de las familias agricultoras y en la dinámica de distribución de alimentos “si el campo no produce, las ciudades no comen”. Asimismo, mitigar supone plantear cambios, por ejemplo, de la matriz energética nacional; es decir, que dependamos menos de los combustibles fósiles para generar energía y movilidad limpias (energía solar, energía eólica, movilidad sostenible, entre otras).
Pero ¿es suficiente la creación de esta comisión? No exactamente. Para que cumpla con las tareas delegadas, también es necesario una inversión. Algo que no ha mejorado en relación al presupuesto. Desde el año 2019 el presupuesto en adaptación y mitigación ante el cambio climático (AMACC) se ha venido reduciendo y ha presentado su mínimo histórico este 2020 que llegó a S/ 296 millones según el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA). Además, en los últimos 7 años la asignación para contrarrestar las crisis climática no ha superado el 0.9% del Presupuesto Nacional.
Desde el año 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) da cuenta en su plataforma del presupuesto multisectorial que se destina a la AMACC. Ese mismo año el presupuesto se repartía uniformemente entre los diferentes niveles de gobierno, ya sea sectorial donde se asigna el 34%; local y regional el 33% cada uno. Actualmente, el presupuesto es principalmente sectorial; es decir, agrupado en los ministerios (72% del total) y principalmente en dos: el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura; quienes han priorizado proyectos, que podríamos categorizar en cinco áreas temáticas: agricultura, agua, bosques, uso y cambio uso de suelos y energía de combustión estacionaria. Sin embargo, son diez las categorías (doce considerando las subcategorías en energía y desechos) presentadas en las 153 medidas de adaptación y mitigación consideradas por el Grupo Multisectorial para orientar la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. Lastimosamente la información pública no llega a categorizar los proyectos (y con ello el presupuesto) de acuerdo al objetivo de adaptación, mitigación o ambas y mucho menos por categoría. Es así que se estima que en los últimos 5 años el Estado se estaría enfocando solo en el 29% del total de medidas; es decir, aún nos falta mucho por lograr.
Pese a todo se reconoce que la creación de esta comisión es un buen indicador porque muestra el interés del Estado peruano para hacer frente a posibles crisis que vendrían con el cambio climático. Se estima pérdidas del Producto Bruto Interno (PBI) de entre 10.7% a 20% en un mediano plazo. Aun así el Estado debería replantear lo asignado al AMACC, ya que en los últimos 7 años el presupuesto no ha superado el 0.4% del PBI, por eso, decimos: menos “floro” para más flora, biodiversidad y capacidades para adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático en nuestro país.
Metas altas
El país se ha comprometido a reducir en un 30% sus gases de efecto invernadero para el año 2030. No contentos con esa meta, la ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, planteó llegar a un 35%. Pero considerando el presupuesto, el nivel de ejecución y las áreas temáticas priorizadas hay muchas dudas respecto a la capacidad del Estado para cumplir ese reto. Es necesario precisar que la meta inicial se componía tanto del compromiso del Estado y otro tanto – aunque menor- a recursos internacionales. Entonces, ¿en qué se basa la ministra para proponer una meta más alta?
La actual pandemia nos ha mostrado la fragilidad y precariedad de nuestros sistemas (salud, trabajo, infraestructura, movilidad, telecomunicaciones; energía, servicios básicos; entre otros) es urgente reorientarnos como país y priorizar, no solo en términos discursivos; también en lo que respecta al presupuesto. De otro modo, proponer acciones reales para afrontar la crisis climática sin fortalecer ese aspecto, quedará en buenas intenciones. El presidente Martín Vizcarra ha planteado la necesidad de fomentar la economía circular, ¿qué quiere decir esto? reducir nuestra generación de desperdicios en lo productivo y doméstico; cambiar nuestra matriz energética para que sea más eficiente y consuma menos materiales o energía contaminante; reutilizar y reducir nuestro consumo de materiales; entre otras acciones. Esperemos que así sea.
*Liderada por la PCM y constituida por 14 ministerios, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y representantes de gobiernos regionales y locales.
