Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Arequipa está entre los primeros puestos de regiones con más feminicidios, sin embargo, los crímenes ocurridos en el 2019 y 2020 aún no encuentran justicia.
Jharold Pino Escarcena
Cerca de las 21:30 horas del miércoles 27 de enero del presente año, el arranque estridente de una moto lineal rompió el silencio de la noche en Chala, un distrito de Caravelí en Arequipa. El conductor Hugo Enrique Pumarino Medina (47), había disparado en la cabeza a su conviviente Adela Celedonia Ortiz Vasquez (47), y escapaba de la escena del crimen.
La víctima quedó tendida en el piso de su sala, sin signos vitales y en los brazos de su hermano, su verdugo le había reclamado su intención de separarse y querer rehacer su vida junto a sus cuatro hijos.
Tras el disparo, una de las menores entró e interrogó a su padre por lo ocurrido, según los testimonios, Hugo Pumarino salió de la vivienda, prendió su moto y se dio a la fuga. Policías de la Comisaría de Chala llegaron al lugar e iniciaron un operativo de búsqueda, el asesino de Adela fue detenido recién el 19 de febrero en la provincia de Caravelí.
El fiscal Wilfredo Sánchez Vera, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, pidió 21 años de prisión para el detenido, lo que logró hasta la fecha son 9 meses de prisión preventiva. Pero no es el único caso, ninguno de los feminicidios del 2019 y 2020 han logrado hasta el momento una sentencia firme contra los victimarios.
Adela Ortiz es una de las tres víctimas de feminicidio en el 2021 en la región, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Que, como indica Shirley Oporto, presidenta del Colectivo Ni Una Menos en Arequipa, no son sólo cifras frías y cuadros estadísticos, sino que detrás tienen decenas de personas reclamando justicia.
FEMINICIDIOS DEL 2019 Y 2020
Shirley y sus compañeras del Colectivo brindan ayuda y asesoría a las familias de las víctimas de feminicidio, a las mujeres maltratadas y abusadas de Arequipa. Según su propio registro, las víctimas de feminicidio del 2019 y 2020 son más de las que informa el MIMP.
Según el Portal Estadístico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Arequipa es una de las regiones donde más violencia contra las mujeres se ejerce. En lo que va del 2021, es la segunda región con más feminicidios después de Lima, 3 mujeres asesinadas hasta febrero y dos tentativas.
De enero a diciembre del 2020 ocurrieron 131 feminicidios a nivel nacional, 8 en Arequipa y 8 tentativas más. En el 2019, la situación fue peor para las mujeres, se registraron 166 víctimas de feminicidio en el Perú, 7 en Arequipa y 23 tentativas. Es decir, durante 2019 y 2020, asesinaron a 15 mujeres en la “ciudad blanca”.
Sin embargo, según el Colectivo Ni Una Menos, se trataría de 19 víctimas en los dos últimos años. Incluidas 5 menores de edad, la más pequeña de 3 años.
Neibet Rivadeneira(30), Luz Clarita Tangoa (20 años), Brenda Martinez, Juana Gómez (47), Zenobia Machaca (28), Noelia Cayro (34), Hilda Cañari (35), Marisol Huaraya (27), Rosa Miranda (38), Helen Cañazaca (24), Cinthya Torres (36), Yakelin Iquise, G. T. (3), Adela Gutiérrez (25), Karina Mendez (33), M. F. T. N. (16), A. J. H. M. (4), J. M. M. Y. (16), A. B. M. (17).
FEMINICIDIOS SIN SENTENCIA
Según la fiscal Yajaida Huamán Escobar, de la Segunda Fiscalía Provincial y Corporativa Especializada en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, de los 15 casos de feminicidio del 2019 y 2020, ninguno cuenta con sentencia firme hasta el momento, solo prisiones preventivas que pueden extenderse a lo mucho hasta 36 meses.
Los casos de feminicidio que maneja el Ministerio Público pueden ser atendidos de dos formas, iniciando con el hallazgo de un cuerpo. Primero, si es en flagrancia, se puede identificar al victimario y proceder con su captura en tan solo 24 horas.
Sin embargo, cuando no es así, se procede a la indagación y apertura de líneas de investigación. En ambos casos, se requiere buscar indicios y evidencias con el fin de establecer una acusación para llevar el caso a juicio. Según la fiscal, el tiempo promedio de este proceso es de 6 a 12 meses.
Yajaida Huamán indicó que una de las acciones más difíciles en los casos de feminicidio, es “determinar el contexto”, es decir, adjuntar los medios probatorios para sustentar que fueron feminicidios por violencia intrafamiliar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, prevalimiento o discriminación.
PODER JUDICIAL
Por su parte, desde el 1 de agosto del 2020, la Corte Superior de Justicia de Arequipa creó el Módulo Subespecializado en temas de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar. Son 15 jueces en total, 9 a cargo de los juzgados de investigación preparatoria y 6 de los juzgados unipersonales, además 3 que tienen a su cargo adicionalmente juzgados colegiados.
Este Módulo inició con una carga procesal de 13 mil 112 expedientes, 58% atribuido a delitos por violencia psicológica y económica, 24% por delitos de actos contra el pudor, 14% por violencia sexual y 4% por feminicidios.
En entrevista con Wayka, Patricia Posadas, coordinadora de los jueces de este módulo, indicó que la labor de los jueces es el juzgamiento en base a la presentación de pruebas que adjunta el Ministerio Público y la parte acusada.
A diferencia de la Fiscalía, detalló que los casos más complejos pueden tardar hasta dos años para iniciar el juicio. Posteriormente, las audiencias podrían demorar un mes como mínimo, dos veces por semana y entre 4 a 6 horas. Existen además opciones de apelación de la sentencia hasta en dos oportunidades, lo que alargaría el proceso de búsqueda de justicia por muchos años.
De igual manera, la jueza indicó que para un delito como feminicidio, se deben comprobar la condición de vulnerabilidad y menosprecio hacía la mujer, además de un contexto de violencia familiar, mediante pruebas o testigos.
Según Posadas, los jueces de este Módulo no tuvieron que acreditar una capacitación previa en temas de violencia contra la mujer. Sin embargo, afirmó que posteriormente, comenzaron a recibir talleres y charlas sobre el tema.
ANTECEDENTES SIN SENTENCIAS
La Defensoría del Pueblo emitió en diciembre del 2020, un informe sobre la situación legal de los 11 casos de feminicidio en el 2017 en Arequipa, dando a conocer que solo dos contaban con sentencia firme.
Se recomendó a la Corte Superior de Justicia de Arequipa convocar a un Pleno Jurisdiccional Distrital, que es una reunión de jueces superiores, con la participación de la Defensoría, Ministerio Público y Centro de Emergencia Mujer, para tratar temas como la tipificación, agravantes y reparación civil en casos de feminicidio y violencia de género.
PREVENCIÓN
Dessy Zanabria, especialista en temas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, indicó que hace falta la mejora del código penal y civil. Sobre el primero, modificar los plazos de maltrato, lesiones leves y lesiones graves, siendo más estrictos con el tema, Asimismo, garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y los trabajos comunitarios para agresores. Con el fin de evitar llegar a un escenario de feminicidio.
Por su parte, Fiorella Mattos, representante de la Asociación U-manos, indicó que el Estado peruano tiene una acción reactiva frente a casos de feminicidios y violencia. Es decir, espera a que suceda el crimen para recién actuar, “cuando debería ser un estado proactivo, que implemente medidas de prevención”.
Bajo esa premisa, se creó el Centro de Recuperación Emocional Integral para Víctimas, Reeducación de Agresores,y Fortalecimiento de la Familia (CREIVA), uno de los primeros centros preventivos en el sur del país resultado de la instancia articuladora distrital de Arequipa, se encuentra en Tiabaya y beneficiará a cerca de 118 mil 774 personas.
El CREIVA trabaja principalmente en la prevención de la violencia y atención psicológica, no solo para víctimas o agresores con sentencia, sino para toda la población que acuda en búsqueda de ayuda para evitar situaciones trágicas. Y cuenta con el apoyo de asistentes sociales, abogados, actores comunitarios, periodistas y voluntarios.
Desde U-manos plantean reforzar la atención y cuidado de la salud mental de las víctimas, así como tratarlos con mayor importancia en el ámbito penal, dado que el 50% de casos de violencia durante el 2019 y 2020 fueron psicológicos, por encima de la violencia física, sexual, económica o patrimonial, según datos del MIMP.
Finalmente, para comprender la impunidad en los casos de feminicidio, existen diferentes factores para analizar, las especialistas señalan cambios y prevención, las instituciones de justicia detallan cargas procesales y procesos legales complicados, y los colectivos recuerdan que los familiares de las víctimas no tienen fuerzas ni ánimos para seguir procesos largos que les recuerdan a cada rato una tragedia. De una u otra forma, la consecuencia es la impunidad en los casos de feminicidio, donde los victimarios no son sentenciados y las víctimas no encuentran justicia aún después de ser enterradas.
