Zintia Fernández

Cien familias protestan desde hace tres semanas en Iquitos para retirar a sus fallecidos del denominado  ‘Cementerio COVID-19’, lugar hasta donde fueron trasladados -manifiestan- sin haberles informado y sin previa autorización.

Los deudos no confían en que sus familiares estén sepultados en los lugares asignados por la Dirección de Salud Ambiental–DESA. A la fecha, esa entidad registra 2 066 muertos por esta enfermedad en Loreto.

El ‘Cementerio COVID- 19’ fue habilitado detrás del cementerio municipal del distrito de San Juan Bautista, el pasado 22 de abril por el Gobierno Regional de Loreto. Actualmente alberga 368 fallecidos, distribuidos en nueve pabellones (A – I). Según las autoridades regionales, los familiares pueden tener acceso “a la geolocalización de los cadáveres” a través de DESA.

Patricia Cárdenas aseguró a Wayka que no firmó la autorización ara que su abuelo, Antenor Mozombite, de  80 años, sea sepultado en el ‘Cementerio Covid-19’, como exige el procedimiento. “(Mi abuelo) falleció el 2 de mayo en la noche cerca al hospital regional porque no recibió atención médica. Nosotros compramos el ataúd y coordinamos con una funeraria para el sepelio. Al acudir a retirar el cuerpo nos dijeron que regresemos al día siguiente. Eso hicimos, pero nos dijeron que ya se lo habían llevado al cementerio”.

SIN UBICACIÓN PRECISA

Similar hecho ocurrió con el padre de Joaquín García. “Después que se lo llevaron, o nos robaran el cuerpo mientras hacíamos los trámites, reclamé, pregunté: ¿Dónde está?, y con el primer croquis determinaron D24. Ubiqué el lugar, puse una cruz e incluso el nombre, pero con otro croquis me mandan al pabellón D22. Hasta tres familias recibieron un mismo código”, manifestó.  

Por denuncias de este tipo, otras personas exigen se les autorice retirar los cuerpos de sus familiares para “un entierro digno”.  Han realizado una vigilia en la Plaza de Armas y sedes de diferentes direcciones regionales, e incluso llegaron a firmar un acta con el gobernador regional, Elisbán Ochoa, donde pactaron una reunión para el 27 de junio, pero fueron “desairados”.  Según los familiares, los problemas de ubicación están en los pabellones A, B y C.

“No acudió (el gobernador) y solo estuvieron sus funcionarios. Algunos dijeron que no era su función hacer ese trabajo, como si nos estuviera haciendo un favor.  Nosotros vamos a seguir con las protestas para retirar los cuerpos, porque según la norma no se puede hacer exhumación hasta después de un año, ¡pero han retirado hasta 4 cuerpos en menos de una semana! ¿Y los demás?”, agregó Joaquín García.

En tanto, el director de DESA, Elvis Sandoval, aseguró que trabajan en la vía legal para apoyar a las familias, aunque resaltó que no sería prudente proceder con los retiros. “Estaríamos exponiendo a los mismos participantes  y sus familiares”, agregó.  El funcionario confirmó que se han retirado cuatro cuerpoS, previa autorización del Ministerio Público, y que hay imprecisiones en la ubicación dejadas por su antecesor en el cargo. “En los primeros entierros, las funerarias han colocado tres cuerpos por fosa, que nos parece inadecuado, y  los demás son unipersonales”, aseveró.

Este martes 30 de junio por la tarde se realizará otra reunión entre las autoridades y familiares.