Redacción Wayka
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió cerrar el Segundo Juzgado Permanente de Violencia Familiar de Apurímac y convertirlo en un Juzgado de Trabajo. La disposición entró en vigencia el primer día de octubre y pone en riesgo la atención oportuna de las denuncias por violencia contra las mujeres y niñas.
Mediante la Resolución Administrativa N°269-2020, se dispuso que el Primer Juzgado de Familia de Abancay sea el único que se encargue de atender todos los casos que se presenten. Cabe resaltar que Apurímac es una de las regiones con más casos de violencia registrados; hasta agosto se presentaron 769 denuncias, según el Ministerio de la Mujer.
Ante la decisión tomada por las autoridades, diversos colectivos feministas han manifestado su rechazo y alertan sobre el riesgo que implica para la vidas de cientos de mujeres y niñas.
«Esta decisión que nace de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, lo único que hace es perjudicar a las víctimas de violencia familiar que solicitan a los Juzgados de Familia medidas de protección a fin de prevenir mayores daños en sus vidas», resalta la colectiva feminista Wayra Warmikuna.
La Defensoría del Pueblo también ha advertido sobre el riesgo de carga procesal que implica el funcionamiento de un solo juzgado para atender los casos. «Se pone en riesgo la debida diligencia en estos casos, más aún en este contexto de pandemia», señaló Artemio Solano, representante de la Defensoría del Pueblo en la región.
La resolución que aprueba el cierre del segundo juzgado, contemplaba la creación de Módulos de Familia para atender la carga procesal; sin embargo, debido a la emergencia sanita por la COVID-19, no se han implementado y han quedado postergados.
