Arana aprueba en el Congreso con plan antiderechos: Renunciar al SIDH y copiar a Bukele

El discurso del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para obtener el voto de confianza en el Congreso no solo marcó el inicio formal de su gestión, sino también una preocupante hoja de ruta que llevaría al Perú a un retroceso en materia de derechos humanos.

Apoyando su propuesta de salir Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y enviar presos a El Salvador, que posee un sistema carcelario antiderechos, el Congreso, con 62 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones, le dio el voto de confianza a Arana y su gabinete ministerial.

Salida de la Sistema Interamericano

Arana, quien como exministro de Justicia promovió debates para aplicar la pena de muerte, anunció que el Gobierno pondrá crear una comisión “plural” para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que abarca la Corte y la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Este proyecto de salida resulta alarmante en la coyuntura actual, por la fragilidad de las instituciones del Estado peruano y por los resultados del SIDH, que muchas veces ha sido este sistema el que ha permitido a ciudadanos peruanos acceder a justicia internacional cuando el Estado falló, como los casos La Oroya, La Cantuta, Azul Rojas Marin, Celia Ramos, entre otros.

Asimismo, abandonar el SIDH significaría que el Perú renuncia a los compromisos asumidos con la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), y por tanto, dejaría de estar bajo el escrutinio de la Corte y la Comisión Interamericanas.

Esta no es una propuesta nueva. En los últimos años, sectores del Congreso y del Ejecutivo han expresado su incomodidad frente a las sentencias de la Corte IDH, incluso la misma Dina Boluarte, quién ha sido acusada de cometer delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, se ha mostrado dispuesta a debatir esta salida.

Mandar presos a El Salvador

Pero esa no fue la única propuesta polémica del premier. En línea con la narrativa “mano dura”, Arana también planteó trasladar a reos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen, y mencionó específicamente una posible cooperación con El Salvador, donde se encuentra el CECOT, una megacárcel promovida por el presidente Nayib Bukele.

El modelo salvadoreño ha sido denunciado por organizaciones como Human Rights Watch por el uso sistemático de detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas, por lo que importar este enfoque carcelario implicaría legitimar un sistema carcelario donde los derechos más básicos están ausentes.

Arana no sería el único. La congresista Katy Ugarte ha presentado también esta propuesta, alegando que sería un “ahorro”; sin embargo, no sería así. Por ejemplo, de acuerdo con Nery Mabel Reyes, directora de Noticias de Radio YSKL de El Salvador, el gobierno de Bukele le cobra a Estados Unidos más de 200 dólares diarios por preso extranjero (73 mil dólares anuales por interno), mientras que el Perú, según datos del INPE, solo invierte 30 soles diarios por persona privada de su libertad.

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