Luis F. Rodríguez Jiménez 

¿Puede ser suficiente toda una vida para ver justicia? Tal parece que para los familiares de los 6 evangélicos asesinados por militares en el caso Callqui, la respuesta es negativa. Los principales testigos de los hechos tienen entre 70 y 90 años y han sido nuevamente citados a declarar por los presuntos crímenes cometidos por un destacamento militar en los años ochenta.

Las otras víctimas de la violencia

El proceso judicial por el caso Callqui tomó nuevos aires debido a la captura del exteniente de la Marina Luis Alberto Celis, quien fue jefe de la patrulla que fue sindicada como la que cometió los crímenes del 1 de agosto de 1984 en Huanta, Ayacucho. Él se encuentra acusado por el delito de homicidio calificado.

Dicho militar, que estuvo prófugo de la justicia por más de 15 años, fue detenido el 26 de enero del año pasado cuando caminaba tranquilamente por las calles de Ucayali, pese a tener una orden de captura y estar incluido en el programa de recompensas del Ministerio del Interior (MININTER).

Luis Alberto Celis fue el militar que dirigió la patrulla que presuntamente asesinó a 6 miembros de la iglesia presbiteriana de Huanta en 1984. Fue capturado en enero de 2019

Como parte del proceso contra Celis Checa, la Sala de Audiencias de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho citó a 8 testigos para la audiencia del 10 de marzo “bajo apercibimiento de ser conducidos de grado fuerza”. De los citados, solo fueron a declarar 4. El resto no pudo hacerlo debido a su estado de salud propio de la edad.

Amira Quispe (56), familiar de una de las víctimas del caso, preparó un documento dirigido al presidente de la Cuarta Sala Penal Superior de Ayacucho el cual iba a ser presentado en la audiencia del martes pasado. En él describía las tribulaciones que los testigos debían pasar cada vez que eran citados a declarar.

 “[…] nosotros venimos siguiendo este proceso desde hace 36 años y […] nos vemos siempre enfrentados a muchas dificultades como: […] gastar recursos para trasladarnos de aquí o a Lima […], la falta de asesoría legal permanente […], y el estrés que se nos genera en las audiencias cada vez que tenemos que volver a recordar y relatar en detalle los hechos de horror cometidos”, señala parte del documento.

Además, Amira Quispe manifestó que la audiencia es difícil para los testigos “cuando cuestionan violentamente nuestras respuestas o realizan preguntas sin tomar en cuenta nuestro dolor, condición y situación socio-cultural”.

Pese a su avanzada edad, algunos familiares de las víctimas se presentaron en la audiencia del 10 de marzo

Es decir, pese a que los familiares de las víctimas han luchado por que se haga justicia más de 30 años, las heridas deben volver a ser abiertas en esta nueva etapa de un proceso judicial que nadie sabe cuándo tendrá definitivamente un punto final.

Sin sentencias firmes

Henry Mercado Salazar, abogado de los familiares de las víctimas y miembro de la Asociación Paz y Esperanza, señaló que muchos de los testigos “ya han fallecido sin ver sentencias firmes” en este caso. De hecho, recién en 2014, la Sala Penal Nacional condenó a Jesús Vilca Huinchos -civil que guió al destacamento militar que cometió los hechos- a 4 años de prisión condicional y al pago de una reparación civil de S/ 50 mil soles para los familiares de las víctimas.

“Le dieron 4 años de prisión suspendida, […] pero desde 2016 hasta la fecha, en el tema de la reparación no ha pagado nada todavía. Después de 36 años de búsqueda de justicia, los familiares se encuentran indignados”, señaló.

Dicha sentencia de 2014, también alcanzó a Luis Alberto Celis. Sin embargo, ante su ausencia, se reservó el fallo.

Otro militar implicado en el caso es Augusto Gavilondo García, quien en 1984 era jefe militar de la base de la Marina en Huanta. Sin embargo, no fue directamente acusado por los crímenes cometidos en Callqui.

“Desde un inicio se le implicó a Gavilondo García porque él conocía del patrullaje […] Sino que él pidió que se le excluyera y, en ese entonces, hasta la Corte Suprema terminó excluyéndolo, pese a que apelamos […], porque él solo era el jefe”, explicó el abogado Henry Mercado.

Sin embargo, la sentencia del 2010 contra Alberto Fujimori que marcó un precedente judicial permitió que Gavilondo pueda ser incluido en el caso bajo la figura de la “autoría mediata”.

“Debido al precedente de que no solo son culpables los ejecutores directos, sino los que comandaban y que sin sus órdenes y conocimiento no se ejecutaba nada, se consiguió esto. Lamentablemente creemos que primero deben ocurrir casos emblemáticos para que se haga justicia”, señaló el abogado.

Actualmente Gavilondo García está acusado por los casos Callqui, Pucayacu y por el asesinato del periodista Jaime Ayala.

Gavilondo García, jefe militar de la base de Huanta en 1984, también está implicado en el asesinato de Jaime Ayala Sulca (Foto: Crónica Viva)

Los hechos

El 1 de agosto de 1984, a las 7 de la noche, alrededor de 27 personas se encontraban en la Iglesia Presbiteriana de Callqui celebrando un servicio religioso. De pronto, ingresó al templo una patrulla integrada por más de una docena de militares al mando de Luis Alberto Celis y guiada por Jesús Vilca Huincho. El destacamento se llevó a la fuerza a 6 varones al patio del templo. Quince minutos después se escucharon disparos y una explosión. Los 6 detenidos habían sido asesinados.

Según el informe final de la CVR, pese a que el crimen fue denunciado por los familiares de las víctimas desde el día siguiente de los hechos, ellos no hallaron justicia debido a la “falta de colaboración” por parte de “las autoridades militares y policiales de la época”.

El 1 de agosto de 1984, un destacamento militar ingresó violentamente a la iglesia presbiteriana y ejecutó a 6 personas (Foto: PUCP)

Pero eso no fue todo. El 26 de setiembre de 1985, la Corte Suprema de Justicia permitió que el caso fuera investigado en el Fuero Militar. En 1986, dicha instancia suspendió el proceso contra los militares implicados.

Recién en 2014, con el fallo de la Sala Penal Nacional contra Jesús Vilca Huinchos, el Poder Judicial descartó la tesis militar de que las víctimas eran parte de Sendero Luminoso y que fueron abatidas en un enfrentamiento contra las fuerzas castrenses.