Cada año, en el Perú se realizan alrededor de 370 mil abortos y de ellos, el 90% son clandestinos*, siendo la tercera causa de mortalidad materna por complicaciones durante la intervención. A su vez se estima que de un 10 a 30% de embarazos no deseados es producto de violación**, buena parte de ellos, por familiares cercanos a la víctima, incluso por su propio padre. Es decir, año a año contamos decenas de miles de embarazos en el Perú que son producto de violación sexual y los que logran ser interrumpidos se hacen sin ninguna garantía para la vida de la mujer ultrajada.
La mayoría de países considerados como desarrollados incluyen esta posibilidad para las mujeres violentadas, entendiendo que forma parte del derecho de las mujeres a decidir en situaciones extremas, injustas. En el caso de Perú, nuestra legislación impone con pena de cárcel de uno a tres años la interrupción de un embarazo originada por una violación. Inclusive está aún sin implementar el aborto terapéutico (aborto inducido por razones médicas como el grave riesgo de la vida de la madre o del niño o graves enfermedades congénitas o malformaciones que condenarán al niño a una muerte segura al poco tiempo de haber nacido), aprobado hace casi un siglo como procedimiento y reglamentado como protocolo recientemente, en junio de 2014. En este escenario, la influencia de la Iglesia Católica (y en las últimas décadas de las evangélicas), con suficiente poder (político) en el Perú, ha sido y sigue siendo significativa.
Desde aquí consideramos que en el caso de un embarazo producto de una violación debe respetarse el derecho a decidir de la mujer afectada brindándole desde el Estado todas las garantías que otorga el sistema de salud público, incluida la asistencia psicológica además de drásticas medidas penales correspondientes al violador y la implementación de programas de empoderamiento a niñas, adolescentes y mujeres para realizar las respectivas denuncias y en las escuelas y medios de comunicación con suficiente información sobre sexualidad y su derecho a no ser violentadas física, psicológica ni sexualmente. El Estado debe contribuir a cambiar este escenario para tantas miles de víctimas afectadas y un(a) presidente(a) está llamado a liderar este cambio: las mujeres no pueden seguir siendo tratadas solo como envases reproductores, sin capacidad de discernir sobre su propia vida.
¿QUÉ PROPONEN LOS CANDIDATOS SOBRE EL ABORTO POR VIOLACIÓN EN SUS PLANES DE GOBIERNO?
Luego de leer los 9 planes de gobierno de los candidatos con mayores opciones a alcanzar la presidencia, encontramos tres tipos de propuestas:
TIPO 1: DESPENALIZAR EL ABORTO Y PREVENIR EMBARAZOS NO DESEADOS
Aquí solo encontramos a la candidata del Frente Amplio, Verónika Mendoza. Lo pone explícitamente en su plan de gobierno “despenalización del aborto en caso de violación sexual” y lo complementa con programas de salud sexual y reproductiva así como con “acceso gratuito al anticonceptivo oral de emergencia y métodos anticonceptivos en establecimientos de salud pública”. Además es la única que hace mención a hacer “seguimiento de la implementación del protocolo nacional de atención al aborto terapéutico” aprobado el 2014 y muy poco difundido en el país. Le tomamos la palabra.
TIPO 2: NO DESPENALIZAR EL ABORTO, SOLO PREVENIR VIOLENCIA SEXUAL
Aquí se ubica el candidato Kuczynski, quien propone en su plan “reducir del 12,8% al 10% la violencia contra la mujer en función del indicador ‘violencia física y sexual ejercida por el esposo o compañero en los últimos 12 meses’ implementando el nuevo Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer”, está claro que está lejos de ser suficiente, pero propone una reducción medible en casos específicos de violación empleando un instrumento específico. Tarjeta amarilla.
TIPO 3: NO HARÁN NADA O CASI NADA AL RESPECTO
Aquí tenemos al resto de candidatos, lo que muestra un escenario preocupante en relación a las cifras expuestas. Si alguno de ellos gana no habrá mejora alguna respecto a la situación de miles de mujeres que se juegan la vida todos los años por culpa de un Estado que prioriza no chocar con las creencias religiosas antes que reconocer el derecho a una mujer ultrajada a decidir si continuar o no con un embarazo forzado. Ninguno de estos siete hace mención por lo menos al necesario apoyo a la implementación del aborto terapéutico. Guzmán*** y Urresti hacen mención solo a «acompañar» desde el Estado a las víctimas brindando «atención psicológica en centros médicos para víctimas de agresiones y violencia física, verbal o sexual» (Urresti). Por su parte García propone reducir un porcentaje de mujeres agredidas física y sexualmente aunque no menciona ni cómo ni en el marco de qué programa lo lograría, lo que es consistente con lo que hizo durante sus dos gobiernos: nada. Mientras tanto Acuña propone luchar contra esta tragedia a través de la «imprescriptibilidad» de los delitos por agresión sexual, como si eso pudiera meter miedo a tanto degenerado que anda por ahí: está claro el peso de uno de sus candidatos a vicepresidente, el pastor evangélico Lay. Barnechea***, Fujimori y Toledo, nada de nada en sus planes. Tarjeta roja.
Hasta la próxima entrega.
*Cifras obtenidas del Centro de Estudios de la Mujer Peruana Flora Tristán
** Médico peruano Luis Távara, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
***Cabe mencionar que tanto Guzmán como Barnechea se pronunciaron en declaraciones posteriores a la prensa a favor de la despenalización del aborto por violación pero consideramos que un tema tan importante que pone en juego la vida de miles de mujeres cada año debió haber estado incluido en el documento formal con el que se presentaron a competir por el cargo de presidente y no solo respondido al paso, de manera improvisada, más a modo de opinión personal que como propuesta seria y articulada de un probable partido de gobierno.
