Por Milton López Tarabochia

La luz se había negociado solo con los varones de la comunidad, mientras que la opinión de las mujeres se quedó en la oscuridad. Hace unos años la empresa Transmantaro quiso colocar postes de alta tensión para la energía eléctrica en la comunidad quechua de Luyanta, provincia de Huamanga, región andina de Ayacucho en Perú, pero la ejecución de dicho proyecto solo se conversó con los varones, al margen de las mujeres, pese a que en el estatuto comunal de la comunidad las mujeres eran comuneras calificadas.

La pregunta que quedó en el aire de la comunidad fue, ¿por qué se autorizó el trato sin consultar a las comuneras si el estatuto decía lo contrario?

La empresa anunció que el acuerdo se había hecho y se procedería sí o sí con la electrificación de la zona. Sin embargo, gracias al reclamo activo de las comuneras, los varones se rectificaron y apoyaron la idea de una futura renegociación del contrato, esta vez, con la participación activa de las mujeres.

En el presente año, Transmantaro tuvo que pagar un monto extra por dicha renegociación ya que la consulta previa e informada no se había dado de manera regular.

“Lo que sucedió con Luyanta es un ejemplo de los efectos negativos en el desarrollo de una comunidad campesina o nativa en el Perú por la falta de la participación de la mujer en la toma de decisiones de la gobernanza territorial. La excluyen de decisiones que implican a todos”, explica a Wayka, Raquel Reynoso, presidenta de la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER).

La experiencia narrada en Luyanta se dio en el marco de un proyecto en favor de la igualdad de género para la participación de la mujer en la tenencia de la tierra desarrollado por SER, junto a International Land Coalition (ILC) y Manos Unidas.

Dicha iniciativa ha logrado que en 10 comunidades campesinas de Ayacucho se hayan nombrado a 632 mujeres como comuneras calificadas y en la región de Puno a 303 comuneras. Además, con trabajo de sensibilización a varones y mujeres, se está logrando que las comuneras puedan participar de forma activa en las asambleas comunales.

Según Raquel Reynoso de SER, es una prioridad para una verdadera democracia la participación de la mujer en la toma de decisiones en lo que se conoce como Gobernanza de la Tierra, que involucra las decisiones que se toman para la tenencia de la tierra.

Los problemas de la participación de la mujer en la tenencia de la tierra son complejos, pero para entenderlos mejor se pueden dividir en dos momentos: uno, cuando la mujer aún no es declarada como comunera calificada, y por otro lado, cuando ya lo es, pero aun así no participa de manera activa, que fue lo que sucedió en la comunidad de Luyanta.

Asamblea estatutaria para la modificatoria del estatuto de la Comunidad Campesina Uras, ubicada en el distrito San Miguel, provincia de La Mar (Ayacucho). Crédito: ONAMIAP

Desiguales en la ley y en la realidad

La marginación de la mujer en la tenencia de la tierra, de acuerdo a Melania Canales, vicepresidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), se debe a varios factores, entre los que encontramos uno de índole cultural y otro relacionado a la seguridad jurídica.

Si hablamos de la seguridad jurídica, un estudio titulado “Poder y potencialidad: análisis comparativo de las leyes y regulaciones nacionales en materia de los derechos de las mujeres a los bosques comunitarios” de la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI por su sigla en inglés), que se aplicó en 30 países de Asia, África y América Latina revela que solo el 3% de los marcos legales de esas regiones garantizan la participación de la mujer indígena y rural en la tenencia de la tierra.

La conclusión general del estudio es la siguiente: no hay ninguna región que ofrezca a las mujeres unas protecciones legales más sólidas de forma consistente (…)”.

En comunicación con Iliana Monterroso, investigadora postdoctoral en tenencia forestal de Centro de la Investigación Forestal Internacional (Cifor por su sigla en inglés), señala que si bien con la Nueva Ley Forestal y La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del Perú existen principios de equidad de género, aún falta determinar directrices o manuales de cómo se traducen estos lineamientos en la práctica.

Un gran vacío en materia legal es el tema de la herencia con enfoque de género, ya que en muchas comunidades nativas y campesinas del Perú, por el hecho de que la mujer no es comunera no tiene la capacidad, por ejemplo, de ser nombrada cabeza de familia o de heredar la tierra a sus hijas.

Un caso es con la Ley de Comunidades Nativas, dice Monterroso, que señala que en materia de herencia esta se define por los usos y las costumbres de cada comunidad. “La herencia solo se define si los estatutos comunales lo determinan así. Sucedió así en nuestra experiencia en Madre de Dios y en Loreto”.

Iliana Monterroso de Cifor se refiere a su estudio aplicado en 22 comunidades (18 tituladas y 4 no tituladas) de las regiones de Madre de Dios y Loreto. Con dicha investigación demostró que las mujeres perciben cómo se les excluye de la definición de las reglas comunales. Son dos grandes resultados los que arrojó su estudio: primero, que los hombres pueden llegar a manejar un 40% más de tierra que las mujeres, 4,6 hectáreas para los varones mientras que a las mujeres les queda 2,8 hectáreas.

El segundo resultado comprobó que de cada 10 hombres y 10 mujeres de una comunidad, cinco hombres participan en la definición de reglas sobre el manejo de los bosques y solo tres mujeres logran participar.

Taller de sensibilización realizado en la Comunidad Nativa Atahualpa, provincia de Satipo (Junín). Crédito: ONAMIAP

Para Monterroso el tema de la herencia es una situación que se da de acuerdo al contexto. Además, otro factor a considerar es quién esté representado legalmente en la comunidad, es decir, en el padrón comunal: si el esposo, si la esposa, si toda la familia. También depende de qué tanta presión hay sobre la tierra. Si hay tierra disponible, si hay áreas de interés minero, de interés maderero. “Si hay valor en la tierra, va a ver valor de herencia”, dice la especialista de Cifor.

La leyes del Estado en sí no deciden nada, las normas internas de las comunidades deciden situaciones como la de la herencia. En mi opinión personal se debe empezar a discutir este tema de la herencia con enfoque de género en la reforma de los estatutos comunales. No se puede dejar todo a la responsabilidad de los usos y costumbres de la comunidad. Debe conversarse sobre este tema de manera gradual para que las madres, hijas y nietas tengan igualdad de derechos en materia de herencia”, asegura Monterroso.

Para reflexionar sobre el factor cultural que influencia en la marginación de la mujer en la toma de decisiones comunales de la tierra, Melania Canales de Onamiap detalla lo siguiente. “Por un lado está el machismo imperante en las comunidades nativas y campesinas cuando los comuneros no dejan a la mujer participar activamente en las asambleas comunales y menos integrar las juntas directivas; y por otro, está la falta de un lenguaje inclusivo en los estatutos comunales que permitan a las mujeres participar de la toma de decisiones”.

Cifras reveladoras sobre la mujer y la tierra

Las estadísticas oficiales del último Censo Nacional Agrario realizado en el 2012 en el Perú reflejan una realidad contradictoria. La escasa participación de la mujer en la tenencia de la tierra contrasta con los altos niveles de su trabajo en la actividad agropecuaria y otros quehaceres que mantienen con vida a la población nacional como la soberanía alimentaria.

De acuerdo al último Censo Nacional Agrario, 96.3% de las comunidades campesinas, localizadas en su mayoría en los Andes, y 98.1% de las comunidades nativas, ubicadas en la selva, son presididas por varones. No obstante, según el informe Inequidades de Género en la Actividad Agropecuaria, basado en el mismo censo, la presencia de la mujer en la actividad agropecuaria se ha duplicado respecto al anterior censo agrario de 1994. En el 2012 se determinó que de un total de 2 246 702 personas dedicadas a la actividad agropecuaria, el 30.8% eran mujeres.

La conclusión es reveladora. Si bien más mujeres están presentes en la actividad productiva comunal, su participación activa, así como su potencial liderazgo, no es reconocido por el Estado ni por sus propias comunidades.

“Solo un 3% de las mujeres preside las juntas directivas de las comunidades del Perú, es increíble”, resalta Melania Canales, dirigente de Onamiap, quien agrega que existen varios fundamentos que sostienen por qué la mujer debe participar activamente en la tenencia de la tierra.

Melania Canales señala que primero, por una razón ancestral, la mujer siempre estuvo vinculada de manera íntima con la tierra; sabe cómo trabajarla porque en muchos casos el esposo debe ir a laborar a otras zonas del país y quien se encarga de trabajar la tierra es la mujer. Por ello, agrega la vicepresidente de Onamiap, “es importante que la mujer tenga una seguridad jurídica a nivel comunal y nacional porque de ella depende la agricultura familiar, la conservación de los bosques, el manejo sostenible del territorio a nivel nacional y de cómo se heredará esos conocimientos a las futuras generaciones que serán nuestros hijos y nietos”.

Solo para entender la trascendencia de la mujer en el manejo de la tierra, en el 2014 el exministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, informó que cerca del 70% de todos los alimentos que consumimos los peruanos provienen de la agricultura familiar, en la que mujer campesina e indígena es protagonista.

Onamiap junto a Oxfam trabajó durante el 2017 un proyecto para los cambios de estatutos en favor de la mujer en 5 comunidades en total, 2 en la región de Ayacucho y otras tres en la selva central, provincia de Chanchamayo, región de Junín. Durante este año 2018 también están trabajando en la modificación de estatutos de otras 4 comunidades.

Durante dicha experiencia Melania Canales de Onamiap ha encontrado varios hechos que reflejan la desigualdad de género que existe en las comunidades nativas y campesinas en relación a la tenencia de la tierra.

“Existen varios hechos de desigualdad de género en las comunidades campesinas, por ejemplo, en la comunidad de Huaylluara (región de Huancavelica) las mujeres casadas y las solteras no pueden participar de las asambleas comunales, solo excepcionalmente las viudas. Se tiene una idea generalizada que el varón es el jefe de familia, cuando en la realidad la mujer trabaja la tierra”, afirma Canales.

Taller de sensibilización realizado con comunidades nativas de la selva central en La Merced (Junín). Crédito: ONAMIAP

Incluso, el hecho de que los comuneros estén heredando solo a sus hijos varones las tierras comunales está desvirtuando la idea del territorio comunal, alerta Canales: “Como los hijos varones quieren irse a la gran ciudad para trabajar o estudiar están obligando a partir la tierra colectiva para venderla como pequeños terrenos a mineras o industrias de monocultivo como la palma aceitera”.

Titulación de tierras y género

Hablar de territorio indígena o campesino en el Perú, es hablar de su reconocimiento legal y titulación comunal. Para poder entender el atraso en la participación de la mujer en la tenencia de tierras, hay que comprender los desafíos que existen también con el territorio colectivo.

Para darnos una idea, según estimaciones de Pedro Tipula, coordinador del Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú del Instituto del Bien Común, en el Perú existen un total de 7 347 comunidades campesinas, de las cuales 5 283 están tituladas, 1 016 están reconocidas pendientes de titulación y 1045 están por reconocer y titular. Dicha información está actualizada a diciembre del 2017.

Respecto a la realidad de las comunidades nativas, el total de estas es de 2434, de las cuales 1656 están tituladas, 585 están reconocidas pendientes de titulación y 193 están por reconocer y titular. “En las últimas dos décadas la titulación no ha sido prioridad de los gobiernos, permitiendo así la invisibilidad social, cultural, politécnica y económica de esta población que tanto da en diversos sectores al país. Lo que falta es voluntad política”, señala Pedro Tipula del IBC a Wayka.

Melania Canales de Onamiap resumen muy bien esta realidad: “Falta mucho por hacer en el desafío por la titulación de las tierras comunales, entre campesinas y nativas. Si aún no se reconoce ni se titula un territorio, menos se va a dejar participar activamente a las comuneras”.

Proyectos de titulación reconocen desigualdad de género

Wayka se comunicó con diferentes organismos no gubernamentales (ONG) que están llevando proyectos de titulación de tierras colectivas en diferentes regiones del Perú. Cada una de las organizaciones nos contó cómo han observado la desigualdad de género respecto a la participación de la mujer en la tenencia de la tierra.

WWF Perú ejecutó como uno de los componentes del Proyecto de Apoyo a la Declaración Conjunta de Intención (DCI), con capital económico de Norad (Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo), el fortalecimiento del saneamiento físico legal del territorio indígena. Con ello se logró la titulación de 34 comunidades nativas en la región de Loreto en el 2017.

Ahora WWF Perú funciona como Agencia Nacional Ejecutora de la iniciativa de las organizaciones indígenas de la amazonia peruana, MDE Saweto Perú (Mecanismo Dedicado Específico para Pueblos Indígenas), que comenzó en 2016 y terminará a finales del 2020.

Con dicho proyecto se planea el reconocimiento de 310 comunidades nativas y la titulación de 130 comunidades nativas. El financiamiento proviene del Banco Mundial y la comisión directiva de la iniciativa son las organizaciones indígenas Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y Conap (Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú).

Cinthia Mongylardi, gerente senior del programa Bosques de WWF Perú, dijo a Wayka que el MDE Saweto se está ejecutando en 10 regiones (Pasco, Huánuco, Madre de Dios, San Martín, Loreto, Ucayali, Ayacucho, Cusco, Amazonas, Junín).

Mongylardi señala que tanto en la DCI como en el MDE Saweto hubo enfoque de género para que las mujeres participaran de manera activa, ya que se observó que había una participación minoritaria de la mujer en el saneamiento físico legal y en el manejo forestal comunal.

En el MDE Saweto las comuneras forman parte de la brigadas de saneamiento físico para la próxima titulación de sus comunidades, asimismo las mujeres lideran 10 proyectos de manejo forestal comunitario.

“Las mujeres no participaban en las asambleas comunales, y si lo hacían, no tenían voto. Su voz no era considerada. Frente a eso, elaboramos estrategias para que la mujer participe en la delimitación del territorio comunal como en la actividad agrícola”, dice Mongylardi.

Respecto a la revisión de estatutos comunales, la especialista de bosques de WWF Perú concluye que “de la mayoría de los estatutos entre 1 a 2 mujeres formaban parte de la junta directiva, pero no la presidían, pero por otro lado habían comunidades donde ni las mujeres participaban de las asambleas”.

Taller de capacitación a la mujer rural de SER. Crédito: SER

El Centro de Desarrollo para el Indígena Amazónico (CEDIA) por su parte ha desarrollado proyectos de reconocimiento y titulación de territorios comunales en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), así como en comunidades cercanas al río Napo entre las regiones de Loreto y Ucayali. En 35 años de actividad logró titular 280 comunidades nativas y 60 más están en proceso.

La antropóloga especialista de Cedia, Candy Vilela, comenta que en muchos padrones de las comunidades no existe el vocablo comunera y de esa manera no se recoge la perspectiva de las mujeres.

“La participación de la mujer en algunos casos no es completamente aislada. Si bien la mujer no participa de las asambleas, que es lo esperable, muchas veces cuando se hace un receso en las mismas el esposo se dirige a la casa y dialoga con su pareja. Ahí la opinión de la mujer es considerada, pero no de manera activa”, comenta Vilela. La especialista de CEDIA, por ello, está a favor de la cuota de género para la participación de la mujer en las juntas directivas comunales.

Wayka se comunicó con quien lidera la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad, Agraria y Catastro Rural (Digespacr), Ronald Salazar, del Ministerio de Agricultura, ente rector en lo concerniente a la titulación de tierras en el Perú, quien señala que no existe en el Perú un registro especial que determine cuántas mujeres participan de las juntas directivas. “Es un espacio informativo que falta determinar, la información más cercana es la del Censo Agrario del 2012”, apunta el funcionario público.

El director general Ronald Salazar señala que existen otros proyectos ambiciosos respecto a la titulación en el Perú como el ejecutado por el Ministerio de Agricultura, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), conocido como PTRT3, con el cual hasta el momento se ha titulado hasta 403 comunidades nativas y 190 comunidades campesinas.

También está el liderado por el Gobierno Regional de Loreto que tituló 100 comunidades nativas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, de las provincias de Datem del Marañón y Loreto. Con dichas experiencias Salazar señala que también pudo evidenciar la escasa participación de la mujer en dichos proyectos.

“Todas las personas de la comunidad deben estar representadas en la junta directiva y qué mejor medida que la cuota de género. Yo estoy a favor”, precisa Ronald Salazar.

Una de las preguntas que reflexionaron las mujeres en el taller de SER fue ¿quién decide?. Crédito: SER

Cuota de género en las juntas directivas comunales

La congresista de la bancada de Nuevo Perú, Tania Pariona, ha presentado el Proyecto de Ley 2148 a las comisiones Agraria y a la de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, el cual modifica tres artículos de la Ley General de Comunidades Campesinas. Las modificaciones están relacionadas al lenguaje inclusivo, para que se use la palabra comunera en los estatutos comunales; también respecto a la posibilidad de herencia de tierras para las comuneras y el establecimiento de una cuota de género de 30% mínimo para que las mujeres integren la junta directiva comunal.

“Las mujeres no tienen derecho a participar con voz y voto en las asambleas comunales. Por eso es necesario que exista la cuota. La mayoría de varones dicen que se sobreentiende que hayan comuneras, pero no es así. Cuando hemos intentado llevar a registros públicos el padrón oficial de comuneros, donde figuran mujeres con la palabra específica de comunera, los funcionarios públicos nos lo rechazaron porque el sistema no acepta esa palabra”, declara la parlamentaria Pariona.

La congresista sabe de cerca de la exclusión de la mujer en las comunidades campesinas porque proviene de una de ellas, la comunidad campesina de Cayara, provincia de Víctor Fajardo, región de Ayacucho.

“No es algo nuevo lo de la cuota de género. Ya está establecido para la inclusión de la mujer en los gobiernos regionales, en las municipalidades. Esto debe replicarse en los organismos comunales que deciden sobre la tenencia de la tierra y todo lo que se le vincule como la consulta previa”, agrega la congresista.

La congresista Tania Pariona quiere que la Ley General de Comunidades Campesinas establezca una cuota de género para que las mujeres participen de las juntas directivas. Crédito: Melina Mejía/ANDINA.

Objetivos del Desarrollo Sostenible en jaque

Con el escenario descrito de invisibilización legal y práctica de la mujer comunera en el presente reportaje, el Perú estaría incumpliendo de manera múltiple varios Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que marcan la ruta de la Agenda 2030, al que todos los países suscritos a las Naciones Unidas se han comprometido “para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad”, según anuncia el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su web oficial.

El Objetivo 5 asociado a la Igualdad de género es la principal meta afectada por la falta de la participación de las mujeres en la tenencia de tierras, ya que con su discriminación en la toma de decisiones no se respeta su condición de ciudadanas y su libre acceso a los recursos comunales.

El Objetivo 11, relacionado al desarrollo de comunidades sostenibles, también está siendo afectado por la poca participación de la mujer en la tenencia de la tierra, ya que la inclusión de la mujer en la misma es prueba de una verdadera democracia que se reproducirá en las generaciones venideras con el ejemplo a sus hijos.

El cambio climático es un fenómeno mundial que crece también por el no reconocimiento de la mujer en la gobernanza territorial. La mujer, de acuerdo a la cosmovisión andina, tiene una estrecha relación con el territorio. La comunera lo cuida de manera sostenible y no deja que se desarrollen actividades que vulneren el ecosistema, como lo declara Melania Canales de Onamiap. Así se promueve la mitigación de los gases invernadero producto de la deforestación o degradación de los bosques. De esa forma el Objetivo 13 de Acción por el clima está asociado a la participación de la mujer en la tenencia de la tierra.

En la investigación titulada “Hacia una línea de base global de almacenamiento de carbono en tierras colectivas” de RRI, se ha determinado incluso que del total de carbono almacenado sobre la superficie terrestre, el 24% está situado en los bosques tropicales del mundo gestionados por comunidades indígenas y campesinas.

El Objetivo 15 también está asociado a la participación de la mujer en la gobernanza territorial, ya que al conservarse los ecosistemas mediante su aprovechamiento sostenible, también se preserva la vida de los ecosistemas terrestres. También los ecosistemas marinos son beneficiados, ya que los ríos, humedales y lagunas son espacios valorados de manera espiritual y alimenticia por las comunidades rurales y nativas del Perú. De esa manera, el Objetivo 14 está ligado a la inclusión de la mujer en la conformación de las reglas comunales.

“En un contexto extractivista los que negocian son los varones. Eso determina el ingreso de la empresa desde una perspectiva masculina. La consulta previa debe realizarse en igualdad de condiciones para toda la comunidad”, apunta Raquel Reynoso.

Dependerá del Gobierno peruano, así como de las comunidades nativas y campesinas del Perú, si la luz de la democracia, mediante la promoción de la igualdad de género en la gobernanza territorial, ilumina a todas las partes de la sociedad o solo a una parte. Como en Luyanta.

 

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