Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes están en peligro. Durante la última sesión del Congreso, 58 congresistas votaron a favor de reconocer al “concebido” como “persona humana sujeto de derecho”, un plan que por años intentaron aprobar como ley. 

Por Ghiomara Rafaele

El texto sustitutorio, que ahora se encuentra en reconsideración, proviene del proyecto de ley 785 que fue aprobado en primera instancia y este facultará de diversos derechos al concebido como la posibilidad de reconocer y garantizar el derecho a la vida, a la identidad propia, a la integridad moral, psíquica y física, así como su libre desarrollo y bienestar.

Diversas organizaciones e instituciones se pronunciaron en contra. La Defensoría del Pueblo considera que el proyecto no es viable debido a que afecta a los derechos fundamentales de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes. 

La comisionada de la adjuntía de los derechos de la mujer, Yuri Marcelo, resalta que existen graves consecuencias jurídicas al equiparar los términos de concebido con persona humana y darles la concepción de ser sujetos de derechos, debido a que organismos internacionales ya han emitido fallos sobre el tema. Uno de los antecedentes que rigen para los países que cumplen compromisos de derechos humanos es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica.

“El caso de Artavia Murillo vs Costa Rica señala que la concepción se da cuando el óvulo fecundado se implanta en el cuerpo de una mujer. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció y ha entendido que la concepción no puede ser comprendida como un momento o proceso excluyente del cuerpo de la mujer, dado que un embrión no tiene ninguna posibilidad de una supervivencia si no está implantado en el cuerpo de la mujer”, afirma Marcelo.

Añade que los congresistas que se encuentran a favor de este proyecto de ley consideran que la presencia de una nueva vida se da desde la concepción, lo que no tiene base sustentada, pero cuya acción perjudicaría a la aplicación, por ejemplo, del protocolo de aborto terapéutico, causal legal del aborto en el Perú. 

Bancadas congresales que votaron a favor del Proyecto de Ley 785

Además, este proyecto de ley se aprueba coincidentemente luego de una derrota para los grupos conservadores religiosos y antiderechos. Hace dos semanas, la Corte Suprema ha declarado la constitucionalidad del protocolo de aborto terapéutico.

A nivel internacional, el Estado será responsable si se aprueba esta ley que perjudicaría el acceso al aborto terapéutico. Uno de los precedentes más importantes es el de K.L. en donde el Estado peruano fue encontrado culpable debido a que se obligó a la menor K.L. a llevar un embarazo no viable. 

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que el reconocimiento de los derechos del concebido “no es absoluto”. Por otro lado, el Comité de los Derechos del Niño ha exigido a los estados que se garantice la interrupción del embarazo por riesgo a la vida, a la salud de las niñas y adolescentes. 

Emilia Salazar, socióloga de la ONG feminista Demus, señala que “las acciones del Congreso no toman en cuenta la dignidad de las niñas y adolescentes que ya han nacido y tienen un proyecto de vida”. 

En riesgo el protocolo de aborto terapeútico

Por otro lado, Melissa Guillén, representante de la organización Manuela Ramos, señala que dentro de el Código Civil se reconoce al concebido como un sujeto de derechos y que “hacer explícitos este listado de derechos podría poner en riesgo y traería confusión a la práctica médica que se enfrenta a una situación en la que es necesario aplicar el protocolo de aborto terapéutico”. 

Según el último reporte de los Centro de Emergencia Mujer, solo en el 2022 se atendieron 7 614 casos de violencia sexual en contre de niñas y adolescentes y se registraron 1 625 nacimientos provenientes de niñas y adolescentes menores de 14 años. 

Doble criminalización

Para Emilia Salazar de Demus, se criminaliza doblemente a las mujeres a causa de que socialmente se les incrimina cuando deciden sobre la continuidad de su gestación y se les empuja más a acceder a servicios insalubres o clandestinos para detener un embarazo no deseado.

“Los congresistas creen que normando este tipo de proyectos van a minimizar los casos de aborto. Están cometiendo un grave error. No es difícil darse cuenta porque en cada esquina de cada distrito se observan [carteles de atraso menstrual]. Las mujeres abortan todos los días”.