Un grupo católico ha pasado más de 15 años buscando impedir que se entregue gratuitamente a las mujeres la píldora del día siguiente. La Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) es parte vital del ‘kit’ para víctimas de violencia sexual y podría convertirse en un privilegio si el Estado pierde la batalla legal contra la religión.

Lucero Ascarza

En un país con altas cifras de violencia sexual y poco énfasis en la prevención, los obstáculos para acceder al kit de emergencia exponen a las mujeres a más violencia: infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Wayka reconstruye los pasos que siguió ‘Brenda’, una mujer de 26 años víctima de agresión sexual, para recibir la AOE en un hospital del Estado. Un camino con trabas que no deberían existir, y que podría empeorar si la píldora se convierte en un producto exclusivo para quienes puedan pagarlo.

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Domingo 2 de agosto, 1:00 am.

‘Brenda’ despertó desnuda en una habitación que no conocía, sin recuerdos de las últimas horas. Se negaba a pensar que había sido víctima de una violación sexual, pero sabía que algo malo había ocurrido. En ese momento decidió llamar a la Línea 100.

Según el Protocolo de actuación conjunta para la atención a víctimas de violencia, no es necesario presentar una denuncia para acceder al kit que previene embarazos e infecciones de transmisión sexual. Tampoco es necesario tener DNI, ser mayor de edad o contar con autorización de un apoderado.

Los policías que rescataron a ‘Brenda’ pudieron llevarla directamente a un centro de salud. Pero no lo hicieron. En cambio, la trasladaron a la comisaría más cercana para que primero denuncie los hechos. Lo que siguió fueron horas de exámenes, físico-legal, toxicológico y psicológico. Cuando todo terminó ya eran las 8 de la mañana y ‘Brenda’ regresó a su casa.

Luis Meza, gineco-obstetra del Instituto Nacional Materno Perinatal, explicó anteriormente a Wayka que el sistema suele canalizar los casos de violación a través de la Policía o la Fiscalía. Esto muchas veces resulta en que las víctimas ni siquiera lleguen a los hospitales.

«Ante estos hechos lo primero que se necesita es recuperar la salud física y mental. Pero el enfoque que dan es primero la parte legal, y luego la salud de las personas», lamenta Meza. Cabe destacar que si la atención a las víctimas inicia en un centro de salud, también reciben acompañamiento para denunciar.

Domingo 2 de agosto, 12:00 pm.

Cerca del mediodía, un psicólogo y una abogada del Centro de Emergencia Mujer (CEM) fueron a casa de ‘Brenda’. Su situación se había considerado de alto riesgo para su integridad física y psicológica. Así lo indica el plan de seguridad que le entregaron, con indicaciones para cambiar sus rutas de desplazamiento y su número de celular.

Le dieron un oficio con la orden que debía entregar en el hospital para hacer uso del kit de emergencia. A pesar que, según protocolo, el personal del CEM debía acompañarla al establecimiento de salud y ser quienes entreguen la ficha de valoración de riesgo junto a la notificación del caso.

Eso no ocurrió. Casi doce horas después de reportar una denuncia por violencia sexual, ‘Brenda’ aún no recibía la píldora para prevenir un embarazo no deseado.

Lunes 3 de agosto, 3:00 pm.

‘Brenda’ está sola en el hospital. Lleva consigo los documentos que le entregaron los funcionarios del CEM.

«Al inicio tuve algunas trabas en el área administrativa. Me pusieron peros. Dijeron ‘esto no va poder ser hoy día, tiene que pasar a secretaría y ahí va a pasar a servicio social’«, relata. ‘Brenda’ pensó en las menores de edad que iban a pedir atención, que quizá se quedaban calladas y esperaban. En lo que va del año se han registrado casi 800 partos de niñas.

— Aquí dice kit de emergencia. ¿Acabo de sufrir una violación y me van a hacer esperar? ¿No pueden darme la bendita píldora del día siguiente? Es una emergencia, puedo quedar embarazada.

Estaba enojada y su reclamo fue efectivo. La asistenta social la llevó al área de ginecología para que la atendieran. De ahí la derivaron a farmacia con una receta.

De acuerdo a la directiva del Ministerio de Salud, un kit de emergencia contiene la píldora del día siguiente (Levonorgestrel); vacuna contra la difteria y tétanos; antibióticos como Azitromicina y Penicilina; pruebas para descartar embarazo, VIH y hepatitis y retrovirales como prevención.

El documento que ella tenía, sin embargo, solo decía kit de emergencia. «No me querían dar, dijeron que la gineco obstetra tenía que especificar en la receta todos los medicamentos», explica ‘Brenda’.

La normativa indica que los centros de salud arman el kit según el stock de productos que manejan sus farmacias y estos deben estar disponibles en el servicio de emergencia y ambientes como tópicos o consultorios. Eso no se cumplió, pues el personal dijo a ‘Brenda’ que en su inventario no había un ítem de ‘kit de emergencia’. Así, mientras pedía una nueva receta, la atención a su salud se seguía postergando.

Luego de esos obstáculos, finalmente le entregaron a ‘Brenda’ el kit que contiene la píldora del día siguiente. Habían pasado alrededor de 40 horas desde que reportó violencia sexual a la Línea 100. «Ese mismo rato me aplicaron las ampollas, me hicieron los exámenes y luego esperé una hora por los resultados», cuenta. Todo terminó a las 8 de la noche.

  • píldora del día siguiente
Píldora para todas

¿Qué pasaba si el hospital se negaba a atender a ‘Brenda’? Wayka reportó que durante la cuarentena por la COVID-19, menos de la mitad de víctimas de violación recibieron el kit de emergencia. En muchos casos, la Defensoría tuvo que intervenir para que el personal de salud cumpliera. Pero eso también podría no ocurrir.

«Lamentablemente en el Perú no existe un mecanismo idóneo para asegurar el derecho de una mujer de acceder a la AOE en el plazo que es necesario, que es menos de 72 horas. Lo que se podría hacer es presentar una queja a Susalud pero este trámite administrativo definitivamente va a tomar su tiempo y por ello no es idóneo», explica Gabriela Oporto, abogada de Promsex.

Ya sea que una mujer acuda primero a una comisaría, un CEM o un centro de salud luego de sufrir una violación, la atención a su salud física y mental es la prioridad. El proceso de denuncia, tan importante para el acceso a justicia, no debe retrasar el acceso de las víctimas al kit que contiene la píldora del día siguiente.

El proceso de ‘Brenda’ no fue el ideal, si bien reconoce el apoyo de los policías y la asistenta social. Sin embargo, como ella mismo pensó, la situación podría haber sido distinta para una niña o adolescente que no conociera sus derechos o cómo defenderlos.

Fuera de un centro de salud público, en farmacias privadas, la píldora del día siguiente puede costar entre 15 y 25 soles. Si el Estado le niega a una mujer el acceso a este anticonceptivo de emergencia, solo algunas tendrían la alternativa de comprarla. «La distribución gratuita de la píldora es importante porque garantiza que las mujeres más pobres puedan acceder a ella si sufren violencia sexual o si el método anticonceptivo que están usando falla», recalca Oporto.

Ahora, el Tribunal Constitucional tiene la última decisión en el juicio que inició la ONG ALA Sin Componenda contra el Ministerio de Salud para evitar la entrega de la píldora. De su sentencia depende que se garanticen los derechos de niñas, adolescentes y mujeres como ‘Brenda’ que se enfrentan a la violencia sexual.