Amplían denuncia contra Dina Boluarte en la Corte Penal Internacional por muertes durante protestas
En agosto del 2024, un grupo de ex altos funcionarios y abogados, como Indira Huilca, Carlos Rivera y Mirtha Vasquez, presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusando al régimen de Dina Boluarte de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas. Ahora, esta denuncia ha sido formalizada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para incorporar nuevos casos de muertes y heridos, y enfatizando la falta de procesos judiciales contra los responsables, lo que consideran un acto de impunidad.
Según el comunicado, Boluarte y varios exministros están siendo investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de 50 ciudadanos y las heridas sufridas por al menos 344 personas durante la represión policial de las protestas que tuvieron lugar entre enero de 2022 y febrero de 2023, tras la destitución de Pedro Castillo.
«La ampliación a que hacemos referencia se basa en la necesidad de completar información concreta sobre lo ocurrido en los últimos meses en relación con tales hechos y la situación de las víctimas, de acuerdo con los requerimientos jurídicos de la CPI», se lee en el comunicado.
“Nadie ha sido llevado a juicio”
Dentro del comunicado, los 18 juristas firmantes, expresaron su preocupación porque después de más de 2 años, las investigaciones de la Fiscalía contra Boluarte y sus exministros no han llegado a juicio y mucho menos a una sanción para los implicados.
«En efecto, desde agosto de 2024 a la fecha, han surgido una serie de elementos nuevos relacionados con la conducta de las autoridades del Perú mientras se confirma, ante propios y extraños, que nadie purga condena por los abominables ilícitos penales que referimos, nadie ha sido llevado a juicio y nadie ha sido acusado ante el Poder Judicial. Esto nos obliga a actualizar la denuncia con estricto apego al derecho internacional de los derechos humanos», expresan.
Finalmente, los juristas anunciaron que, con el respaldo de organizaciones internacionales, impulsarán la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer con precisión la magnitud de los hechos y facilitar la identificación total de los responsables.
Investigaciones por vulnerar derechos humanos contra Boluarte
En diciembre de 2022 y enero de 2023, la Fiscalía de la Nación inició investigaciones preliminares para determinar la responsabilidad de altos funcionarios, incluida Dina Boluarte, en las muertes ocurridas durante las protestas.
Aunque la líder del Ejecutivo afirmó desconocer las acciones específicas de las fuerzas del orden, la Constitución peruana la designa como Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, lo que implica una responsabilidad directa en su accionar. Informes, como el de Amnistía Internacional, públicos indican que tanto el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como el exministro del Interior, Alberto Otárola, declararon que la presidenta fue informada constantemente sobre la situación durante las manifestaciones.
Asimismo, en noviembre de 2024, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite una denuncia constitucional contra Boluarte por presuntos delitos de homicidio calificado en el contexto de las protestas. Esta denuncia fue presentada por el exfiscal de la nación (i), Juan Villena Campana, y busca esclarecer las responsabilidades en las muertes de ciudadanos durante las manifestaciones.
