El caso de Azul Rojas Marín llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 2020 se declaró al Estado Peruano como responsable por vulnerar sus derechos humanos. La Fiscalía ahora pide 20 años para los responsables.

En 2008, una mujer trans fue detenida arbitrariamente en la comisaría de Casa Grande, en el departamento de La Libertad, para después ser torturada y abusada sexualmente por los efectivos policiales. Tras 16 años de ocurridos los hechos, y una sentencia internacional que declara al Estado peruano como responsable por vulnerar los derechos la ciudadana Azul Rojas Marín, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad ha presentado cargos contra los policías Juan Isaac León Mostacero, Dino Horacio Ponce Pardo y Luis Miguel Quispe Cáceres. 

Los tres efectivos policiales han sido acusados de la presunta comisión de tortura y violación sexual en el marco de graves violaciones a los derechos humanos, en perjuicio de Azul Rojas Marín. Dentro de la formalización de la acusación, la fiscalía además solicita 20 años de prisión para los responsables. 

Este pedido fiscal está basado en los eventos del 25 de febrero de 2008, cuando la víctima fue detenida sin razón aparente por los agentes policiales. Debido a su pertenencia a la comunidad LGBTIQ+, fue insultada y golpeada por los policías, quienes luego la subieron a un vehículo oficial y la trasladaron a la Comisaría de Casa Grande, en La Libertad. En esta comisaría, los acusados la golpearon, insultaron y violaron, constituyendo estos actos una forma de tortura en su contra.

Cabe señalar que la investigación a estos policías forma parte de las reparaciones individuales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una sentencia a favor de los derechos de Rojas Marín en 2020. Además de la investigación y sanción de los responsables, se ordenó garantizar la inmediata y adecuada atención de su salud tanto física como mental, y se incluyó una indemnización como compensación por el daño que sufrió la agraviada. 

Una sentencia histórica que no se cumple

Azul Rojas Marín es una mujer transgénero y enfermera que vivía en el distrito de Casa Grande, La Libertad. El 25 de febrero de 2008, fue interceptada por un patrullero de serenazgo mientras regresaba a su casa y fue detenida por no portar su Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, Azul relató a Wayka que los guardias la insultaron con términos discriminatorios relacionados con su identidad sexual.

En la comisaría, la mantuvieron incomunicada durante seis horas, periodo en el cual los guardias la golpearon, desnudaron y abusaron sexualmente de ella.

Cuando Azul intentó denunciar los hechos, la policía ignoró su denuncia, por lo que acudió a la fiscalía, donde también sufrió discriminación. Según contó, le dijeron: “si usted es homosexual, ¿cómo le voy a creer?”. Tras quejarse por este trato discriminatorio, cambiaron al fiscal encargado de su caso. El médico legista confirmó la violación que sufrió, y el nuevo fiscal pidió la prisión preventiva de los agresores. Sin embargo, cuatro días después, la apelación de los acusados fue aceptada y la denuncia de Azul fue archivada.

Ante la falta de una respuesta justa a su denuncia, Azul Rojas Marín acudió a la justicia internacional. Su caso fue llevado a esta instancia por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y REDRESS, organización que lucha contra la trata de personas.

En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado peruano responsable por no investigar adecuadamente la denuncia de Azul y emitió recomendaciones para su reparación. Sin embargo, Perú no cumplió con estas medidas, por lo que el caso fue llevado a la Corte IDH, quienes, en una sentencia histórica, declararon al Estado peruano responsable por vulnerar los derechos de Azul y dictaron una serie de medidas individuales y de no repetición. 

Sin embargo, el plazo para aplicar dichas medidas venció el 2022, y hasta el momento no se han cumplido con todas las reparaciones indicadas en la sentencia.