Los fiscales brasileros Joao Paulo Lordelo y Paulo Roberto Sampaio, quienes dirigen la Procuraduría Federal en Bahía, tuvieron al frente al exsuperintendente de la constructora Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien confesó que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán solicitó 3 millones de dólares para la campaña contra la revocatoria.
El primer encuentro de Jorge Barata con la campaña del No fue por vía telefónica con el entonces gerente de la municipalidad de Lima, José Miguel Castro, con quien coordinó una reunión presencial en Lima. “Pensé que se trataba de la concesión (Rutas de Lima, adjudicada a Odebrecht en 2012). Pero cuando llegué fui sorprendido de ese pedido de apoyo a la campaña”, confesó Barata inseguro.
Sobre esa reunión, Barata cuenta que José Miguel Castro le pidió un aporte de 3 millones de dólares para la campaña contra la revocatoria impulsada por el abogado Marco Tulio Gutiérrez. “Acto seguido recibimos la llamada de la misma alcaldesa pidiendo esa contribución. Ella afirmó la necesidad y la importancia de la continuidad (de su gestión)”, prosiguió Barata ante los fiscales.
Antes de hablar específicamente de la entrega de dinero, Barata resaltó la coincidente contratación de publicistas en la campaña de Ollanta Humala y Susana Villarán: Luis Favre y Valdemir Garreta. “Al final accedimos y las cosas se dieron exactamente igual como en la campaña del señor Humala. Entregamos los recursos al señor Garreta y él entró a gestionar los procesos de la campaña”, declaró Barata en la Procuraduría en Bahía.
Luis Favre y Valdemir Garreta/Imagen: IDL-Reporteros
La contradicción entre Barata y Garreta
El último informe del diario El Comercio sobre el caso Villarán, recoge la versión del publicista Valdemir Garreta sobre el proceso de contratación para la campaña del No en Lima, quien cuenta que José Miguel Castro le informó que las constructoras que aportarían a la campaña serían Odebrecht y OAS, con US$2 millones y US$1 millón respectivamente.
Por su lado, Barata cuenta que los US$3 millones se pagaron a través del área encargada de los sobornos, el Sector de Operaciones Estructuradas, bajo la aprobación del entonces vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, Luiz Mameri.
