Encuesta revela que la mayoría de mujeres peruanas respalda el aborto en casos de riesgo y violación
Un estudio nacional de Demus muestra que el 78% de mujeres apoyan la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida, y 63% en casos de violación. Sin embargo, solo 27% ha oído hablar del aborto terapéutico, legal desde hace más de un siglo, evidenciando la falta de información y las barreras impuestas por prejuicios, según el informe.
El nuevo estudio “Mujeres, vida y cotidianidad: Encuesta nacional sobre percepciones y experiencias de aborto en el Perú”, elaborado por Demus en alianza con Aprodeh y aplicada por Ipsos en mayo de 2025, expone cifras reveladoras sobre cómo piensan y viven las peruanas el tema del aborto.
Además, el informe denuncia que «cientos de niñas y adolescentes víctimas de violación, que podrían aplicar a un aborto legal bajo la figura de aborto terapéutico, son forzadas a continuar embarazos que la propia ONU ha calificado como una forma de tortura».
Pese a que la mayoría de las mujeres encuestadas apoyan el aborto en diferentes circunstancias, la desinformación sería un obstáculo para acceder al aborto terapéutico, según el informe. Ocho de cada diez mujeres reconocen que existe un gran desconocimiento sobre el aborto en el país, y apenas 27% ha escuchado hablar del aborto terapéutico, a pesar de estar despenalizado desde 1924. Este desconocimiento no es casual: responde a la ausencia de políticas públicas y a la influencia de grupos conservadores que restringen el acceso a información clara y veraz tal como lo señalan organizaciones de derechos humanos como Aprodeh, Demus, Manuela Ramos, entre otras.
La encuesta también muestra la cotidianidad del aborto en la vida de las mujeres: 28% conoce a alguien que ha abortado o lo ha vivido en carne propia. Además, revela que los métodos más utilizados son las pastillas (42%) y las intervenciones quirúrgicas (37%). Sin embargo, muchas lo enfrentan en la clandestinidad. Un 18% de mujeres reportan no haber recibido apoyo de nadie y un 15% denuncia maltrato médico durante el proceso.
Otro hallazgo preocupante es el peso de los prejuicios. Un 33% de encuestadas considera que las mujeres que abortan deberían ir a la cárcel, mientras que más de la mitad (55%) cree que, si el aborto se legalizara sin restricciones, disminuiría el uso de anticonceptivos. Estas opiniones reflejan la persistencia del machismo estructural: el 58% de mujeres identifica que el rechazo al aborto está directamente ligado a que vivimos en una sociedad machista.
El estudio resalta, además, la percepción sobre la seguridad: 7 de cada 10 mujeres creen que el aborto es un procedimiento seguro cuando se realiza en un centro de salud con personal especializado, lo que refuerza la necesidad de garantizar el acceso institucional al aborto con un trato digno y libre de criminalización, señalan las ciudadanas que se movilizaron el 28 de septiembre en el marco de Día de Acción Global por el Aborto Legal.
Los resultados de la encuesta confirman que el aborto es un tema de justicia y de desigualdad. Mientras las mujeres con mayores recursos encuentran formas más seguras de interrumpir un embarazo, las mujeres indígenas, rurales y empobrecidas son quienes enfrentan mayores riesgos de salud y criminalización.
“El aborto no es una excepción, es parte de nuestra vida cotidiana. La pregunta no es si debería existir o no, porque ya existe. Lo que debemos decidir como sociedad es si queremos que siga siendo clandestino y peligroso, o que sea un derecho garantizado con dignidad y seguridad”, enfatiza Demus en la presentación del estudio.
El informe también alerta sobre el rol del Estado, pues el Ministerio de Salud aprobó la Guía Técnica del Aborto Terapéutico recién en 2014 y su aplicación sigue siendo limitada y desigual. Según Demus y Aprodeh, muchas mujeres son revictimizadas o enfrentan dilaciones innecesarias cuando acuden a un hospital, lo que constituye una forma de violencia institucional. La falta de capacitación del personal de salud y la influencia de creencias religiosas en la atención agravan esta vulneración de derechos.
Fotos: Gonzalo Miranda Terreros (Cusco), @nadia_rain (Lima)
Hablar de aborto en el Perú continúa siendo un acto de valentía. A diferencia de países vecinos como Argentina, Colombia o México, donde se han logrado avances históricos, en el Perú persiste la criminalización y el estigma, señalan expertas.
En un contexto de retrocesos democráticos y de avance de sectores ultraconservadores en el Congreso, los hallazgos del estudio adquieren mayor relevancia. La brecha entre lo que opinan las mujeres y lo que legisla el Estado es cada vez más evidente. Según los datos del informe, mientras la mayoría de personas reconoce que la penalización no disuade los abortos sino que los vuelve inseguros, las autoridades aún no abren un debate legislativo basado en evidencia. Para las ciudadanas que marcharon en Lima y regiones exigiendo aborto legal seguro y gratuito, esta desconexión política deja expuestas a miles de mujeres —sobre todo jóvenes, rurales e indígenas— a la clandestinidad, la criminalización y el riesgo a morir.
Por: Silvia Bardales Q.
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