Redacción Wayka
Protección para los defensores. Tras conocer los peligros que corren los dirigentes indígenas que defienden sus bosques de mafias vinculadas al tráfico de tierras, narcotráfico y otras actividades ilícitas, como la tala y minería ilegal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhorta al Estado peruano a que tome medidas de protección sobre ellos.
En una resolución emitida apenas el pasado 28 de octubre, la CIDH le pide al Estado peruano que “adopte las medidas necesarias (…) para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los beneficiarios, evitando en particular la comisión de actos de violencia por parte de terceros” y que informe sobre las acciones implementadas en un plazo de quince días.
Esta medida cautelar emitida por la CIDH se refiere a los ataques y amenazas contra la comunidad Santa Clara de Uchunya (Ucayali) y el líder indígena Miguel Guimaraes Vásquez, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau). Como se recuerda, en julio de 2018, dos dirigentes de Santa Clara de Uchunya fueron atacados con armas de fuego; mientras que el dirigente Miguel Guimaraes recibió una amenaza escrita que decía: “Procedemos a las buenas o malas cabrón”.
Estos no serían los únicos casos. Durante el estado de emergencia, se reportaron diversos ataques y amenazas contra defensores ambientales, y por lo menos cuatro fueron asesinados: Arbildo Meléndez (Huánuco), Gonzalo Pío (Junín), Lorenzo Wampagkit (Amazonas) y Roberto Carlos Pacheco (Madre de Dios).
“Esta es una decisión muy favorable a nivel individual y colectivo para los miembros del pueblo shipibo-conibo que venimos sufriendo amenazas de forma directa como defensores de los bosques y territorios. Por eso, desde la comunidad de Santa Clara de Uchunya y Feconau, instamos al Estado peruano a cumplir con esta medida y salvaguardar nuestro derecho a la vida”, declaró el dirigente Miguel Guimaraes para el Instituto de Defensa Legal sobre la medida cautelar emitida por la CIDH.
