Ampliación del REINFO hasta 2026 amenaza con agudizar riesgos ambientales y la criminalidad
La decisión del Congreso de aprobar en primera votación la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2026 ha provocado una ola de rechazo por parte de especialistas, organizaciones ambientales y líderes indígenas. Existe un consenso en que prolongar este proceso sin una reforma integral no solo perpetúa la minería ilegal, sino que profundiza riesgos críticos en el país: redes criminales, daños socioambientales y la filtración de dinero ilícito en la política peruana.
Dinero del oro ilegal y amenaza a la democracia
Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, alertó que este escenario incrementa la criminalidad y el riesgo de que los recursos de la minería ilegal ingresen a procesos electorales. De acuerdo con sus estimaciones, la producción de oro ilegal genera alrededor de 4 mil millones de dólares al año. “Con ese dinero se podrían financiar miles de campañas políticas. Incluso usar solo el 1% ya representa una amenaza gigantesca para el país”, sostuvo.
A esta ampliación se suma una propuesta que busca la reincorporación de cerca de 50 mil registros del REINFO que fueron excluidos en julio de este año. Los especialistas señalan que esta acción multiplicaría los riesgos y la impunidad en el sector.
Un Estado fragmentado ante economías ilegales
El exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, fue enfático al señalar que enfrentar la minería ilegal exige una respuesta articulada y transversal de todo el Estado: “No puede recaer en una sola entidad o ministerio. Se necesita una política pública coherente entre el Ejecutivo, el Legislativo y el sistema de justicia”.
Desde el sector empresarial, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), indicó que el Ministerio de Energía y Minas debe fortalecer la fiscalización mediante convenios con entidades como OEFA y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). Además, enfatizó que la promoción de la minería artesanal y de pequeña escala formal exige un enfoque técnico e integral que garantice sostenibilidad ambiental y un control efectivo y real de la actividad.
Impactos ambientales, derechos vulnerados y más violencia
El abogado ambientalista César Ipenza advirtió que una nueva ampliación del REINFO profundiza el incumplimiento de las obligaciones ambientales del Estado peruano, con posibles consecuencias en instancias internacionales. Además, recordó, que en abril pasado, el Tribunal Constitucional exhortó explícitamente a los poderes del Estado a no establecer exenciones de responsabilidad penal dentro de los procesos de formalización minera. Por lo tanto, insistir en la aprobación de esta nueva norma de ampliación incumpliría directamente el pronunciamiento del TC.
Desde los territorios, Julio Cusurichi, líder indígena y representante de Aidesep, sostuvo que estas iniciativas legislativas representan un retroceso y aumentan el riesgo para las comunidades y defensores ambientales. “Rechazamos la ampliación del REINFO porque vulnera nuestros derechos y nos expone aún más”, afirmó.
Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, alertó que las economías ilegales asociadas a la minería exponen a niños y adolescentes a delitos como la trata de personas y la explotación sexual, especialmente en zonas donde el Estado está ausente.
¿Corrección de rumbo o consolidación de la impunidad?
Con la segunda votación aún pendiente, el debate sobre el REINFO en el Congreso se perfila como un punto de quiebre. Para los especialistas, insistir en la ampliación del REINFO sin reformas estructurales puede convertirse en una catástrofe ambiental, social y democrática. En cambio, replantear el modelo de formalización podría abrir una oportunidad para frenar la expansión de la minería ilegal, proteger los territorios y evitar que el dinero del oro ilegal siga contaminando la política peruana.
Estas advertencias se expusieron durante el webinar “El REINFO y la extensión de la impunidad”, organizado por el Observatorio de Minería Ilegal junto con Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en un contexto marcado por la inminente segunda votación parlamentaria. Según los panelistas, la ampliación del REINFO solo reproduce un esquema fallido que ha servido históricamente como escudo legal para actividades netamente ilegales, en lugar de formalizar efectivamente.
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