Pese a que han pasado cuatro años del incendio que destruyó sus hogares, la comunidad shipiba de Cantagallo ha recibido una terrible noticia: ya no se construirá el complejo habitacional que les fue prometido debido a los altos niveles de contaminación y a su inviabilidad económica.
Hace tres semanas, los dirigentes shipibos-konibos Vladimir Inuma y Ricardo Franco se reunieron con funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para conocer el estado del proyecto, concebido en 2016, que planteaba la construcción de viviendas y la habilitación de agua, desagüe y veredas para las 238 familias que integran la primera comunidad shipiba de Cantagallo. De acuerdo a una publicación de La República.
En octubre de 2017, a pedido del Ministerio de Vivienda, todas las familias abandonaron el espacio que ocupaban por 15 años para que comiencen las obras. Sin embargo, luego de dos años sin avances y conflictos por la superficie del terreno, decidieron volver. “Están peor que antes de la intervención. No solo no se han cumplido promesas, sino se ha generado impacto”, dice Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh)
“Nos han dicho que es imposible construir y buscarán alternativas. Pero si la población quiere quedarse, emitirán un decreto para que el otro gobierno siga con el proyecto”, dice Ricardo Franco, presidente de Avshil.
Mientras que el dirigente Vladimir Inuma señala que ya no abandonarán Cantagallo y pide que se cumpla con el saneamiento físico legal y que les entreguen un título de propiedad para que ellos busquen financiamiento del exterior. “Nos dijeron que cumplirían en 16 meses y no hicieron nada. No somos un estorbo, somos un aporte. Juegan con nosotros”.
La comunidad shipiba solicita que el Ministerio de Educación instale módulos para el dictado de clases presenciales y esperan una reunión con la ministra de Vivienda, Solángel Fernández.
Además, la comunidad shipiba alerta que no cuentan con agua potable de corrido y acuden a la comisaría o cisternas para obtenerla. Su situación es grave porque tampoco cuentan con gel antibacterial o alcohol por lo que están expuestos a contagiarse de COVID-19. Exigen se les asegure agua y desagüe.