Cuando el Estado falla: Patrones de violencia y retrocesos que agravan los más de 142 mil casos de violencia contra la mujer
Entre 2024 y 2025, los Centros de Emergencia Mujer reportaron 273 casos de feminicidio. Solo en 2024, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reportó 212 intentos de feminicidio. También registraron miles de denuncias por violencia psicológica, física y sexual. Sobrevivientes y familiares de una víctima de feminicidio siguen esperando justicia.
Cecilia es una joven madre, que como miles de peruanas, sostenía su hogar con un emprendimiento desde casa. Vendía zapatillas por internet y disfrutaba de la autonomía que le daba su negocio y de las tardes de paseo con su pequeño hijo. Sin embargo, hace 5 meses esta rutina se quebró cuando empezó a sufrir—según denuncia policial — hostigamiento constante, violencia física y psicológica por parte de Daniel Balandra, su presunto agresor y ex pareja.
A partir de este momento, Cecilia vive en alerta permanente. Actividades tan cotidianas como realizar sus labores o llevar a su hijo a la escuela se han convertido en decisiones complejas que debe evaluar con profundo temor. La meta de crecer profesionalmente ha sido relegada, su máxima prioridad ahora es tan solo vivir tranquila y libre de violencia.
La violencia, relata Cecilia, se inició con un control silencioso por parte de su expareja, Daniel Balandra. Él exigía saber su ubicación en todo momento, con quién salía, revisaba obsesivamente su celular, logrando aislarla progresivamente de su círculo familiar y amistades. “Yo ya no podía hablar con nadie, siempre quería revisar mi teléfono”, confiesa Cecilia. Ese patrón escaló rápidamente, volviéndose cada vez más agresivo, hasta derivar en amenazas de muerte que la forzaron a interponer una denuncia. Sin embargo, la respuesta y la protección estatal fue mínima y, como ella misma lo lamenta, “la policía solo me dijo que esté alerta”.
El 24 de junio de este año, Balandra localizó y agredió a Cecilia. Ella denunció no solo por la violencia física que le dejó lesiones visibles, sino también por el daño psicológico ejercido contra su hijo de nueve años, quien fue testigo presencial del ataque. El examen del médico legista confirmó más de 20 contusiones en todo el cuerpo. Después de ello, afirma: “él me amenazó que me iba a matar”. Pese a que fue trasladada de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa, existían el parte médico y la denuncia formal, la Policía nunca procedió a la detención de Daniel Balandra. Desde aquel día, las amenazas se intensificaron: según el testimonio de Cecilia, el agresor continuó enviando mensajes intimidatorios a través de terceras personas, reforzando un clima de miedo permanente.
La violencia escaló drásticamente en septiembre de este año, cuando Balandra la atacó nuevamente —según relata— arrojándole una mezcla de heces y lejía. Este ataque le provocó una grave infección ocular y una hemorragia subconjuntival. Incluso mientras buscaba asesoría en el Centro de Emergencia Mujer, él la llamaba insistentemente. Cecilia denunció la clara desobediencia a la autoridad, pero las llamadas continuaron forzándola a cambiar de número y a esconderse para salvaguardar su vida y la de su familia. Hoy vive bajo el constante temor de que el Estado no actúe a tiempo para evitar que las amenazas de muerte se cumplan.
“Yo avisé, yo mostré las pruebas, pero nadie hace nada”, manifiesta con desesperación. La falta de respuesta efectiva de las autoridades, sumada al precedente de que muchas víctimas son asesinadas pese a haber denunciado, mantiene a Cecilia en una situación de riesgo permanente, mientras la justicia se muestra incapaz de garantizarle una protección real y efectiva.
Perfil del presunto agresor
Daniel Balandra Uribe,de 47 años, reside en el distrito limeño de Chorrillos y, de acuerdo con el testimonio de Cecilia, se encuentra desempleado. Además, cuenta con un extenso historial criminal, con denuncias que incluyen delitos como robo agravado, lesiones, maltrato físico, violencia familiar, así como resistencia y desobediencia a la autoridad, entre otros cargos.
Fuente: registro de la Policía al que accedió Cecilia luego de sus denuncias.
La historia de violencia física y psicológica que denuncia Cecilia, revela con crudeza cómo opera el ciclo de la violencia en el Perú y cómo el sistema, lejos de proteger, termina siendo parte del problema. La abogada Shely Cabrera, del Movimiento Manuela Ramos, advirtió que el caso refleja patrones clásicos de escalamiento que deben alertar a cualquier operador de justicia.
“En este tipo de agresiones, el agresor busca aislar a la víctima de sus redes de apoyo, ser el único espacio de ‘sostén’ para que ella no pueda acceder fácilmente a ayuda”, explicó Cabrera. Control del tiempo, vigilancia del celular, restricciones para salir y un progresivo aislamiento: todos fueron comportamientos presentes en el caso de Cecilia. “La manipulación llega a ser tan fuerte que muchas veces una persona no se da cuenta de la violencia que está sufriendo hasta que ya es mucho más visible”.
Cuando denunciar significa revivir la violencia
Para Cabrera, la respuesta estatal continúa reproduciendo prácticas de revictimización, pese a que el país cuenta con políticas y leyes construidas durante décadas de lucha feminista. “No es que falten políticas públicas; lo que falta es capacitación. Hemos visto casos donde se niega la recepción de una denuncia o se dice que la víctima ‘seguramente se fue con otra pareja’. El problema es la falta de preparación del personal que atiende”, señala.
La especialista también advierte que la revictimización no ocurre solo desde el trato verbal: “Hacer que la víctima cuente una y otra vez su historia —en comisaría, en Fiscalía, en ampliación de declaración, en audiencia oral— también es revictimizar. Le estás haciendo revivir lo que ha sufrido cada vez que lo narra”.
Medidas de protección que fracasan en la práctica
“Las medidas no deben quedarse en el papel. El Estado debe garantizar rondas policiales efectivas, supervisión real de su cumplimiento y vigilancia activa del entorno”, resalta la abogada. Sin este acompañamiento tangible, el riesgo persiste y se agrava.
La especialista alerta que Balandra ha continuado contactando a Cecilia incluso después de ser notificado de la orden judicial. Esa conducta, recalca, configura otro delito: desobediencia a la autoridad. “El agresor no solo incumple las medidas, sino también va contra el juzgado que las dicta. Este delito debe procesarse con celeridad”, enfatiza.
“Muchas víctimas de feminicidio ya tenían medidas de protección, si no se hacen cumplir, se pone en riesgo la vida de la víctima”, advierte. De hecho, el extenso historial de violencia y amenazas en el caso de Cecilia podría justificar la prisión preventiva del agresor.
El caso de Cecilia es solo uno de los más de 142 999 casos de violencia contra la mujer que registra el MIMP hasta octubre de este año. No obstante, su testimonio expone la urgencia de que el Estado no solo responda, sino que avance en lugar de retroceder. En un país donde la violencia de género sigue siendo normalizada, cada decisión política y cada omisión institucional tiene un impacto directo en la vida y la supervivencia de quienes se atreven a denunciar.
Una problemática social urgente
La abogada subraya las cifras que dimensionan esta urgente problemática de violencia de género: más de 800 partos de niñas menores de 14 años en lo que va del año —todos producto de violación— y 114 feminicidios registrados. “Son cifras que ni siquiera representan la realidad completa, porque no todo se denuncia”, afirma.
La violencia psicológica es la más frecuente, representando el 48,9% de casos según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2023. Pese a que es una de las más difíciles de identificar; no deja huellas visibles, pero sí marcas imborrables, no se percibe en la piel, pero destruye la autoestima, aísla y desgasta a la víctima.
La Ley 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, reconoce la violencia psicológica como delito y se entiende como toda acción u omisión que busca controlar, humillar o aislar a la persona contra su voluntad.
Cecilia ha denunciado y solicitado ayuda, pero su presunto agresor permanece libre. Ella exige que las autoridades actúen con la urgencia que el riesgo exige. Su caso revela que un Estado necesita intervenir a tiempo, que no debería esperar a que la violencia psicológica o las amenazas escalen hasta el feminicidio. Aún en la adversidad, ella resiste: decidió no callar, denunciar y persistir. Su valentía refleja la de incontables mujeres por vivir sin miedo y demuestra que cada testimonio abre la posibilidad de transformar una realidad que sigue siendo crítica y peligrosa para todas.
Canales de ayuda
Si eres testigo o víctima de violencia de género o familiar, puedes recurrir a canales oficiales que brindan orientación, acompañamiento y protección. En Perú, puedes comunicarte gratis con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: funciona 24 horas los 365 días, y brinda consejería legal, psicológica y social para personas afectadas por violencia familiar, sexual o de otro tipo.
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