Usuarios y organizaciones señalan que, Conadis, como unidad consultiva, no ha logrado responder con eficiencia a sus propias funciones, por lo que, consideran, no están en la capacidad de asumir responabilidades ejecutoras.

El 3 de agosto del presente mes, se publicó el Decreto Legislativo N° 008-2023-MIMP, en el que se aprobó la absorción de la Unidad de Servicios de Personas con Discapacidad (USPDD) por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), decisión que despertó el malestar de diversas asociaciones de la sociedad civil que velan por el bienestar de las personas con discapacidad.

Dicha unidad, que previamente era gestionada por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), tiene como funciones coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de protección y prevención de abandono de las personas con discapacidad intelectual, asociadas a trastorno de desarrollo orgánico cerebral, según cita en la misma página del Estado peruano. 

Por otro lado CONADIS, se encarga del reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, generando condiciones en su entorno que les permitan ejercerlos en igualdad de condiciones que las demás, con el fin de superar brechas y eliminar obstáculos.

Al respecto, la vocera de la organización Sociedad y Discapacidad, Liliana Peñaherrera, explicó en conversación con Wayka que “el Conadis es una instancia que se crea para poder velar por los derechos de las personas con discapacidad, no es un ente ejecutor. Nace como un consejo en realidad, luego se reorganiza, pero no tiene funciones ejecutoras, simplemente de asesorías técnica y dar lineamientos”. 

Por esa razón, diversas organizaciones se han mostrado en contra de esta fusión, explica Peñaherrera, “Lo que nosotros consideramos es que Conadis tiene otras funciones, que no son de gestionar e implementar, menos un servicio que implica atender a las personas con discapacidad, menos niñez y adolescencia. Conadis no tiene esa capacidad de gestión, aún cuando digan que lo están pasando con personal y presupuesto. Conadis ni siquiera ha logrado cumplir con lo que tiene a cargo”. 

Al respecto, en un pronunciamiento firmado por más de 30 asociaciones de personas con discapacidad han detallado que Conadis, “no ha logrado constituir en más de 10 años un Consejo Consultivo conformado por personas con discapacidad que la ley ordena, ni ha logrado establecer en más de dos años una estrategia de implementación de la reforma que otorga capacidad jurídica a las personas con discapacidad. Tampoco ha conseguido aún que la Política Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 sea una prioridad para el Estado peruano”.

Además, según lo publicado, “Esta iniciativa transgrede el cumplimiento de la política de discapacidad, la cual Conadis podría estar impulsando a través de la fiscalización, el asesoramiento, la transversalización del enfoque de discapacidad y la desinstitucionalización de personas con discapacidad, tal como lo manda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2006), firmado y aprobado por el Estado peruano; particularmente, las observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de Perú emitidos por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU”. 

Debido a las diferentes opiniones en contra, CONADIS publicó su propio comunicado en el que expresa que la unión que aprobaron responde a la “modernización del Estado” y que se encuentran en la enfocados en realizar las “reformas necesarias” para garantizar servicios alineados con la convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en atención a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Por su parte, Peñaherrera considera que dicha decisión de parte del Ministerio de la Mujer, de quien depende INABIF y USPDD, es una forma de desligarse de la responsabilidad vigente, sobre las personas con discapacidad. 

“El traslado es como que quisieran pasarle la papa caliente a CONADIS, como han hecho cuando pretenden que CONADIS también se haga cargo de los servicios de asistencia personal y de cuidados. Esa es una clara función del Ministerio.”

Sobrepoblación en los Centros de Acogida de INABIF

Según la información de la web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, existen un total de 57 Centros de Acogida Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes, en los cuáles se han atendido a 2425 menores y adultos este año. 

De ellos, 10 son especializados en discapacidad. Según la información compartida por Sociedad y Discapacidad, estos centros tienen una capacidad para 412 personas, existiendo un 15% de sobrepoblación en promedio. Algunos CAR de adultos como Niño Jesús de Praga tiene 42% de sobrepoblación y Renacer 34% de sobrepoblación.

Cabe señalar además, que en las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad señalan que el Estado “ponga en marcha programas integrales para que las personas con discapacidad tengan acceso a una amplia gama de programas de rehabilitación domiciliaria, residencial, comunitaria o de otro tipo, especialmente en las zonas rurales”.

Además exigen que el Estado “que formule nuevas políticas que promuevan la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, mediante, por ejemplo, incentivos fiscales a las empresas y particulares que empleen a personas con discapacidad”, entre otras medidas que buscan mantener la independencia de las personas con discapacidad. 

Por lo que, según menciona Liliana Peñaherrera, el deber del Estado es facilitar la inserción de las personas con discapacidad y no reunirlos en Centros Asistenciales como una forma de aislarlos. “INABIF debe trabajar en servicios que promuevan que las personas no sean extraídas de su núcleo familiar, y no aislarlos y hacinarlos en centros que no tienen capacidad de gestión suficiente”, sentenció.