A partir de datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se estima que cada día, más de un millón de soles son literalmente ‘tragados’ por los casinos y tragamonedas en lugar de contribuir, como impuestos, a la muy reducida recaudación tributaria de nuestro país, el quinto del mundo con el menor nivel de cobro de impuestos como porcentaje del producto: tan solo el 12,9% del PBI, mientras que el promedio de los países que participan en la OCDE, organización a la que el Perú aspira a ingresar en los próximos años, supera el 32%.

Así es. Aunque parezca increíble, el Estado otorga desde hace años, según reportes de la SUNAT y del Ministerio de Economía y Finanzas, beneficios tributarios por más de 400 millones de soles a un tipo de actividad que no solo genera externalidades negativas a la salud, ocasionando trastornos sociales como la ludopatía, sino que es pasible de ser, según la FATF (Grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales), fuente de criminalidad financiera, mediante el lavado de activos. Lo dice incluso la ley que hace casi dos décadas permite este tipo de privilegio del que gozan establecimientos de juegos de azar: las máquinas tragamonedas “pueden ocasionar perjuicios contra la salud y seguridad pública”.

¿Una ley con sustento?

Desde 1999, los establecimientos de casinos y tragamonedas gozan de un régimen “especial” gracias a la Ley N°27153 – “Ley que regula la explotación de los juegos de casino y las máquinas tragamonedas”, que grava el 12% de la ganancia bruta mensual y al D.S. N°055-99-EF – texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo – que exonera del IGV a estos servicios.

Fujimorismo tenía mayoría absoluta en el Congreso de la República durante el periodo legislativo 1995-2000.

¿Razones para estas exoneraciones? La Ley 27153 hace referencia a la promoción “del turismo receptivo”. Incluso la norma indica que son requisitos para los establecimientos que realicen estas actividades funcionar en hoteles de cuatro o cinco estrellas o en restaurantes de cinco tenedores. ¿En verdad se justifica que haya recibido alguna vez o sigan recibiendo, después de casi veinte años estas exoneraciones en un país con tan bajos niveles de recaudación tributaria y al mismo tiempo con tantas necesidades de recursos para cubrir grandes brechas en servicios o infraestructura básica?

El monto dejado de percibir durante dos años podría fácilmente servir para cubrir el presupuesto total de proyectos de construcción para el sector educación (S/. 813 millones), o cada año, el 80% del presupuesto total para proyectos de electrificación rural o el 70% del monto total para repotenciar a los centros de salud del país (S/. 510 millones). O con poco más del 10% de esta exoneración anual alcanzaría para financiar la totalidad de proyectos del ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (S/. 43 millones). La respuesta parece caer por su propio peso.

Una exoneración sin sustento

El investigador Humberto Campodónico es claro en indicar en una reciente columna de opinión que este tipo de exoneraciones es técnicamente injustificado y parecería ser más el resultado de un muy efectivo lobby. Opinión coincidente con la del profesor de la PUCP, Pedro Francke: “(la exoneración del IGV a los casinos y juegos de azar) es algo totalmente absurdo. La ludopatía genera costos sociales y más bien debería considerarse como se ha hecho recientemente con las gaseosas y cigarrillos, bienes de consumo nocivo y con ello pagar impuestos más altos que el resto”.

¿Ha dicho algo el gobierno al respecto? El mismo ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, manifestó recientemente en una presentación ante la comisión de Economía del Congreso de la República, la importancia de corregir ambigüedades en materia impositiva en el sector de casinos y máquinas tragamonedas mediante modificaciones del ámbito regulatorio y de la aplicación de la legislación. Incluso mencionó un dato estadístico al respecto: cada año la ludopatía crece en Lima Metropolitana en un 33%.  

Ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, informó al Congreso que se eliminarían estas exoneraciones, pero no detalló acciones concretas.

“Esta exoneración debe suprimirse de inmediato. Si el ministro es capaz de subir el impuesto a los combustibles y con ello generar un efecto de alza en productos de primera necesidad para la gente que menos dinero tiene, por qué no se va a suprimir esta exoneración a los casinos que no tiene sustento alguno”, remata Francke.

Y así, el margen para el debate parece ser nulo respecto a estas millonarias exoneraciones a los casinos. O solo reducirse a saber cuándo y cómo estos privilegios tributarios debieran eliminarse. La pelota está en la cancha del Ejecutivo.