¿Anti-Indígenas?:  Autoridades desconocen evidencias y desprotegen a pueblos indígenas en aislamiento

“Al desaprobar la creación de la reserva Yavarí Mirim, nos causan una tremenda preocupación porque afecta al territorio de todos los pueblos, incluyendo a los hermanos PIACI. Aquí la deforestación avanza todos los días por actividades ilegales. Si dejamos que esto continúe, en menos de 10 o 15 años el territorio estaría deforestado a gran escala. Qué pena que el propio Estado no nos defienda, vemos que es anti-indígena. De ahí nace nuestra preocupación”, declara para Wayka Francisco Hernández Cayetano, presidente de la Federación de Comunidades Ticuna y Yaguas del Bajo Amazonas (FECOTYBA).

Con 8 votos en contra y solo 5 a favor, el Estado dio un nuevo golpe a los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) el pasado 4 de septiembre. La Comisión Multisectorial PIACI —ente encargado de evaluar las reservas indígenas— desaprobó el Estudio Adicional de Categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, ubicada en Loreto.

La decisión ha sido denunciada públicamente por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), CONAP, ORPIO y la Plataforma del Corredor Territorial Yavarí Tapiche, quienes acusan al régimen de Dina Boluarte de menguar los derechos fundamentales de pueblos indígenas en extrema vulnerabilidad.

En su pronunciamiento, las organizaciones recuerdan que el estudio rechazado recogía 113 nuevas evidencias antropológicas —25 registros de asentamientos, chacras, malocas, imágenes satelitales y testimonios— que confirman la presencia de pueblos como los Matsés, Matis, Korubo, Kulina-Pano y Flecheiro (Tavakina), reconocidos por el Estado desde 2018 mediante el Decreto Supremo N.° 002-2018-MC.

Irregularidades y presiones políticas

El pronunciamiento alerta que el rechazo no se basa en criterios técnicos, sino en presiones políticas. En la votación participaron ministerios como Agricultura, Energía y Minas, Defensa e Interior, que actuaron “en bloque bajo una consigna clara contra los PIACI”.

“Detrás de esta votación están las grandes empresas y el mismo Estado, que quiere apropiarse de los territorios indígenas. Esa ausencia de votación de ministerios como Salud o Educación no es justificable: está en contra de la vida, del agua y de los recursos. Donde hay un pueblo indígena, hay un bosque. Si lo descuidamos, ese bosque será deforestado y debilitado, además de generar sequías”, manifiesta el presidente de FECOTYBA.

Leo Chuma Tecca Besos, jefe de la comunidad nativa Matsés, expresó que la abstención de los ministerios en la votación refleja la corrupción y el abandono hacia los pueblos indígenas: “El gobierno es egoísta y mezquino. Nosotros vivimos en comunidades alejadas, donde no hay presencia de educación ni de salud. La creación de la reserva sería un beneficio para todos, pero al Estado no le conviene y por eso se opone. Esto demuestra las grandes mafias de corrupción que existen dentro del gobierno y que afectan directamente a nuestras comunidades. Nosotros, como peruanos, también tenemos derecho a la tierra, a la educación y a la salud”.

La sesión también estuvo marcada por la presencia del congresista Juan Carlos Celis Mori, promotor de iniciativas como el Proyecto de Ley N.° 12215/2025-CR, que busca modificar la Ley PIACI y abrir la puerta a que reservas ya reconocidas puedan ser anuladas. Para las organizaciones, estas maniobras constituyen una amenaza directa a la supervivencia de los pueblos aislados.

¿Qué está en juego?

La Reserva Yavarí Mirim forma parte de un corredor ecológico y cultural clave entre Perú y Brasil. No reconocerla expone a los pueblos indígenas en aislamiento a invasiones territoriales, contacto forzado, enfermedades y desplazamiento violento. Desde 2019, la Ley PIACI exige un enfoque estricto de protección para pueblos no contactados. Sin embargo, la actual administración ha optado por alinearse con intereses extractivos y legislativos que desconocen el principio de precaución.

Resistencia y futuro

Para las comunidades, el pronunciamiento no marca el final, sino la continuidad de la lucha. “Estamos planificando nuevas acciones y estudios adicionales para volver a presentar al Ministerio de Cultura. No sabemos cuánto tiempo más tendremos que esperar, pero vamos a seguir en la misma lucha, hasta donde podamos. Queremos visibilizar al pueblo indígena, que se respeten sus derechos y que el Estado reconozca sus territorios”, afirma Hernández Cayetano.

La denuncia de AIDESEP, ORPIO, CONAP y la Plataforma del Corredor Territorial Yavarí Tapiche coincide con este llamado: exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones legales y de protección no solo es un acto de justicia para los pueblos en aislamiento, sino también una defensa de la vida, el agua y los bosques que sostienen a la Amazonía entera.

Por: Silvia Bardales