La madrugada del 23 de octubre, la Policía y el Ministerio Público desplegaron un operativo para detener al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y otros nueve implicados en la presunta organización criminal ‘Los hijos del Cóndor’ desde la cual, Cáceres y funcionarios de su gestión habrían cometido varios delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión, peculado, cohecho activo, cohecho pasivo, entre otros.
Según la investigación policial, Cáceres Llica sería el líder de ‘Los hijos del Cóndor’ y, desde su cargo, compraba a los consejeros regionales ofreciéndoles la administración de obras, beneficios laborales y económicos, así como la adjudicación de terrenos del Estado a cambio de que no fiscalicen su gestión y que no apoyen posibles pedidos de interpelación en su contra ni contra su personal de confianza.
Además de Cáceres (‘El Cóndor’), también fueron detenidos: Napoleón Ocsa, gerente de la Autoridad Autónoma de Majes; Gregorio Palma, gerente del Gobierno Regional de Arequipa; los consejeros regionales Jeymi Flores, Miguel Guzmán, Herlyn Zúñiga y Ronal Bernal; Richard Calvo, gerente de Desarrollo Económico Proyecto Especial Majes Siguas; Mario Jacobo, presidente de la Asociación Agroindustrial Pampas Bayas Sol Radiante de Majes y Alexander Martínez, resguardo policial de Cáceres.
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Cabe precisar que aún faltan capturar a otros 10 funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa que también formarían parte de esta presunta red criminal. El informe de investigación policial refiere que Gregorio Palma, Napoleón Ocsa, Wilfredo Llaiqui, Marcelo Cordova y Augusto Palaco eran los encargados de tomar las órdenes de Cáceres y ejecutarlas.
Sus “acciones delictivas” eran gestionadas mediante las oficinas de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, de Ordenamiento Territorial y a través de la Gerencia de desarrollo económico del proyecto Majes Siguas. Mientras que los consejeros regionales se encargaban de apoyar todas las propuestas hechas por Cáceres e incluso lo libraron de interpelaciones.
La investigación policial determinó que los implicados tenían reuniones previas a las sesiones del Consejo Regional para concertar votos o llegar a acuerdos con el objetivo de favorecer a Cáceres. Una de esas reuniones fue realizada en la picantería Las Nieves, ubicada en el distrito de Hunter. En dicha reunión, utilizaron el segundo piso del establecimiento, taparon con plástico las cámaras de seguridad y se repartieron comisiones para dominar el Consejo Regional.
Por su parte, el Ministerio Público concluyó, luego de investigar a esta red durante dos años, que en esas reuniones periódicas también se hacían “repartijas” de terrenos públicos a favor de los consejeros regionales mediante testaferros. El modus operandi era siempre el mismo, una tercera persona de confianza se inscribía como socia de las asociaciones Pampas Bayas, Sol Radiante, entre otras, para obtener los predios.
