Tras 15 años de búsqueda de justicia y con una sentencia de la Corte IDH de por medio, el proceso penal contra los policías Juan León, Dino Ponce y Luis Quispe ha entrado a la etapa oral. Fiscalía pide 20 años de cárcel e inhabilitación de por vida de los efectivos policiales por vulnerar los derechos de Azul Rojas debido a su orientación sexual.
“Son quince años que no he podido trabajar tranquila ni estudiar. Llego cansada, agotada, pero con las ganas de seguir luchando y defendiendo los derechos”.
– Azul Rojas Marín.
Por Johana Perleche
Azul Rojas Marín, enfermera promotora de salud, tenía 26 años cuando denunció que policías de la comisaría Casa Grande, en Trujillo, la torturaron y agredieron sexualmente. Los agentes Dino Horacio Ponce Pardo, Luís Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero la detuvieron arbitrariamente por su orientación sexual, expresada a través de insultos y palabras despectivas reiterativas.
“El día 25 de febrero (de 2008) a la medianoche me dirigía a mi domicilio y fui interceptada por el carro del Serenazgo. Me comenzaron a preguntar qué hacía ahí, me pidieron documentos y les dije que no tenía. Comenzaron a burlarse y a insultarme: ‘Qué hace este maricón por aquí’, dijeron. Me subieron a la fuerza (a la camioneta) y me dirigieron a la comisaría de Casa Grande, donde ahí salió el policía Dino Horacio Ponce Pardo, que me metió de los pelos a un ambiente de investigación”, narró Azul, quien en el momento de los hechos se identificaba como hombre gay, a Wayka.
Ya en la comisaría, Azul cuenta que fue desnudada forzosamente, golpeada y torturada debido a su orientación sexual. Incluso afirma que los agentes introdujeron la vara policial en sus partes íntimas en más de una ocasión, lo cual constituye el delito de violación sexual.
El informe de Promsex (Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos) señala que Azul fue retenida toda la madrugada, hasta que fue liberada a las 6 de la mañana. Sin embargo, los policías nunca registraron su detención en la comisaría.
Revictimización e irregularidades en el caso
Azul intentó, sin éxito, denunciar los hechos en la misma comisaría donde había sido agredida. En marzo de 2008 acudió a la Fiscalía, pero también allí fue revictimizada.
“Le dije: ‘doctora, vengo a denunciar porque no me hacen caso (en la comisaría)’. Le dije: ‘mire, me han violado los policías’. Y me miró de manera discriminatoria, muy abusiva y me dijo: ‘pero si eres homosexual, cómo yo te voy a creer’”, manifiesta Azul.
Tras el cambio de fiscal del caso, en abril de 2008 se obtuvo la prisión preventiva contra los policías Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero; sin embargo, esta fue revocada tan solo cuatro días después. Seis meses más tarde, en octubre de 2008, el fiscal solicitó el sobreseimiento del caso y, en enero de 2009, casi un año después de la agresión a Azul, el caso fue archivado.
“El fiscal solicitó el sobreseimiento, el archivo de todo, basándose en que mi declaración era inverosímil. En otras palabras, no me podía creer”, recuerda indignada Azul.
Organismos internacionales condenan al Estado peruano por vulnerar los derechos de Azul
Cansada de no hallar justicia, en 2009, Azul Rojas Marín acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunció al Estado peruano por la vulneración de sus derechos. En febrero de 2018, este organismo internacional declaró la responsabilidad del Estado peruano y, en agosto de ese mismo año, elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debido a la necesidad de obtener justicia para Azul y al incumplimiento del Estado peruano de sus recomendaciones.
Cabe resaltar que las resoluciones de la CIDH carecen de obligatoriedad (aunque sí pueden influir en la presión internacional para toma de decisiones), en comparación con las sentencias de la Corte IDH, cuyas sentencias son mandatorias.
Allí radica la importancia de que, en marzo de 2020, fuera la Corte IDH la que determinara que en el Perú existió y existe una discriminación estructural contra las personas LGBTIQ+. Además, declaró al Estado peruano como responsable de violar los derechos “a la libertad e integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la ciudadana Azul Rojas Marín”.
Como resultado, se dictaron medidas de reparación para Azul Rojas, así como garantías de no repetición. Una de ellas era garantizar una investigación apropiada y sancionar a los responsables de tortura y violencia sexual en su contra.
Es en ese contexto que se reabre el juicio contra los policías Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero, el cual había sido archivado tras procesos irregulares.
Juicio oral inicia tras casi 17 años de ocurridos los hechos de tortura y violación contra Azul
“Son más de 15 años que Azul viene esperando justicia y se ha tenido que tener una sentencia recién de la Corte IDH para que esta investigación se pueda reabrir y, por fin, hoy estar en instalación de un juicio”, apunta Edith Arenaza, abogada de Promsex, una de las organizaciones que llevó el caso de Azul a instancias internacionales y que actualmente ejerce su defensa en el juicio oral.
La letrada resalta que el caso de Azul es particularmente importante debido a que la Policía ejerció violencia sobre ella por su orientación sexual y porque es la primera vez en la que el Estado acepta su responsabilidad en la vulneración de derechos de una persona LGTBIQ+.
“El caso de Azul es un caso que viven miles de personas en nuestro país por la violencia y discriminación sistemática, estructural, que está en todos los niveles del Estado, de la sociedad, de la familia, en todos lados. Esta violencia se intensifica cuando la ejercen autoridades estatales como la Policía Nacional del Perú, que, lejos de proteger y garantizar los derechos de las personas sin ningún tipo de discriminación, más bien utiliza estos prejuicios para denigrarlas, humillarlas y castigarlas por su condición de ser persona LGTBIQ+”, explica.
En el juicio actual se investiga a los policías Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero por los presuntos delitos de tortura agravada y violencia sexual. La defensa busca que la justicia peruana reconozca que se cometió tortura y violación sexual contra Azul por razones discriminatorias a su orientación sexual.
“Entendemos que la violencia de género o la violencia por prejuicio, de forma específica en el caso de las personas LGTBI, es un castigo por su orientación sexual, por su identidad de género, y muestra cómo la sociedad intenta mantener los roles género cuando las personas LGTBI rompen estos paradigmas”, manifiesta la abogada.
Policías podrían ir a la cárcel y ser inhabilitados de por vida
La Fiscalía y la defensa de Azul han pedido 20 años de cárcel para los implicados y su inhabilitación de por vida para que no puedan desempeñar funciones en la Policía. Consideran que “su presencia constituye un riesgo en la Policía Nacional del Perú para la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de cualquier ciudadano en general”.
Arenaza apunta que una sentencia condenatoria a los policías no solo significaría un fallo a favor de Azul, sino que también daría un mensaje claro: “que en el Perú ningún hecho de violencia motivado por la orientación sexual o la identidad de género va a quedar impune y que en su oportunidad serán sancionados”.
Azul Rojas Marín no solo se ha visto expuesta a amenazas por continuar con el juicio y pedir justicia, sino que también ha sido revictimizada en múltiples oportunidades por funcionarios no capacitados para recibir denuncias de personas LGTBIQ+ y por el Estado peruano al no cumplir con todas las medidas de reparación a su favor ordenadas por la Corte IDH.
“Mi espíritu ahora es único, sigo para adelante, quiero continuar y terminar la carrera de Derecho. Eso me encanta, me fascina porque todo este tiempo he aprendido muchas cosas. Yo voy a seguir defendiendo, luchando hasta que Dios me preste la vida”, reafirma Azul.
